Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló con Sputnik sobre el panorama de cara a las contiendas para elegir nuevo Congreso y presidente este año en Colombia.
Fue una época en la que las necesidades sociales se multiplicaban en Colombia y en la que Pablo Escobar se trenzó en una guerra contra el cartel de Cali mientras libraba, en otro frente y con la misma mentalidad sanguinaria, una batalla contra el Estado. Alejandra Barrios llegó a Bogotá para estudiar Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado. Y en un suspiro se involucró en la lucha estudiantil que culminó con la Séptima Papeleta, el resultado de un movimiento que terminó con una papeleta más en las elecciones de 1990 para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente para reformar una carta política (1886) que, acorde a las necesidades del país, lucía más que obsoleta.
«Entre los colombianos nos estábamos matando. Además de la guerra de los carteles del narcotráfico, se presentó el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica. Los estudiantes tomamos la voz y nos reunimos para defender los derechos fundamentales y garantizar la paz». Han pasado 22 años desde que ese parecer racional tuvo un efecto y el magnetismo electrizante de Barrios por la justicia sigue intacto. Y por justicia entiéndase, entre otras cosas, por la transparencia en la base para cualquier país democrático: sus procesos electorales, que al fin de cuentas son la voz y el deseo del pueblo.
Sputnik habló con Barrios, quien es la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia, una organización que trabaja para garantizar los derechos políticos y civiles de la ciudadanía. El tema, por supuesto, las elecciones a Congreso (13 de marzo) y a la Presidencia (29 de mayo) que vivirá el país en este 2022.
—¿Por qué dicen que hay un retroceso en el acceso a la información electoral con relación a años anteriores?
—Desde que está la Misión, en 2006, se había ganado espacio en temas de información. La Registraduría [entidad encargada de la convocatoria y organización electoral en Colombia] nos habilitaba el acceso a la data de los puestos de votación en el país desde que empezaban las inscripciones y con base en eso podíamos hacer alertas tempranas por posible trashumancia electoral o compra de votos. Sin embargo, en esta oportunidad no fue así. Solo hasta enero de 2022, 10 meses después, nos dieron entrada. Y por ende hay un embudo en temas de información. Hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional sobre la preocupación que tenemos por el retroceso en este tema.
—Tampoco hubo una veeduría, como antes, en los procesos de contratación de los software que se utilizan en las elecciones…
—Colombia no hace sus procesos electorales a través de sus entidades, es decir, no lo hace a través de sistemas propios. Por eso hay que contratar a terceros. Antes teníamos la posibilidad de hacer reuniones técnicas con las empresas que se postulaban para licitar, incluso hacer recomendaciones, pedir cierto tipo de información, entre otras cosas. Sin embargo, desde octubre de 2021 se hicieron estos procesos sin las mesas técnicas que se venían manejando.
—¿Qué contratación le preocupa más?
—La que se hizo en diciembre del año pasado para el software más importante que es el de transmisión de datos a nivel nacional. El Consejo de Estado había señalado que esta herramienta debería ser de propiedad del Estado debido a su importancia dentro de las elecciones. Pero se contrató y no supimos nada. Ni siquiera conocimos cómo fue el proceso para la definición de los parámetros técnicos, algo que sí teníamos claro en años pasados. Desde la MOE aplaudimos la implementación de nuevas tecnologías, pero se supone que estas deben venir de la mano con mayor transparencia en los datos.
—Así las cosas, ¿cómo es la relación actual con la Registraduría?
—Siempre hemos estado abiertos a una buena relación, pues estamos en el mismo negocio. Es decir, ambas partes queremos que las elecciones salgan bien, que sean transparentes y que los resultados finales representen la voluntad de los colombianos. Desde la MOE fomentamos el diálogo para que haya un trabajo mancomunado que nos permita hacer recomendaciones necesarias
—En estos momentos, ¿cuáles son las regiones que más le generan preocupación a la Misión?
Dos. Arauca [al oriente colombiano, frontera con Venezuela] por el recrudecimiento de la violencia. Hay enfrentamientos entre la guerrilla del ELN [Ejército de Liberación Nacional] las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], y no hay garantías para hacer campañas en las zonas rurales, proselitismo electoral. De hecho, sabemos que cualquier ejercicio político que se quiera efectuar en la región debe contar con el permiso de estos grupos al margen de la ley.
—¿Y la otra?
—Chocó [occidente del país, a las orillas del Pacífico] porque hay desplazamiento forzado. Eso impide que las personas tomen decisiones libres y autónomas sobre las candidaturas que más le pueden interesar. Pero esto no es nuevo allí, pues el fenómeno se presenta al ser una zona clave para las rutas del narcotráfico.
—Bueno, no es la primera vez que Colombia tendrá unas elecciones en medio de la violencia…
—Es verdad. Eso no es nuevo. Lo que sucede es que en 2018 se vivió el proceso electoral más tranquilo de los últimos 50 años a raíz del proceso de paz entre el Gobierno nacional [Juan Manuel Santos como presidente] y las FARC. Pero después de eso, la violencia en los territorios que dejó esta guerrilla aumentó por la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC para quedarse con el control total, incluso grupos residuales de paramilitares. Estamos hablando de 167 municipios que entraron en la circunspección especial para la paz [territorios más afectados durante el conflicto armado] y que ahora han vuelto al pasado con el recrudecimiento de la violencia.
—En cuanto a materia electoral, ¿cuál es el cambio más grande que la MOE ha identificado?
—Que este proceso se está dando a través de grandes coaliciones. Y eso puede generar un cambio importante en la conformación del nuevo Congreso y en la disputa por la presidencia, pues no serán los partidos políticos los que lleven el mando, sino las alianzas. Y esto es interesante porque el fenómeno es nuevo en Colombia. De hecho, en las elecciones pasadas apenas se presentó una coalición para Congreso entre tres organizaciones. Hoy tenemos tres con 22 organizaciones involucradas. Además hay grandes cambios en la manera en la que se está haciendo campaña. Se nota en la cantidad de candidatos a la presidencia, pues llegaron a ser 74 preelectorales, algo nunca antes visto. Esperemos que este aumento vaya de la mano con un incremento en la participación ciudadana. En estos momentos las coaliciones son las protagonistas del panorama electoral, no los partidos políticos.
—Hace unas semanas, la página web de la Registraduría, en la que los colombianos se inscriben para votar, presentó muchas fallas. ¿Qué opinión le genera esto a tan poco tiempo de las elecciones?
—Reitero que desde la MOE aplaudimos la utilización de nuevas tecnologías porque eso supone más facilidades para la ciudadanía en el ejercicio de la participación. Sin embargo, preocupa que estos mecanismos no hayan sido probados antes de unas elecciones tan importantes como lo son las de Congreso y Presidencia. Son errores que no pueden pasar. Si, hay que innovar, pero no era el momento de hacerlo, ad portas de un suceso tan trascendental. Recuerdo que el Congreso, en el anterior Código Electoral, dijo que todas las modificaciones en materia de software debían ser probadas, primero, en elecciones locales y de ahí en adelante hacer el cambio de manera progresiva. Es la primera vez que en Colombia se inscribe el documento de identidad, para participar, a través de una plataforma y preciso se generó una crisis.
Fuente Sputnik