Especialista en infancia: «No es que haya que cambiar el Sename, es que tiene que desaparecer»

Alejandra González es trabajadora social, doctora ©  en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e investigadora adjunta del programa de protagonismo infantil de la Facultad de Psicología de la UDP. Como académica, se especializa en temas de la infancia y desde su experiencia abordó, en entrevista con El Ciudadano, la crisis profunda que enfrenta la institucionalidad chilena sobre la protección de la infancia.

¿Cuáles son las falencias de infraestructura e institucionalidad del Sename que han perpetuado la desigualdad y la crisis en la desprotección de los niños?

Uno de los primeros obstaculizadores es la propia existencia del Sename. No es que haya que cambiar el Sename, es que tiene que desaparecer. Su propia existencia e institucionalidad, ubicado al interior del Ministerio de Justicia, desde donde se pretende generar un sistema de protección para todos los niños y niñas de Chile, eso ya es en sí mismo un absurdo porque Justicia no es un ministerio que esté destinado a hacer políticas universales para los niños y niñas.

Las experiencias indican que Justicia debe hacerse cargo sólo de la prestación específica, pero no de la protección, en esta división que supuestamente tiene el Sename en que una parte está especializada en protección y la otra en Justicia. La protección implica generar redes, es otro tipo de trabajo. Debe instalarse en los territorios, es un trabajo intersectorial, tiene otro tipo de complejidades. Hacerlo desde Justicia siempre implica judicializar procesos que perfectamente son no judicializables. Así, todo el trabajo de prevención termina en poco y nada. El Sename cerró los programas de prevención comunitaria que tenía, aunque eran programas que el propio Sename había evaluado positivamente.

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Hay que reestructurar la forma de pensar el trabajo con la infancia. Y eso significa pensar o un Ministerio de la Infancia, o como lo que se hizo en un minuto de generar un comité de ministros intersectoriales. Pensar, en definitiva, en un espacio donde confluyan distintos ministerios porque aquí tiene que participar Salud, Educación, etcétera. Tiene que ser desde la transversalidad. No puede pensarse un sistema de protección desde un servicio al interior de un ministerio.

¿Cómo se da la paradoja en el sistema del Sename que los niños que han delinquido tienen más opciones dentro de la institución que aquellos que no lo han hecho?

Tienen más plata en términos de las subvenciones. El Sename es el administrador de una ley de subvenciones, en la que el Estado tiene escasa administración directa: el 92% cae en manos de distintos privados porque la oferta de prestadores es muy amplia, desde los grandes holdings de intervención hasta hogares o fundaciones que administran un hogar específico. El Estado pone las bases técnicas y normas orientadoras, ellos postulan y se ganan los proyectos. El Sename lo que hace es supervisar la administración de los recursos, el control de gastos y en menor medida una supervisión técnica, del mirar qué se hace. Pero siempre se han quejado de que esta supervisión técnica es muy poco útil, con una lógica muy de control, de ir a mirar si la gente trabaja o no. 

Esa lógica es muy negativa porque hace que el que implementa la política, sobretodo en la lógica de protección, tengan una relación muy viciosa con el Estado: están cooptados por el Estado porque pone la plata y tienen que estar continuamente demostrando que hacen lo que el Estado les dice que tiene que hacer y tienen poca posibilidad de generar un discurso crítico al respecto, se produce una relación clientelar. No insuman técnicamente en la base y tienen muy poco incentivo para egresar a los niños porque se les paga por niño atendido, como en los colegios y las listas de las presencias. ¿Cómo se entiende un egreso? O con la vinculación con la familia o que sea en un proceso de adopción. Esas son las posibilidades.

Se ha hablado de muchos niños muertos en el Sename durante los últimos años. Hay una falta de responsabilidad enorme. ¿Cómo se explica tal nivel de negligencia con la infancia?

Eso es paradójico también porque cuando uno habla con la gente que trabaja en los proyectos de infancia se da cuenta de que están saturados de ingresar datos al sistema del Senainfo. A partir de los datos se entrega la subvención. Y a pesar de estas exigencias del sistema, no hay datos porque no sabemos concretamente cuántos niños han muerto, y eso te habla de una pésima administración en términos del propio dato. Porque las instituciones sí que informan. La base de Senainfo es pésima porque tiene muchos datos perdidos: niños ingresados dos o tres veces, porque entró, por ejemplo, por un proyecto de explotación sexual, pero después en situación de calle y así siempre con el mismo rut.

¿No se pueden entrecruzar los datos?

Tendría que haber una forma para eso porque el Sename tiene una unidad de estudio que tendría que ser la primera en analizar sus propias bases de datos, pero no lo han hecho por falta de voluntad y porque no le dan una importancia al sistema integrado de datos. Cada niño que entrara a ser potestad del Estado tendría que poder dar cuenta del ingreso y de las entidades responsables de ese niño el tiempo que esté.

Los proyectos entregan las cifras y el organismo que administra las cifras no sabe leerlas o no tiene un sistema informático integrado. Y eso es problemático porque si el Estado no sabe, ¿cómo interviene? No hay un panorama completo de la situación de la infancia en Chile, en general.

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Cuando llegaron los primeros datos de esa crisis se contaron sólo los autos de protección y no los autos de infracción de ley. ¿Y murieron cuántos? ¿Adentro o afuera de los centros? Ahí viene el chilenismo de la gente porque claro, si el niño murió un domingo fuera del centro, no se suicidó acá, entonces el muerto no es de nosotros. Pero no, porque este niño estaba bajo la tutela del Estado independientemente de dónde se suicidó, porque el proyecto de intervención tenía una duración determinada y estaba aún en este período. Hay causas de muerte que son negligencias y responsabilidad del Estado.

Cifras que señalan que quienes pasan por el Sename tienen altas posibilidades de llegar a la cárcel, ¿habla por sí mismo de un sistema que condiciona y discrimina a sus niños?

Sí. Se supone que uno de los motivos por los que se hizo la ley de responsabilidad penal del adolescente era ir disminuyendo el reingreso, que quien cayera en un tipo de infracción penal adolescente recibiera una condena y luego no reingresara pero, con esta ley, el reingreso no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado. El problema tiene que ver con la implementación de la ley. A pesar de la plata que tienen los programas de ley de responsabilidad penal adolescente, que no es poca, tienen problemas graves porque trabajar con infractores penal adolescente implica hacerse cargo de una trayectoria que ya es muy compleja. No sólo tiene que ver con tener buenos proyectos, sino que pasa por trabajar con los territorios donde vive el chico, con su sistema educativo, etc. Es muy complejo.

Tenemos un sistema fracasado porque cuando el Estado debería aparecer lo que hace es ponerlos en espacios de protección que nos los protegen. Por ejemplo, lograr revincular, que significa volver a entregárselos a la familias de origen, que en su mayoría son pobres. Y ahí hay otra cuestión porque el Estado no le quita los cabros chicos a las familias ricas, porque no las ve. No porque éstas no vulneren los derechos. Cuando tuvimos el caso de los Legionarios de Cristo, el Estado no se metió a quitarles los cabros chicos a esas mismas madres que defendían al cura O’Reilly, que decían que era inocente. El Estado no fue a decirles a esas madres que estaban poniendo en riesgo a sus hijos ‘aquí hay un proceso judicial y usted no está generando un sistema de protección de estos niños’.

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En cambio, si tienes una madre haitiana en un jardín Junji que se olvida un día o no puede ir a recoger a su hijo, inmediatamente la municipalidad la va a ir a buscar. Hay familias en este país que son públicas y otras que son privadas. Esas familias públicas están bajo los ojos del Estado. Aparece esto que los jueces llaman inhabilidad parental, que no existe en ninguna otra parte, y quiere definir a algunas familias como inhábiles parentales. Yo no tengo idea de lo que es, nadie sabe qué significa eso, ni cómo se diagnostica.

¿Inhabilidad parental es decirle a los padres y madres: tú no sirves para esto?

Es todo y nada. Tú no sabes ser padre, ¿por qué? ¿Porque no sabís poner pañales, porque le pegai al cabro chico, porque no tenís plata o porque trabajas 14 horas diarias? Ahí entran todos los juicios morales de los jueces.

Hay muchos agentes que intervienen y fácilmente pueden etiquetar, estigmatizar a las familias y a los niños con los que trabajan. ¿Cuál es el estigma que cada uno acarrea por culpa de esa subjetividad creada en la moralidad y juicios de valores de todos los que intervienen?

Históricamente Chile trabajaba y yo creo que lo sigue haciendo desde un modelo que se declara tutelar, y eso significa que el Estado es el papá. Nosotros somos sus hijos y cuando sus hijos no están o cumplen una función rara con sus nietos, aparece el Estado como un padre. Y tiene la verdad de un padre autoritario y donde los niños además no tienen voz ni voto. Son objetos que el Estado toma, los pone en un hogar, los protege para que no sean peligrosos contra el resto ni contra él mismo, y bajo esa visión se crea Sename. Una visión tutelar, donde todos somos entes incompetentes en algún sentido. Cuando se firma la Convención en el año 90, se supone que se produce un cambio ahí y el Estado debe adaptarse a ese cambio perdiendo su figura de gran padre.

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Los niños tienen voz y deben ser escuchados, entonces lo que sucede con ellos tiene que ser una discusión bastante más amplia. Antes del año ’90, el Estado sólo actuaba en caso de que el niño apareciera en términos públicos. Los niños privados resolvían sus cosas entre privados. Ese cambio de paradigma se firmó en el año 90 y estamos en el 2016 y aún no ha traspasado a las estructuras de nuestra sociedad. Hasta el día de hoy nuestra sociedad cree que los niños son propiedad de sus padres.

Esa visión se mezcla con otra que establece que los pobres son inhábiles para todo: son pobres porque son flojos y quieren todo gratis y además se reproducen. Tienen hijos y no saben criarlos y cuando los crían lo hacen para que sigan siendo como ellos, ser pobre como sinónimo de no saber criar. Esa es la visión estructural, entonces a esos niños hay que salvarlos de ese destino de pobreza, de miseria, de peligrosidad. Tienen una visión criminógena de la infancia, como si la pobreza fuera en sí misma una maldad.

Los modelos culturales no han cambiado. Para que cambien se requieren voluntades políticas que impliquen concretar estos cambios en reformas estructurales. Eso significa pensar de nuevo el Sename, pero el gobierno ha optado por desarmarlo y dejar a los niños no infractores a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y a los infractores en Justicia. Es hasta el minuto, es la salida más consensuada, al parecer. Yo vengo escuchando esto hace 20 años y no ocurre.

¿Qué opinas de la indolencia de la sociedad chilena frente a este tema? La opinión pública es muy dura incluso para opinar de los niños, para muchos es como la escoria de la sociedad. ¿Cómo llegamos a flexibilizar un concepto tan delicado como la infancia?

Eso es histórico, lo dice Gabriel Salazar: en Chile han habido siempre dos categorías, los menores y los niños. Los menores son los pobres, los peligrosos, los que van a asaltar, los que andan muertos de hambre y se drogan; los niños, en cambio, son los que salen en los comerciales de Falabella, los que son rubios, juegan y son inocentes. La niñez es inocente y buena; los menores son lo peor, tú ves uno en la calle y atraviesas. Y sabes perfectamente lo que es un menor, un niño moreno, sucio, que anda suelto. Los niños andan con sus padres, están en su casa o en la escuela.

Eso tiene consecuencias tóxicas sobre unos y otros. Porque los niños rubios inocentes no tienen sexualidad y para qué voy a prevenir la pedofilia. El pedófilo se va donde sabe que su víctima no se va a defender. Hay que cambiarlo, porque todos son niños. Niños que tienen voluntad, capacidad de resistencia, de decir que no, sujetos constituidos como tal que deben ser escuchados. Si escucháramos más a los niños, y lo dicen los estudios, tendríamos ciudades mejores. Pensar a la infancia incluida y no por fuera tiene una gran cantidad de consecuencias positivas para la sociedad.

Eso no se soluciona con el hecho de que este gobierno haya creado el Consejo Nacional de la Infancia. Vamos a tener una ley de protección y una serie de institucionalidades que van a ser letra muerta si nada de esto ocurre. Hay países que han hecho legislaciones más sólidas que las nuestras, pero si detrás de eso no hay un sistema que implemente cambios estructurales, no pasará nada. La ley no soluciona estas prácticas.

Vanessa Vargas Rojas

Meritxell Freixas