El juez Baltasar Garzón estuvo de paso por el programa «Voces sin Fronteras» para conversar sobre varios temas jurídicos que están en el tapete en América Latina y el Caribe. El español es internacionalmente conocido por diversas causas, entre ellas por ser el juez que dictó la orden de aprehensión contra el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Hoy, Garzón representa dos causas judiciales tan polémicas como complicadas. Por un lado, es abogado defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El australiano se encuentra privado de libertad en Reino Unido y corre peligro de ser extraditado a Estados Unidos, donde lo acusan, de forma infundada, por ‘delitos contra la seguridad nacional’.
Al mismo tiempo, Garzón también representa legalmente a Alex Saab, el agente diplomático venezolano y la Unión Africana de naciones en carcelado en la isla de Cabo Verde. Y, no extraña, que este ciudadano también es solicitado por Estados Unidos, cuyo gobierno pretende su extradición empleando artimañas y violando el derecho internacional.
Precisamente, sobre este último tema comienza la conversación con Garzón, férreo defensor de los derechos humanos. En ‘Voces sin Fronteras’, el jurista español fue entrevistado por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk.
¿Existe algún trato o acuerdo entre Estados Unidos y Cabo Verde que permita la extradición de Alex Saab?
Garzón: En primer lugar, no es necesario que haya ningún tipo de tratado entre países para que quién ha cometido un presunto delito pueda ser detenido y extraditado. Pero ocurre que, si hay un convenio bilateral, tenemos que ajustarnos a las normas que se incluyen en ese convenio bilateral, convenio multilateral o en la reciprocidad. Esto último quiere decir que cuando no hay convenio operan las reglas de la reciprocidad: «Si yo actúo en un sentido, tú tienes que hacer lo propio».
Curiosamente, esta es la situación con Estados Unidos, pero con un agravante. Estados Unidos ha expresado de muy claramente a Cabo Verde que no va a respetar la reciprocidad. Entonces, Cabo Verde, debería decir: «Mañana, en caso de que ocurra esto en Estados Unidos y nosotros estemos reclamando la extradición usted va a cumplir y pues, se acabó el procedimiento». Obviamente, Cabo Verde no ha dicho esto, porque estamos hablando de un archipiélago pequeñito de apenas 2.000 habitantes y de la primera potencia imperialista del mundo.
El desequilibrio es absolutamente claro y tiene que haber un elemento fundamental: una orden de detención internacional. Esa orden de detención fue librada por Estados Unidos en una situación que después podemos comentar y entonces, con base a esto, Cabo Verde intervino.
Al momento del aterrizaje de Alex Saab en Cabo Verde: ¿Existía esa orden de detención en su contra? En caso contrario, ¿cuándo se emitió realmente?
Garzón: Uno de los puntos ciegos que existen en este caso es que cuando Alex Saab fue detenido, el 12 de junio de 2020, no había una alerta roja en Interpol. Esta Alerta roja significa que es una orden de detención de obligado cumplimiento por parte de las autoridades de la organización Interpol con su sede en Lyo.
En este caso, no existía esa orden de detención. Y si existía, no tenía la Alerta Roja. Por tanto, Interpol no podía ejecutarla. Lo que ocurrió, y están los datos contrastados, es que Alex Saab fue desviado (el avión que le llevaba) hacia una jurisdicción amiga de Estados Unidos, después de haberle sido denegado el aterrizada en dos países del norte de África. Era necesario recargar combustible y una vez que arribó a Cabo Verde se activaron todos los mecanismos y se emitió una orden al día posterior.
Por tanto, la detención en Cabo Verde es ilegal y así lo venimos defendiendo desde el comienzo. Con un éxito de momento no favorable, pero que es objeto de análisis dentro del tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO) y también en los tribunales de Cabo Verde. Es una detención ilegal porque, aparte se viola el estatus que Alex Saab tenía como agente diplomático venezolano.
Hay un documento dictado desde la CEEAO que Cabo Verde está desconociendo. ¿Se ajusta eso a la ley?
Garzón: El tribunal de la CEEAO, también conocido por sus siglas en inglés ECOWAS, es una organización territorial que tiene jurisdicción dentro de la Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales. Cabo Verde pertenece a ella y, por tanto, por ese hecho, es vinculante para todos los Estados la resolución que su tribunal establezca. Nosotros, el equipo de defensa, planteamos ante este tribunal la situación de ilegalidad, de violación de derechos diplomáticos de Alex Saab. También la pérdida de libertad en situaciones extremas que imposibilitaban, no sólo el derecho de defensa, sino también el trato humanitario que cualquier persona debe de tener.
Esa es la demanda que se ha planteado ante el tribunal de la CEEAO. De momento, en cuanto a las medidas cautelares que se solicitaron, el tribunal estableció que debía cesar de forma inmediata la prisión de Alex Saab por una situación menos rigurosa, como un arresto domiciliario. Esto fue para que pudiera tener acceso al tratamiento médico adecuado.
Durante todos estos meses hasta hace aproximadamente 15 días, Alex Saab no había tenido acceso a un tratamiento médico adecuado. No había podido ser visitado por un médico de designación familiar, un derecho fundamental que cualquier persona tiene en cualquier sistema democrático. Las condiciones de prisión realmente han sido lamentables, en una celda de dos metros cuadrados con un agujero en el techo por donde apenas entraba la luz del día. Eran unas condiciones higiénicas nefastas, especialmente para una persona que tiene un padecimiento comprobado de cáncer que agravó su condición física y psicológica en esa situación extrema.
Por tanto, ahora nos queda esperar que la CEEAO definitivamente resuelva sobre el fondo, es decir, sobre si a Alex Saab se le violó su inmunidad como agente diplomático, no sólo en labores humanitarias desde la República Bolivariana de Venezuela, sino también ante la Unión Africana, donde fue explícitamente designado como tal.
Vemos que es muy grave esta situación porque no había derecho a detener a esta persona. Eso es algo importante que también se somete a investigación, apesar de las reticencias de la policía y del organismo jurisdiccional competente. Porque las cartas que demostraban su nombramiento y calidad de agente diplomático fueron ocultadas por la policía. No se hizo mención a ellas. Cuando se intervienen los enseres de Alex Saab, sencillamente se omite que en esos enseres iban las cartas credenciales que demostraban que es agente diplomático y, por tanto, protegido por la Convención de Viena del 67’. Entonces, no podía ser tocado sino, directamente expulsado del país o declarado persona non grata y remitido a su país de origen.
Obviamente, se hizo porque Estados Unidos está detrás. Es un reflejo de la posición de Estados Unidos respecto de Venezuela, su Gobierno y de todas aquellas personas que tienen alguna relación con la nación sudamericana.
El juicio de su posible extradición es el 10 de marzo. ¿Cómo prevé que será ese escenario? ¿Cree que las acusaciones contra Alex Saab tienen más bien el carácter de un juicio político, en contra de la misma Venezuela?
Garzón: Nosotros, la defensa, el equipo jurídico en Estados Unidos ha intentado formar parte del caso en Estados Unidos. Hemos pedido apersonarnos, pero los fiscales norteamericanos se han opuesto con argumentos absolutamente peregrinos. Primero, nos atacaron diciendo que no somos abogados de Alex Saab sino del Gobierno Bolivariano. Es una situación que no deja de sorprender.
Dicen que no representamos diplomáticamente a nadie. Pero, si ni siquiera reconocen al Gobierno de Nicolas Maduro, ¿cómo quieren que se acredite alguien ante ustedes si no se le reconoce la legitimidad? Pero es que, además, emiten una orden de detención internacional con unos presupuestos absolutamente incorrectos, con datos e investigaciones hechas a espaldas y sin posibilidad de confrontación. Además, refiriéndose a una persona que es diplomático y que, de modo alguno, ¿cómo puede ser cierta esa supuesta trama para proteger diplomáticamente a alguien cuando ni existía una orden de detención contra él?
Saab iba en misión humanitaria, referido con alimentos y medicinas. Fue designado desde hace tiempo como agente diplomático de Venezuela. Por tanto, en una labor humanitaria y es bastante improbable que pueda esta ser una estrategia para protegerlo cuando las credenciales iban en el mismo equipaje. Después, le nombraron también ante la Unión Africana, que ha sido continuación para esa misma labor. Por tanto, no estamos ante una estrategia de Alex Saab y su equipo de defensa para sacarlo del atolladero de una extradición, sino de una estrategia de Estados Unidos. Están utilizando todos sus mecanismos legales, y no tan legales, para conseguir la extradición de una persona que obviamente quieren utilizar como guía, medio o mecanismo para llegar a otra finalidad.
Es decir, están instrumentalizando un proceso de extradición porque quieren obtener una finalidad diferente: atacar al Gobierno Bolivariano y específicamente a su propio presidente que, desde luego, en este caso no está siendo jugado ni tiene nada que ver. Al contrario, tenemos a una persona que lleva desde el 12 de junio privado de libertad y todavía, al día de hoy, no sabemos por qué.
Alex Saab ha ayudado a romper el bloqueo, permitiendo que lleguen alimentos y medicinas a Venezuela. ¿Este acto humanitario es lo que enfada a EE. UU.?
Garzón: Las sanciones que Venezuela sufre, impuestas desde un comienzo por Estados Unidos, incluye una serie de normas que van desde la inclusión de personas en la lista OFAC hasta sanciones al propio país, a los dirigentes. Muchos se abstienen absolutamente de mover recursos financieros, principalmente para la propia subsistencia del país. Esto lo puso de manifiesto la propia Organización de las Naciones Unidas en la última visita de la relatora correspondiente. Sucede que se está forzando a un país por cuestiones políticas que se pueden discutir, que se tienen que dialogar.
Hay un problema político en Venezuela que tiene que llevar unos cauces, pero no la coacción, ni las sanciones, porque así se condena a todo el pueblo venezolano. No es con el nombramiento de un pseudo presidente que aún después de que hubo elecciones a la Asamblea Nacional, se le sigue considerando (en este caso por Estados Unidos) como un presidente funcional para otorgarle poder sobre bienes que son del Estado. Un ejemplo es la empresa (CITGO) filial de PDVSA. Son recursos, como el oro en Gran Bretaña, que se están sustrayendo al Gobierno legítimo y único de Venezuela y se ponen el servicio de una persona y de una estructura absolutamente opaca que ya no tiene reconocimiento, ni siquiera tiene el de la propia Unión Europea.
Esto es muy grave. Espero que la comunidad internacional, más allá de la confrontación con el Gobierno venezolano, se dé cuenta de que hacen cosas muy graves contra la comunidad venezolana. Aparte de ello, en este caso ¿qué tiene que ver Alex Saab? Es un agente diplomático, una persona privada de libertad que desarrolla actividades más allá de las propias, como cualquiera puede tener, en beneficio de la propia comunidad. Lo que no se puede hacer es acudir a un sistema claro, palpable y de guerra jurídica en donde se utiliza el derecho para atacar políticamente a quienes no coinciden.
Creo que hay muchos países que, con un sistema mucho más cuestionables, podrían ser objeto de esa presión por parte de Estados Unidos. En este caso de Venezuela -no entraré en esa dinámica de defender al Gobierno Bolivariano- tiene mecanismos para hacerlo. Pero, Alex Saab no forma parte de una estructura de Gobierno, es simplemente una persona o un agente diplomático que por su labor humanitaria se le ha otorgado esa inmunidad.
¿Existen presiones desde Estados Unidos hacia la justicia o el Ejecutivo de Cabo Verde? ¿Qué consecuencias tendría que Cabo Verde siga con esta actitud de irrespeto al derecho y a la diplomacia internacional?
Garzón: Nosotros esperamos, como equipo de defensa, que las autoridades jurisdiccionales de Cabo Verde finalmente hagan lo que deben hacer y no con tantas reticencias. Nuestra licencia es técnico-jurídica. No entramos en cuestiones políticas, solo cuando tenemos que argumentar y valorar una inviolabilidad. Esa es una decisión política soberana, de un país soberano, y si el propio Estados Unidos se viera en una situación similar, yo tendría el mismo discurso. Si se tiene la protección diplomática, se tiene. Otra cosa es que seamos partidarios de que esa protección diplomática exista, pero desde hace siglos es inalterable. No es como matar a los embajadores como ocurría en las películas sobre hechos de la antigüedad. No, aquí hay unas convenciones internacionales precisamente que protegen a los diplomáticos y que le hacen inviolables para poder proteger su actividad.
Eso es lo que estamos pidiendo que el tribunal de Cabo Verde reconozca, más allá de cualquier poder que pueda ejercer el país más fuerte -Estados Unidos- frente al más débil. Hay un mecanismo, un estado de derecho y son leyes que se tienen que responder. Obviamente, tenemos indicios de que hay presiones por parte del Poder Ejecutivo de un país sobre otro. Incluso, se llegó a decir que se eliminaban cargos desde el Departamento de Estado para poder propiciar la buena voluntad de Cabo Verde en favor de la extradición. Pero ocurre que los cargos no los quita el Departamento de Estado, ni los jueces, y por ello no hay cambio alguno en ese sentido. Ocurre que, ante el volumen de pena de ciento y pico de años que podría recibir el señor Saab si es extraditado y condenado, es evidente que hay un trato inhumano.
Son penas totalmente desproporcionadas. Entonces, (Estados Unidos) dicen: «Te vamos a perseguir nada más que por un hecho», pero luego cuando esté en Estados Unidos lo persiguen por todo. Si en algo tengo experiencia es en extradiciones, porque han sido más de 25 años trabajando en esta materia. Entonces sí, yo creo que ha habido presiones. Al propio Alex Saab se lo manifestaron el tiempo en que estaba dentro de la prisión.
Ahora, desconocemos si estas se siguen llevando a cabo. Pero, los indicios es que al menos públicamente y en medios salen informaciones confirmadas como presencias militares y demás. Esto, cuando menos, pone en alta sospecha la imparcialidad de este procedimiento y se debe denunciar. Eso para que Cabo Verde se sienta protegido porque, la posición de Cabo Verde a nivel internacional si cediera a razones de este tipo que no son de derecho, quedaría maltrecho ante la comunidad internacional y, sobre todo, ante la comunidad de Estados de la CEEAO y la Unión Africana, que están reivindicando como corresponde que se les respete.
Nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa todos los elementos que hay em esta situación de ilegalidad. Hay muchos ataques que se han hecho a la defensa y a mí mismo: «¿Cómo defiende a Alex Saab?» No, yo estoy defendiendo el estado de derecho y los derechos humanos que le afectan a cualquier persona, y no por el hecho de su origen o porque haya un Estado que a unos les gusta y otros no les gusta.
Ahora, sobre la persecución de EE. UU. contra Julian Assange, usted es su abogado defensor ¿Cómo observa el caso, el porvenir de Julian y cómo está su salud? ¿Se logrará su pronta libertad y su no extradición?
Garzón: Tenemos una sentencia de la jueza británica, aunque no se basa en la violación de las libertades y del derecho al acceso a la información, que es lo que nosotros pedimos. Queríamos que se denunciara, se demostrara y se recogiera en la sentencia que ha sido (y sigue siendo) una persecución política por parte de Estados Unidos frente a Julian Assange y Wikileaks. Todo por denunciar en 2010 -y en épocas posteriores- distintas actividades altamente secretas, unas ilegales o ilícitas, otras cuestionables, otras grandes casos de corrupción, crímenes, posibles crímenes de lesa humanidad. Pero, por ello se ve inmerso en un proceso judicial, bajo el signo de una ley de 1917 de espionaje.
Allí no hubo espionaje, sólo pura y dura libertad de expresión, y una valentía inconmensurable para hacer frente a unas técnicas que cuando menos despiertan la sospecha de ilegalidad. Pero, se consiguió en la sentencia no otorgar la extradición porque hay alto riesgo de suicidio, de atentado contra la propia vida. Esto, precisamente, por el volumen de pena posible y sobre todo porque, tengamos en cuenta que Julian lleva privado de libertad desde el 19 de junio de 2012. Es tremendo, va en camino de los nueve años. Estamos ahora ante la posibilidad de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la extradición. Si fuera confirmatoria de la primera resolución, estaríamos en una situación de haber ganado el caso y de que Julian pueda salir de esta situación de secuestro legal en la que se encuentra; y así disfrutar de su familia y poder ejercer lo que sabe hacer, el periodismo, y dedicarse a ello con valentía.
Debo reconocer que desde el comienzo de mi acercamiento a este caso puse como condición que lo haría ‘probono’, porque creía en lo que estaba haciendo. Después, me reconozco como amigo de Julian y admirador en el sentido de que sé que se ha jugado todo para que la ciudadanía del mundo sepa cómo, a veces los servicios de inteligencia y los servicios de los gobiernos correspondientes, traicionan la propia democracia y la propia mecánica de protección de sus ciudadanos, profesando que los defiende.
Esperemos que Estados Unidos reaccione con este nuevo presidente y se respete la primera enmienda, que habla del derecho a la libertad de expresión
Garzón: Fíjate qué han aludido los senadores republicanos para evitar el impeachment del presidente Donald Trump. Sin embargo, tenemos simultáneamente a quién denunció presuntos hechos delictivos sometido a un proceso de extradición. Esa es la paradoja de Estados Unidos: aplica con dureza sus normas frente a todos los que se le oponen, pero dejan de aplicarlas cuando les afectan.
Por último, desde su experiencia: frente a una querella de lesa humanidad presentada en Chile contra el presidente Sebastián Piñera por la sistemática vulneración de los derechos humanos… en caso de que en la justicia chilena se agoten las instancias, ¿ve usted méritos suficientes para que esa querella sea acogida por la CPI?
Garzón: He estado muy próximo, y sigo estándolo, a toda la política, la justicia, las vivencias que se producen en Chile. Siempre me ha atraído y por obvias razones, desde hace años sigo bastante de cerca los acontecimientos y especialmente, desde el estallido social del 18 de octubre de 2019. Estoy altamente preocupado. Incluso, tuve ocasión de participar con los amigos de Primera Línea y con otras organizaciones de derechos humanos en enero de 2020, en Santiago de Chile, en un evento y después vivir en directo las manifestaciones.
Por lo que yo he visto hasta ahora, pareciera haber mucha posibilidad de aproximarse a la realidad de una acción sistemática preestablecida por parte de algún estamento del Estado. Entonces, esto podría llegar a considerarse como catalogable como crimen de lesa humanidad.
Eso incluye toda la acción sistemática de Carabineros frente a los manifestantes: los cientos de estallidos oculares, la masividad de los presos, las cuestiones que todavía siguen reiterándose. Recién, hubo otra víctima de estallido ocular, acciones de muerte en las propias comisarías, suicidios extraños y muchas más denuncias que afectan a grandes colectivos y a pueblos originarios. Me inducen a pensar que estamos ante un hecho de mayor gravedad y trascendencia que simples posibles delitos aislados, simplemente encadenados. Por lo tanto, sí, yo creo que podrían catalogarse como tales. Pero, en cuanto a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con la que colaboré durante un tiempo como asesor externo, por el principio de complementariedad del estatuto de Roma primero debe dejar hacer su trabajo a los tribunales chilenos.
Es necesario que la justicia chilena profundice con claridad, con detalle, al mínimo dato que desvele esa acción criminal y de protección integral de las víctimas. Si lo hace así, identificando a los posibles autores, aun cuando ocuparan la más alta magistratura del país, donde fuere, no habrá necesidad de que la fiscalía de la CPI actué o abra una investigación o un examen preliminar. Pero, evidentemente, si no se produce ese examen de debido proceso, una investigación exhaustiva con todas las garantías, con dependencia, sí que podríamos enfrentarnos a este escenario.
Por tanto, la responsabilidad de las instituciones, sobre todo de la jurisdicción chilena, es la que determinará si después cabe ante su omisión la posibilidad de abrir un proceso en la fiscalía de la CPI o, por el contrario, ha habido una respuesta proporcionada a la magnitud de los hechos que se han cometido y se siguen cometiendo.
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