El cautiverio de Victor Ancalaf

Observando detrás de un vidrio, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe (52), parecía un familiar más de los formalizados. Fue su regreso a los tribunales después de pasar cinco años en prisión. Esta vez los acusados eran otros, Hugo Melinao y Juan Queipul, por supuesta participación en la quema de dos camiones y agresión a carabineros en Ercilla la noche del pasado 2 de octubre. Ambos quedaron en prisión preventiva. Inevitablemente, Ancalaf recordó lo que había vivido años atrás, cuando a él también lo acusaron de participar en la quema de un camión. Pensó, preocupado, que su historia se volvía a repetir.

-Es un escenario bastante parecido por las irregularidades y porque las pruebas que han presentado son poco veraces. Dicen que hubo intento de homicidio frustrado, pero era un enfrentamiento, carabineros ya estaban hiriendo a las personas.

-Pero, quienes participaron en el ataque incendiario de la semana pasada estaban con escopetas, ¿para qué?

-Para defenderse frente a la represión de la policía. No podemos atajar los balines con ramas de canelo.

-¿Le parece válida la quema de camiones como método de lucha?

Del punto de vista de las reivindicaciones sociales, absolutamente. Aquí hay un conflicto vivo. La quema de un camión tiene por objetivo llamar la atención, decir “estamos luchando y no se escuchan nuestros planteamientos en el gobierno”. Además, tienen algo simbólico, porque representan a grandes consorcios económicos.

-¿Es un acto terrorista?

No.

La inundación

En 1997 se aprobó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el río Biobío por parte de la empresa Endesa España. El proyecto implicaba la inundación de 3.400 hectáreas en el sector Alto Biobío, a 120 km. al sureste de Los Ángeles, sobre terrenos donde vivían cerca de 90 familias de origen pehuenche. Como compensación, Endesa ofreció pagar sumas que rondaban los 10 millones de pesos y reubicar a los habitantes en los fundos El Barco, El Huachi y Santa Laura. La mayoría firmó el acuerdo, pero cuatro familias se negaron rotundamente a dejar sus tierras. Para impedir la construcción pidieron apoyo en otras comunidades mapuche.

El llamado llegó hasta Víctor Ancalaf, werken –mensajero de la comunidad- mapuche y ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco. Junto a otros dirigentes, Ancalaf se instaló a vivir en el Alto Biobío por cerca de dos años y formo parte de la resistencia junto a otras 400 personas. “Consideramos que no era justo quitarle la tierra a los mapuche por el capricho de construir una central hidroeléctrica que el país no necesita. Cuando el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle decía que era la energía necesaria para el país, era mentira, porque esta fortalece únicamente a los empresarios”, asegura Ancalaf.

Fue así como, en el punto más crítico de la resistencia, se llegó a quemar algunos de los camiones que acarreaban los materiales de construcción de la represa, situación que derivó en enfrentamientos violentos con guardias privados de la empresa y Carabineros. El 19 de marzo de 2002 Esteban Krause, entonces gobernador de la provincia del Biobío, presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Concepción para investigar y sancionar a los responsables de tres hechos que calificaba como terroristas. Víctor Ancalaf figuraba como sospechoso en todos. La policía de investigaciones comenzó a seguirlo.

Ancalaf recuerda que fueron diez hombres los que lo tiraron contra el pavimento luego de quitarle el bolso que llevaba. Se retorció por los golpes hasta quedar absolutamente inmovilizado por el dolor. Fue entonces cuando uno de los tipos lo esposó y él comprendió que sus captores no eran ladrones sino policías de civil. Algunos incluso llevaban chupallas.

Cuenta que fue arrastrado al interior de una camioneta en la que lo trasladaron hasta la comisaría de Temuco. Una vez en el calabozo, dice que lo manguerearon con agua fría para borrar la sangre que seguía brotando de su boca. Eso fue el 6 de noviembre del año 2002. La cicatriz la tiene hasta el día de hoy. A las cinco de la tarde del mismo día ya lo habían trasladado a la prisión de alta seguridad El Manzano, en Concepción, donde estuvo cinco días incomunicado. La justicia finalmente lo condenó a cinco años de prisión luego de asegurar que había participado en el atentado incendiario del 17 de marzo de 2002.

Era la primera vez que se aplicaba la Ley Antiterrorista a un mapuche.

En cautiverio

Los primeros cinco días en el Centro Penitenciario El Manzano fueron los más duros. Ancalaf cuenta que lo encerraron en una habitación vacía y que usaba una de las esquinas como baño. Al sexto día fue trasladado a una pieza junto a otros 55 reos. Los internos le preguntaban cómo era ser terrorista, pensaban que tenía arsenales y explosivos. Con el tiempo, la curiosidad dio paso al respeto y los presos comprendieron la causa mapuche.

Cuando llevaba cerca de un año, una escena marcó su estada en la cárcel: nueve reos murieron quemados, el año 2003, en un módulo cercano a donde él se encontraba. “Los guardias no les quisieron abrir la puerta”, declara.

En la prisión vio peleas entre los reos, enfrentamientos con gendarmes, corrupción y tráfico de drogas. “Vi morir gente que se quemó a lo bonzo, tirados desde los techos hacia abajo. A la persona que cruzaba una línea de fuego le disparaban no más. Todas esas cosas son impactantes”, cuenta Ancalaf.

Adentro de la cárcel aprendió a hacer artesanías en madera. Todos los días, con ayuda de un formón, tallaba rostros de ancianos, mujeres y niños indígenas en pedazos de madera que le llevaba su familia las veces que podían pagar los pasajes a Concepción. Desde un principio su esposa pidió que lo trasladaran a la cárcel de Temuco, porque ir a visitarlo significaba un gasto que no podía costear. Ella y sus cinco hijos pasaban por una grave crisis desde que Ancalaf, el único sustento económico de la familia, había caído en prisión. Pero la solicitud fue denegada y lo trasladaron recién un mes antes de que terminara su condena.

Víctor Ancalaf aún alega inocencia. Dice que jamás vio las pruebas que lo condenaron.

Criminalización

“Fue una resistencia de lucha para proteger el río, proteger el patrimonio de los pehuenche, y no tenía nada que ver con la violencia del terrorismo del que tanto hablan los chilenos, los empresarios, agricultores y políticos. A nosotros nunca se nos ha pasado por la mente utilizar bombas, es un método demasiado agresivo y que causa daño a gente que no tiene nada que ver con lo que uno está planteando. Es derramar sangre inocente”, afirma hoy Ancalaf.

Tras recibir la sentencia, en 2004, su abogado, Sergio Fuenzalida, presentó un recurso de casación y también un recurso de queja. Ambos fueron rechazados. “El delito de terrorismo está para sancionar conductas extremadamente graves, es absurdo que la quema de un camión sea constitutivo de terrorismo. Tergiversaron completamente el concepto y se utilizó la Ley Antiterrorista como mecanismo de represión a grupos sociales”, dice Fuenzalida, quien en ese entonces decidió contactarse con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Buenos Aires.

Una vez allí, la abogada Juliana Bravo comenzó a analizar el caso. Los miembros del centro decidieron representar a Ancalaf porque consideraron que personificaba la criminalización de las demandas sociales en el país. “Representa cómo utilizan el derecho penal para criminalizar, acallar o atemorizar a los miembros y a los líderes indígenas”, sostiene.

Para Bravo, aún sin considerar la golpiza que recibió Ancalaf durante la detención -sobre la cual no se hizo ninguna querella por falta de pruebas-, el proceso penal tenía una serie de irregularidades que vulneran los estándares internacionales en materia de derechos humanos: se violó la presunción de inocencia; estuvo cinco días incomunicado y sin conocer sus derechos; no se utilizó la prisión preventiva como una excepción, sino como una norma; no se permitió acceso al expediente por parte de la defensa; y se utilizaron testigos de identidad reservada. Recogiendo estos antecedentes, el CEJIL envió una solicitud el 20 de mayo de 2005 para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre el caso.

La historia de Víctor Ancalaf no fue la única en llegar al derecho internacional. Siete activistas relacionados a la causa mapuche también habían sido procesados bajo la Ley Antiterrorista por hechos ocurridos entre los años 2001 y 2002 en las regiones del Biobío y La Araucanía. Después de analizar los casos, en 2010, la comisión concluyó que se aplicó una normativa con “una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”. Como el Estado no cumplió con las recomendaciones que en su momento dio el organismo, el proceso se delegó directamente a la Corte Interamericana. El fallo final, notificado el 29 de julio de este año, fue en favor de los ocho dirigentes y obliga al Estado chileno a anular todas las condenas.

El anuncio, sin embargo, llegó más de diez años después de las sentencias y Víctor Ancalaf hace rato que cumplió la condena. “Hubo daño moral, físico, psicológico, familiar, económico… son daños irreparables. No se puede volver el tiempo atrás, pero por lo menos [el fallo de la Corte] sirvió para dejar en evidencia que Chile es un país ajusticiador, un sistema violento, inhumano”, precisa Ancalaf.

La Corte, además, ordenó una adecuación de la legislación antiterrorista y que se guarde la medida de reserva de identidad de testigos solo para casos excepcionales. Las víctimas podrán acceder a medidas de restitución que incluyen la eliminación de sus antecedentes, acceso a atención médica y psicológica, becas de estudio para sus hijos y una indemnización de 50 mil dólares, además de costear gastos del proceso de defensa. Para todo esto el Gobierno tiene plazo de un año.

Hasta el momento, lo único que se ha hecho es publicar la sentencia en el Diario Oficial. “Deberían pedir disculpas públicas a mi familia, a mí en particular por todo lo que hicieron, pero también al pueblo mapuche por la masacre que han causado”, afirma el werken.

Por estos días, Ancalaf está pendiente de acompañar a las familias de Hugo Melinao y Juan Queipul, quienes no serán juzgados por la Ley Antiterrorista, sino por la Ley de Seguridad del Estado. Para Ancalaf “es cambiar carne por charqui”. La misma sensación le produjo la muerte de José Quintriqueo, atropellado por un inquilino mapuche en un fundo en Galvarino.

-¿La historia se sigue repitiendo?

-Sí. En el fondo es la misma mierda con distintas moscas no más. La represión ha venido siempre. Desde la época que empezó a operar, el ejército chileno empezó a oprimir al pueblo mapuche, con asesinatos, robos, violaciones a mujeres, quemas de casa, quema de personas. Para nosotros es un ejército sanguinario, racista, masacrador, castigador, con poca ética.

Hoy, Víctor Ancalaf ha vuelto a participar como werken en Collipulli y está a la cabeza de 28 comunidades indígenas de la comuna que piden el retiro de las empresas forestales del territorio mapuche. Ancalaf asegura que la organización se ha transformado en una fuente de resistencia a los megaproyectos energéticos que han querido levantar en el lugar. Una resistencia mucho más dura y organizada que la del Alto BioBío.

Un par de meses después de salir en libertad, Ancalaf viajó solo hacia el Alto Bíobío. Al ver el muro de hormigón de 155 metros de altura y 360 de longitud que cortaba el cauce del río, decidió no volver jamás. “Los pehuenche quedaron desparramados, tristes y abandonados. No tienen escuelas ni luz eléctrica y la tierra allá es infértil. Se dejaron llevar por el dinero y por el veneno huinca (el alcohol). Es muy triste ver la pobreza material y cultural en la que están insertos”, cuenta.

Las tierras por las que entonces luchó y cayó preso hoy están completamente inundadas. Sepultado bajo las aguas del embalse, que genera el 10% de la electricidad del Sistema Interconectado Central, quedó el cementerio donde los pehuenche enterraron a sus ancestros.

Por Greta Di Girolamo / The Clinic