“El acuerdo por el litio con SQM es un nuevo Saqueo al Estado de Chile”

Cuando hace 8 años el abogado Mauricio Daza asumió el rol de querellante en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de SQM, sostuvo que la red de corrupción que se imputaba tendría por finalidad “proteger y proyectar el lucrativo negocio de la empresa de Ponce Lerou en el Salar de Atacama en condiciones beneficiosas para ella y abusivas para el interés fiscal”. Ahora, una vez comunicado el “entendimiento” entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060, el abogado Daza afirma que “estamos ante una negociación directa y reservada con un solo privado que termina con la entrega de casi 5 millones de toneladas de litio pertenecientes al fisco ubicados en la reserva más importante y lucrativa del mundo a un valor que, en el mejor de los casos, equivale a un tercio de lo que otras empresas han ofrecido por proyectos de una calidad muy inferior. Esto es un saqueo” .

Por Bruno Sommer Catalán

“Aquí se ha faltado a la transparencia y la probidad”

–Mauricio, el gobierno afirmó al momento de dar a conocer el Memorándum de Entendimiento entre SQM y Codelco que estábamos ante un día histórico para el país.

-Quizás lo sea, pero en el mismo sentido que lo fueron las privatizaciones hechas en plena dictadura, donde lo único histórico fue el daño que se hizo al interés del Estado en beneficio de un puñado de privados que se hicieron del patrimonio estatal a un precio miserable.

-Sin embargo el Gobierno señala que se trata de un acuerdo donde todos ganan

-Eso se podría afirmar solo en un sentido muy estrecho y literal de la palabra “ganar”. Claro que todos van a recibir más de lo que reciben hoy, pero el problema es que aquello que recibe SQM del Estado es sustantivamente más de lo que recibe el fisco, si se compara cual es valor del patrimonio fiscal que se le cede a SQM con lo que esta empresa le entrega a cambio al Estado.

En las privatizaciones de la década de los 80 también el Estado “ganó”, en el sentido estrecho de que algo recibió a cambio de los privados que se hicieron de la propiedad del Estado. El problema es que lo pagado no correspondía al valor de esos activos, sino que a una fracción menor de los mismos. Esto se repite en este caso.

-¿Por qué el gobierno habría decidido negociar directamente con SQM en vez de explotar por sí mismo?

-El argumento de muchos es que el Estado no podía explotar por sí mismo ya que no cuenta con la experiencia ni la tecnología para hacerlo. La verdad que en este punto se debe considerar que la explotación del litio no es algo tan complejo como, por ejemplo, la explotación de cobre que realiza desde hace décadas Codelco.

En el caso de SQM, además, se ocupa una tecnología que viene del siglo pasado, y que consiste en sacar una salmuera del salar, que es básicamente agua con sales, y colocarlo en piscinas para que a través de procesos químicos y evaporación se extraiga el litio. Se trata de una forma de extracción bastante ineficiente e invasiva para el medio ambiente. De hecho se calcula que para producir una sola tonelada de litio se requiere evaporar 2 millones de litros de agua aproximadamente.

-¿Ud. cree que la decisión de que el Estado no asuma la explotación del 100% del litio en el Salar de Atacama es un error?

-Es muy debatible. En todo caso para que el Estado asumiera ese desafío se requiere de un gobierno que tenga la decisión y liderazgo político para enfrentar ese objetivo. Generar una estructura eficiente con ejecutivos competentes que tuvieran una comprobada experiencia a partir de un proceso de headhunting o contratación a nivel internacional, como piso. Pero resulta evidente que no hay liderazgos actualmente en nuestro país para un despliegue de esa envergadura. En ese escenario, resulta bastante razonable pensar una alianza público-privada para que el Estado aporte la propiedad que tiene sobre la mayor reserva mundial de litio y que un privado con experiencia asuma la gestión de la producción y comercialización.

–¿Entonces por qué usted critica el acuerdo Codelco – SQM si éste va a en esa misma dirección?

-Por la sencilla razón que la forma en que el gobierno procedió atenta gravemente en contra de los principios de transparencia y probidad a las que debe someter la gestión del interés público. En este caso, además, no estamos hablado de cualquier cosa, ya que se quiere dejar amarrado por 30 años la forma que se explota la reserva de litio más importante y rentable a nivel mundial, la cual es propiedad del Estado en un 100%.

–¿Por qué se habría faltado al principio de transparencia?

-Si se quería conseguir a un privado como socio lo que se debió hacer era llamar a una licitación internacional pública y transparente. En contra de lo que se sostiene reiteradamente por quienes llevan adelante la agenda comunicacional de SQM y del gobierno para tratar de justificar este impresentable acuerdo, es absolutamente falso que SQM sea la única empresa que tiene el conocimiento y experiencia para sacar litio del Salar de Atacama. Mas allá que el método de extracción de litio que ocupa no resulta especialmente complejo, existen varias otras empresas que operan en salares más difíciles de forma exitosa a nivel internacional. Sin perjuicio de esto, en el mismo Salar de Atacama la empresa Albemarle explota litio desde muchos hace años de forma muy exitosa. 

–¿Y por qué se habría faltado a la probidad?

-Al hacer una negociación directa y reservada entre Codelco y SQM en vez de llamar a una licitación, se puso el interés particular de SQM por sobre el interés publico comprometido en la definición sobre cómo se deben explotar las pertenencias del Estado en el Salar de Atacama después del 2030.

“Que el Estado va a ingresar en un 50,001% de forma anticipada es un engaño”

–Se sostiene que el Estado va a tener el 50,001% de la operación de forma anticipada. En el gobierno dicen que esto es un triunfo, porque de esta manera se recupera el litio para Chile.

-Lo primero que se debe aclarar es que el litio le pertenece 100% al Estado. Por otra parte eso del 50.001% es engañoso.

El memorándum de entendimiento establece dos períodos. El primero entre 2025 y 2030, y el segundo entre 2031 y 2060.

La supuesta gracia del acuerdo es que el Estado va a poder entrar antes que venza el actual contrato a participar en las utilidades de la explotación de litio, que lo tiene garantizado SQM hasta el 2030.

Hay que recordar que conforme las condiciones vigentes, el Estado recibe mensualmente a lo menos dos cosas, que las tiene garantizadas por el contrato actual. Primero, recibe una renta de arrendamiento en una escala gradual que puede llegar hasta el 40% de las ventas si el precio de litio es alto. Lo segundo, los impuestos aplicables a SQM, que se encuentran definidos por ley y que son los mismos que paga cualquier empresa dedicada a la minería.  

En este contexto, se supone que el contrato de arriendo que actualmente está vigente, pasaría a una nueva empresa, en la cual el Estado a través de Codelco tendría el 50,001 % de la propiedad, y SQM tendría el 49,999% de las acciones.

-Los defensores del acuerdo dicen que esa es la ventaja, ya que el Estado al entrar antes del 2030 con más de la mitad de la propiedad va a participar de las utilidades de la producción de litio

-Claro. Pero el problema que aquí empiezan las inconsistencias. Si el Estado es dueño del 50.001% de la empresa se supone que debería participar en ese porcentaje de las utilidades de lo que se extraiga entre el 2025 y el 2030 que, conforme a las condiciones del contrato vigente, correspondería a las utilidades de 990.000 toneladas de litio por todo el período.  Sin embargo el acuerdo establece que a Codelco solo le correspondería participar en las utilidades de 201.000 toneladas, correspondiente al 20% de la extracción, no obstante tendría la mitad más uno de las acciones. El minoritario SQM se llevaría el 80% de las utilidades.

–Pero con un 50,001% Codelco tendría el control de las operaciones

-No, y esto es lo insólito. A pesar que se dice que bombos y platillos que Codelco entraría con el 50% más uno de la participación en la propiedad de esta nueva empresa que operaria el contrato vigente hasta 2030, durante todo el período SQM mantiene el control de la administración.   

En definitiva SQM mantiene el control de la administración y se lleva las utilidades de un 80% de la producción entre el 2025 y el 2030. Esto es absurdo y un atentado al interés del Estado.

–Entonces SQM le otorgaría al Estado de Chile para llevarse el contrato hasta 2060 el 20% de las utilidades de la producción establecida en el contrato vigente que dura hasta el 2030. ¿Pero no se debería considerar también en los cálculos lo que va a recaudar el fisco por impuestos y las rentas de arrendamiento pactadas?  

Este punto es clave. Los impuestos derivados de la actividad que desarrolla SQM ya se encuentran establecidos en las condiciones vigentes del contrato por el Salar de Atacama hasta el 2030. De esta forma el Estado los va a recibir con o sin memorandum.

Para decirlo de otra forma, el Estado siempre va a recibir la carga tributaria derivada de explotar las 990.000 toneladas que se pueden extraer desde el Salar de Atacama, lo que va a ocurrir en todo evento, ya sea que las explote SQM o la nueva empresa que se plantea formar entre Codelco y SQM.

Lo mismo pasa con las rentas de arrendamiento que están pactadas en el contrato vigente, las que están garantizadas a todo evento. No es algo que se agregue a partir de lo establecido en este memorándum de entendimiento.     

–¿Entonces SQM pagaría las utilidades de 201.000 toneladas de litio a las que hoy SQM tiene derecho a recibir entre 2025 y 2030 pero que se las cedería a Codelco?. ¿Esto como precio para entrar al negocio con el Estado entre el 2031 y el 2060?

-Así es. En todo caso hay un elemento complementario. 

En el memorándum de entendimiento se le está haciendo un verdadero regalo a SQM. Conforme al contrato vigente de arriendo entre la empresa de Ponce Lerou, entre el año 2025 y 2030, SQM tiene derecho a las utilidades de 990.000 toneladas de litio, de las cuales le cede 201.000 toneladas a Codelco; lo que representa  un 20%. Esto a pesar que la empresa pública tendría el 50,001% de la propiedad de la nueva compañía que estaría a cargo de ejecutar ese contrato vigente.

El tema es que el Estado aumenta la cuota de extracción en 300.000 toneladas por todo el periodo, lo que nuevamente da pie a un nuevo abuso, ya que no obstante Codelco participa en la nueva sociedad que va a explotar ese aumento en un 50,001%, el memorándum de entendimiento señala que solo tendrá derecho a las utilidades de 68.000 toneladas, y SQM se quedaría con las utilidades correspondientes a 232.000 toneladas del aumento. De esta forma, Codelco se queda con un 23% del aumento de cuota que no está en las condiciones del contrato vigente, y SQM se queda con un 77% de las utilidades de ese aumento.

Ahora, si tomas las 201.000 toneladas que SQM tiene que ceder a Codelco, y se lo descuentas a las 232.000 toneladas que el Estado le entrega a SQM por el aumento de cuota, se concluye que lejos de pagarle al Estado por ingresar al negocio más lucrativo de litio que existe en el mundo, al final SQM está ganando las utilidades de 31.000 toneladas de litio. Impresentable.              

“Este es un capítulo más en una larga historia de saqueo al Estado”

–¿Usted señala que el memorándum de entendimiento es parte de una larga historia en que se habría saqueado el interés del Estado en materia del litio. En qué consistiría esa historia?

-La forma en que Julio Ponce terminó adquiriendo la propiedad de la empresa pública Soquimich en plena dictadura de su entonces suegro, Augusto Pinochet, es una historia bien conocida.

Lo que ocurrió después fue que el año 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, CORFO le arrendó a SQM a un precio infame las pertenencias de propiedad fiscal en el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de litio, para que la explotara de forma exclusiva y excluyente. Esto, a cambio del pago de una renta de arrendamiento de 15 mil dólares al año, que son unos 13 millones de pesos aproximadamente, más un 6,8% de las ventas que SQM informara. Todo hasta el año 2030 o hasta que completara la explotación total por todo el período de 180 mil toneladas de litio. Lo anterior, sin perjuicio de tener que pagar la carga tributaria normal a la que está sometida cualquier empresa minera en Chile.

–Sin embargo recuerdo se denunció que esas condiciones no se cumplían

-Efectivamente. Durante décadas, y mientras mantuvo una red de pagos ilegales a autoridades de todos los sectores, no se fiscalizó de forma alguna si SQM estaba cumpliendo con las abusivas condiciones que se definieron en el acuerdo del año 1995. Sin embargo, fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera cuando se encargó a CORFO, que estaba a cargo del contrato y a cuyo nombre están inscritas las pertenencias del Salar de Atacama, que hiciera una revisión sobre esta materia. Finalmente se descubrió que había una diferencia en contra del fisco por más de 2.600 millones en un solo año.

–A pesar de eso el gobierno de Piñera no hizo nada.

La verdad que no pasó mucho. Sin embargo fue en el siguiente gobierno de Michelle Bachelet donde CORFO constató más y mayores incumplimientos. No solo habría mentido sistemáticamente sobre los valores que explotaba, sino que se constató que SQM además había inscrito a nombre propio propiedad minera sobre las pertenencias del Estado en el Salar de Atacama, además de hacer lo mismo alrededor de ellas. También inscribió derechos de agua y permisos ambientales a nombre propio, con lo que se dificultaba Estado pudiera decidir la explotación de litio sin SQM después del vencimiento del contrato el 2030.

–Son esos los candados a los que se refieren quienes defienden el acuerdo. ¿El gobierno de Boric tenía realmente otra alternativa que negociar la continuidad del contrato con SQM?

-Esos candados fueron desmontados. Al constatarse esos nuevos y graves incumplimientos, CORFO demandó el termino anticipado del contrato y el pago de una indemnización por todos los perjuicios que SQM le había causado al Estado.

Sin embargo a semanas que se terminara el gobierno de Michelle Bachelet, en enero de 2018, y en un contexto de enorme presión política transversal en beneficio de la minera, CORFO llegó a un acuerdo con SQM para poner termino al juicio y continuar con el contrato que vence el 2030. Sin embargo en ese acuerdo se pactó modificar el contrato de arriendo y se establecieron varias condiciones para el caso en que el Estado decidiera explotar por sí mismo después del 2030, o que a través de una licitación se entregara la explotación total o parcial de las pertenencias del Salar de Atacama a otra empresa distinta. Por eso se estableció que Corfo tendría derecho a adquirir a valor contable, muy inferior que el valor comercial, las instalaciones de SQM. Además la empresa se obligó a transferir al Estado todos los derechos asociados a la explotación de litio en el Salar de Atacama.

–¿Por qué SQM se obligó a entregar a un valor nominal sus instalaciones además de ceder sus derechos si finalizaba el acuerdo el 2030?

-La razón es evidente y muy reveladora. Casi la mitad de las ganancias de SQM derivan de la explotación de litio en las pertenencias del Estado que arrienda. Si se terminaba anticipadamente el contrato, SQM podría haber incluso quebrado.

La posición negociadora del Estado frente a la empresa es formidable, en contra de lo que muchos inexplicablemente pretender hacer creer. El Fisco es el dueño del 100% de las pertenencias que explota SQM en el proyecto más rentable a nivel mundial de litio, como lo es el Salar de Atacama. Por eso es que se ha sostenido que habría sido clave para Julio Ponce Lerou infiltrar a la política de forma transversal, para poder tener una influencia determinante en las decisiones que se adoptaran respecto de la propiedad fiscal, cuya explotación mantiene en gran medida SQM.

“Es falso que la SQM sea la única alternativa viable para que el Estado explote litio en el Salar de Atacama”.

–Se sostiene que SQM es la empresa que tiene el conocimiento y la tecnología para producir litio en el Salar de Atacama, y por esto era la única opción viable.

-Eso es derechamente falso. Por ejemplo, la empresa Albermarle produce litio desde salmueras sacadas de pertenencias del Estado en el Salar de Atacama hace décadas, al igual que SQM. Pero además se debe considerar que si bien SQM es un actor relevante en el mercado mundial del litio, a partir de las insuperables condiciones económicas que se le garantizó por el Estado de Chile a partir de contratos de arriendo de sus pertenencias pactados de forma oscura y perjudicando grosamente el interés fiscal, existen varios otros actores relevantes, los cuales deben operar en condiciones normales de mercado y en salares de muchísima menor calidad que el de Atacama.

Eso de que SQM es la única empresa que podría desarrollar la explotación de litio después de 2030 es una propaganda mentirosa de la empresa de Ponce, que ahora también está vendiendo el gobierno de Boric. 

–Una de las ventajas que se han señalado del acuerdo sería que SQM trasferiría sus instalaciones en el Salar de Atacama a la nueva empresa donde el Estado tendría el 50,001%. ¿Tiene algún impacto para el beneficio fiscal esta parte del memorándum de entendimiento?

-No es en caso alguno algo que permita descartar que, a través de una licitación, se podrían haber obtenido muchísimos más beneficios para el interés público que en esta negociación directa y secreta con SQM.

El acuerdo de 2018 que modificó el contrato original del año 1995 contempló que en caso de que SQM no continuara con las operaciones en el Salar después de 2030, entonces tendría que vender a precio libro todos sus activos además de transferirle los derechos que constituyó a nombre propio en el Salar, con lo que se hacía económicamente accesible al Estado o a una nueva empresa que se licitara colocar los recursos para garantizar la continuidad operacional.

–Sin embargo varios expertos han destacado el significado que tendría para el negocio del litio en el Salar de Atacama la “Planta Química Carmen” de propiedad de SQM ubicada cerca de Antofagasta, y desde donde se procesan las salmueras para producir Carbonato e Hidróxido de litio.

-Podría llegar a ser relevante si es que el memorándum de entendimiento estableciera que esa planta pasa a la nueva sociedad que se va a formar entre Codelco y SQM

–¿Y no se establece ese traspaso?

-No se establece en ninguna parte del texto del memorándum de entendimiento. Y eso que se trata del activo más relevante de propiedad de SQM para el negocio del litio producido desde el Salar de Atacama.

–¿Y por qué esto no sería parte del acuerdo?

-No sé las razones para no incluirlo en el texto del memorándum de entendimiento.  Uno podría especular de que probablemente se debe a que SQM quiere mantener su posición como refinadora, lo que implica tener un mayor control del negocio, más allá del control nominal que se le va a dar a Codelco desde el año 2031 en la nueva empresa, donde la estatal tendrá el 50,001% de las acciones.

En todo caso sería algo muy del estilo de Ponce Lerou. Generar un entorno más allá de las condiciones formales de los contratos que le permita, en los hechos, garantizar un poder real y decisivo en caso de cualquier complicación para sus intereses. Asumo que en este escenario la nueva empresa va a tener que celebrar contratos con SQM para que refinen las salmueras que sacan del Salar de Atacama, lo que le permite generar un vínculo de necesidad con una planta de propiedad exclusiva de SQM. Si las cosas andan mal, SQM podría suspender o terminar el contrato para refinar con la empresa público/privada que tendrá con Codelco, lo que es un gran incentivo para que Codelco no los inoportune demasiado.

–En todo caso, si SQM tiene un activo tan importante para el negocio del litio en el Salar de Atacama, se podría concluir que resultaría muy difícil no extenderles a ellos el contrato.

-No es así. Por una parte, sin la extensión del contrato a SQM la Planta Química Carmen pasa a valer muy poco, ya que es funcional a la operación en el Salar de Atacama. Así que sería un activo que podría ser adquirido a un valor relativamente bajo por quien quiera adjudicarse la licitación. Pero si no fuera así, la verdad que si se licitara este año, la empresa que se adjudique podría construir sin problemas una planta equivalente que estuviera en operaciones en enero del año 2031, que es la fecha en que SQM ya no podría seguir operando el Salar de Atacama. Por el volumen y extensión del negocio, se trata de un costo bastante marginal.

En todo caso estos son los asuntos que se deben resolver de forma transparente a partir de una licitación pública, donde los distintos oferentes tienen que entregarles las mejores condiciones al Estado para asociarse en una operación de 30 años que le va a significar recibir las utilidades de 150.000 toneladas de litio al año, lo que representa el mejor negocio de litio del mundo.

Obviamente que las bases de la licitación deberían establecer que los oferentes garanticen la continuidad operacional. De eso precisamente se trata una licitación.

–Pero muchos insisten en que si no se acordaba con SQM se pondría en riesgo precisamente la continuidad operacional en la extracción de lito en el Salar de Atacama. Se debe considerar que si no se cerraba con SQM, había que construir instalaciones y la planta para refinar, y eso toma tiempo.

-Toma tiempo, pero sin duda estamos a tiempo. Si se licita este año, aun quedarían 6 años para obtener los permisos y construir la planta, para que esté operativa en enero de 2031, sin perjuicio de la posibilidad de que SQM venda la Planta Carmen, en un contexto donde la empresa ya no la podría seguir usando a plena capacidad y no tendría muchos oferentes, lo que determinaría condiciones de venta favorables para quien la adquiera. Es tiempo más que suficiente.

Pero hay otro tema. Esa planta podría quedar rápidamente obsoleta si se utilizan nuevas tecnologías de extracción directa, las cuales no requieren del proceso de evaporación que se utiliza actualmente por SQM. El salto tecnológico también es un tema relevante y el cual se podría haber abordado de una forma mucho más eficaz en el contexto de una licitación pública trasparente y competitiva donde los distintos oferentes garanticen condiciones de extracción más eficientes y que signifiquen un menor impacto al medio ambiente. No es sostenible aumentar la producción a 300.000 toneladas con una tecnología que implica usar 2 millones de litros de agua para obtener una sola tonelada de litio.

Esto sin perjuicio que se podría hacer establecido la entrega de una boleta de garantía por parte de quien se hubiese adjudicado la licitación a fin de asegurar económicamente al Estado la continuidad operacional y que se podría cobrar en caso de que no se respetara esa condición.

“Se está entregando a SQM el litio a menos de un tercio del valor que otras empresas han comprado en proyectos de muy inferior calidad.”

–¿Por qué afirma que con al acuerdo se le entrega a SQM la participación en la explotación de lirio a una fracción de lo que vale?.  ¿Con qué lo compara para hacer esa afirmación?

-Es cosa de ver cuáles son los precios que están dispuestas a pagar otras empresas por proyectos de explotación de litio de mucho menor calidad que la operación del Salar de Atacama, que como bien se sabe es la mayor reserva mundial de litio, la cual está en plena operación, y que por la concentración de litio que tiene la salmuera que se saca de ese lugar y los menores costos que implica su cercanía con los puertos de despacho, lo transforma también en la explotación más rentable a nivel mundial.

–¿Tiene algún ejemplo?

El año 2023 la empresa Ganfeng compró un proyecto de litio en la provincia de Salta, Argentina. Se trata de un proyecto que no está en desarrollo, al que le faltan a lo menos 10 años para que empiece a operar, y se calcula que su concentración de litio es de 500 partes por millón (ppm). El valor en que se cerró la operación fue de 960 millones de dólares por 25.000 toneladas de litio al año, lo que da un precio aproximado de 38.400 dólares por tonelada.

Por otra parte la empresa Albemarle, que hoy extrae de litio en el Salar de Atacama, ofreció por un proyecto ubicado en Australia denominado “Liontown” que no tiene producción actual, pero que se proyecta en 90.000 toneladas por año, a un valor de 4.300 millones de dólares, esto es 47.777 dólares por tonelada. Se trata de un proyecto que implica sacar litio no desde una salmuera, sino que desde roca, lo que eleva muchísimo los costos de producción en comparación a lo que ocurre en el Salar de Atacama. 

El Memorándum de Entendimiento entre SQM y Codelco establece que en total se le va a entregar a la empresa derechos sobre la extracción de 150.000 toneladas de litio al año. Se ha calculado que el valor neto de lo que SQM entrega a Codelco por este acuerdo, equivale a 1.500 millones de dólares. De esta forma se concluye que SQM paga un precio de 10.000 dólares por tonelada.

Es necesario destacar que el Salar de Atacama tiene una concentración de 1.400 ppm de litio, en comparación a lo que compró Ganfeng en Argentina con una concentración de 500 ppm. Además se trata de un proyecto que está operativo, que implica llegar sacar y vender, lo que no ocurre en el caso del proyecto que compró Gangfeng en Argentina y por el que Albemarle hizo una oferta en Australia. Y en este último caso digo “ofreció” ya que le rechazaron la oferta al considerar que estaban ofreciendo muy poco.

Entonces, como se explica que SQM compre 150.000 toneladas de litio al año a 10.000 dólares la tonelada, y Albermarle haya ofrecido por un proyecto muchísimo peor 47.000 dólares por tonelada anual y Ganfeng haya comprado un proyecto también peor a 38.400 por tonelada al año.

El acuerdo por el litio con SQM es un nuevo Saqueo al Estado de Chile. 

–Pero en muchos foros se ha dicho que el monto que ganaría el Estado entre 2025 y 2030 con este acuerdo con SQM sería de 4.500 millones.

-Se trata de una afirmación engañosa. Lo que se debe analizar es cuanto aporta SQM de aquello que hoy tiene derecho a Codelco, como precio por entrar a esta operación. En ese contexto se puede constatar que no paga nada, sino que además recibe una cuota extra de 31.000 toneladas netas, que resulta de tomar las 232.000 toneladas que va a recibir por el aumento de cuota hasta 2030, menos las 201.000 toneladas que le cede a Codelco

Pero más allá de esto, cuando se dice que el Estado va a recibir 4.500 millones de dólares de beneficios entre 2025 y 2030 derivados del memorándum de entendimiento, se agrega aquello a lo que el Estado tiene derecho a recibir por el contrato vigente, con o sin memorándum, más lo nuevo que se agrega, que son las utilidades en las toneladas que se le entregan a Codelco. En rigor solo cuenta como precio esto último.

Pero aun así, si se toma esa cifra falsa de 4.5000 millones de dólares, se concluye que SQM pagaría por 30.000 dólares por tonelada anual, lo que incluso en ese escenario constituye un enorme perjuicio al interés fiscal, si se compara con las  47.777 dólares por tonelada al año que ofreció Albemarle por Liontown en Australia, o con los 38.400 dólares por tonelada anula que pagó Ganfeng por el proyecto de Argentina. En ningún caso los números dan, y el abuso es grosero y enorme para el Estado.

“Codelco y SQM se burlaron de las comunidades indígenas”

–¿En qué quedan las comunidades indígenas?

-Se puede observar que para SQM el tema de las comunidades se ha reducido históricamente a un asunto de dinero. Son vistas como un gasto operacional. Ellos suponen que en algún punto, con una suma de varios millones de dólares, los van a dejar tranquilos, de manera que no se metan en la forma como desarrollan la explotación de litio en el Salar de Atacama. Esta visión transaccional y economicista choca con el legítimo anhelo de muchas comunidades de poder incidir en medidas que efectivamente ayuden a cuidar el Salar y el patrimonio cultural asociado a las prácticas ancestrales de quienes han vivido en el territorio durante generaciones.

–Pero SQM y Codelco firmó un acuerdo con el Consejo de Pueblos Atacameños semanas antes de anunciar el memorándum de entendimiento.

-Claro, y lo dejaron de respetar al cabo de unos días. Es una burla que se hayan comprometido con las comunidades a hacer un trabajo conjunto para definir las condiciones de explotación del Salar de Atacama para los próximos 30 años, y que poco después, sin que las comunidades supieran, se haya comunicado oficialmente el memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM.

Yo creo que las comunidades deben reflexionar que si los pasan a llevar de esta forma mientras recién se está proyectando la forma en que se va a continuar con la explotación de litio, como los van a tratar cuando esto ya se encuentre en marcha. Lo anterior en un contexto donde una empresa del Estado va a participar en esa actividad, lo que en los hechos podría dificultar la posibilidad que órganos del propio Estado puedan atender de forma expedita sus demandadas.

–¿Y cómo explica que Codelco y SQM hayan firmado un acuerdo con las comunidades para vulnerarlo al cabo de unos días después?

-Probablemente era para sacarse la foto y tener un documento que les sirva en caso que las comunidades reclamen, ya que se pueden argumentar que con esto se cumpliría la obligación de consulta a los pueblos originarios contenida en el Convenio 169 de la OIT al que se están obligados, en un contexto donde lo que se exige es consulta y no consentimiento de las comunidades. La verdad, en todo caso, es que este tipo de maniobra no cumple con ningún estándar serio de consulta, pero en este caso habría que reclamar una actuación de una empresa del Estado ante un órgano del Estado, lo que en los hechos siempre representa un desafío extra. Es tan grosera la situación, que resulta obvio que se actuó de mala fe.

“Los métodos denunciados en los casos de platas políticas son conocidos.”

–Si el acuerdo es tan perjudicial para el interés del Estado. ¿Por qué cree que ha recibido un apoyo cerrado de todos los sectores políticos?

-Probablemente en muchos casos es desconocimiento y falta de análisis sobre las condiciones reales del acuerdo y acerca de los valores en que se han adquirido otros proyectos de menor calidad a nivel internacional. En otros casos probablemente es por captura política. Los métodos que se denunciaron en las causas de financiamiento ilegal de la política fueron bastante explícitos.

De hecho, en lo personal, me acuerdo que cuando inicié las causas en contra de SQM por hechos de corrupción, empecé a recibir todo tipo de ataques y amenazas, Incluso armaron una campaña para sostener la mentira de que yo era abogado de un grupo económico competidor de SQM, aun cuando jamás he trabajado ni representado a una empresa que tenga o haya tendido proyectos mineros en litio. De hecho, al revés, he representado a comunidades que han paralizado varios proyectos de litio por graves faltas ambientales o falta de consulta indígena. En todo caso en un momento los ataques iniciales pararon, y fue justo el momento en que un connotado abogado se me acercó a ofrecerme trabajar en una causas de SQM, a pesar que yo era abogado querellante en contra de esa empresa por las causas de financiamiento ilegal de la política. Cuando rechacé, curiosamente los ataques volvieron con más fuerza.

Asumo que algunos métodos pueden funcionar exitosamente con muchas personas. Lamentablemente en el caso SQM el fiscal designado por Jorge Abbott terminó desmanteló gran parte de las causas, con lo que se impidió avanzar para establecer la verdad de todo lo sucedido en el contexto de un proceso penal. Otro capítulo más de impunidad.

“Increíble que a una empresa calificada por el SII como contribuyente de alto riesgo se le entregue en estas condiciones la mayor riqueza del Estado”.

–¿Ud. cree que SQM no es un socio confiable para el Estado?

-Más allá de las claras desventajas económicas del acuerdo al que se llegó con SQM, sumado a las críticas por la forma poco transparente que se llevó a cabo, sin licitación; resulta obvio que SQM es un socio muy poco confiable para el Estado. No solo existen las imputaciones graves sobre financiamiento ilegal masivo y trasversal a la política durante décadas, sino que además el propio Servicio de Impuestos Internos declaró sólo hace unos meses en la Cámara de Diputados que se trata de un contribuyente de “alto riesgo”.

La empresa de Ponce le debe actualmente al Estado más de 800 millones de dólares según liquidaciones cursadas por el Servicio de Impuestos Internos, las que lejos de ser pagadas, SQM las está litigando en tribunales, llegando incluso al descaro de sostener que ellos no serían «una empresa minera» para los efectos del Impuesto Específico a la Actividad Minera. Por último que Pacheco le hubiera exigido a SQM que para asociarse al Estado pagase lo que el Servicio de Impuestos Internos le ha liquidado como deuda tributaria, pero ni eso!

Se trata de un verdadero descaro que una empresa con esos antecedentes, los cuales incluso le impiden ser proveedor del Estado conforme a la ley de compras públicas, ahora reciba en condiciones abusivas una de las mayores riquezas del Estado en una negociación directa, sin siquiera hacer licitado.

“El memorándum permite que Ponce sea director o gerente de SQM y de la nueva empresa con Codelco”

–En todo caso en el acuerdo del año 2018 se incorporó una cláusula en que se impide que Julio Ponce pueda asumir como director o gerente de SQM.

-Esa limitación es de un simbolismo un poco absurdo, ya que si bien no puede ser director de SQM, si mantiene el derecho a designar directores, como además a asesorar al directorio o a cualquier departamento de la compañía.  En todo caso el acuerdo al que ha llegado el gobierno con SQM podría significar a vuelta en gloria y majestad de Ponce a la empresa

–¿Por qué afirma eso?

-La limitación de Ponce Lerou para ser director o administrador de forma directa pero solo es válida hasta el término del contrato original, esto es, hasta 2030. Como el memorándum de entendimiento firmado por Codelco con SQM no dice nada sobre esta inhabilidad, entonces Ponce podría volver sin problema a ser director o asumir una gerencia de SQM a partir del año 2031. Es más, Ponce Lerou podría asumir como director de la empresa pública/privada que tendrán en sociedad Codelco y SQM sin ningún problema

“El memorándum más que un triunfo para Ponce, es un triunfo para la impunidad.”

–¿El acuerdo entre Codelco y SQM es un triunfo para Ponce Lerou?

-Es un triunfo para Ponce, pero por sobre todo, es un tremendo triunfo para la impunidad en Chile.

Julio Ponce se hizo de la propiedad de SQM en la dictadura de su suegro, perjudicando los intereses del Estado. Después, Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo multimillonario a Ponce Lerou entregándole la propiedad de la empresa que estaba desarrollado los proyectos de litio liderados hasta ese momento por el Estado a través de Corfo, y le garantizó la explotación en la mayor reserva mundial de litio hasta el año 2030 a través de un contrato de arriendo abusivo.

El año 2018, a pesar de que se constataron los graves incumplimientos a las condiciones del contrato de arriendo firmado el año 1995 y en un contexto donde ya se había revelado la trama de corrupción a partir de los aportes ilegales hechos por SQM a todos los sectores políticos, el Estado ratificó el contrato hasta el año 2030 e incluso le aumentó la cuota de explotación.

Y ahora con el gobierno de Boric, se le garantiza el futuro a los hijos de Ponce y nietos de Pinochet, a partir de cerrar un acuerdo sin licitación, llevado en secreto a través de una negociación directa, en condiciones perjudiciales para el Estado de Chile.

Desde las decisiones de un brutal dictador neoliberal hasta las de un presidente que se autodenomina “progresista” y que se ubica a sí mismo más a la izquierda que la izquierda tradicional. Todos los sectores de la política chilena han intervenido en esta larga historia de corrupción e impunidad. Así se cierra el círculo.

Como suele ocurrir en nuestro país, finalmente ha vuelto la corrupción y la impunidad.

Por Bruno Sommer Catalán

El Ciudadano