La preeminencia en la política argentina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó en evidencia durante este año en que fue víctima de un magnicidio, fue condenada por la justicia, y anunció que no sería candidata en las elecciones generales de 2023.
Mientras la justicia investiga el intento de homicidio del que fue víctima el 1 de septiembre, la exmandataria (2007-2015) anunció que no se presentaría en los comicios del año que viene, tras conocer la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que recibió por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Este sentencia histórica, que por primera vez condenó a una vicepresidenta en el ejercicio de su mandato, es una cuestión que no puede aislarse del contexto regional, sostuvo durante una entrevista con la Agencia Sputnik la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Dolores Gandulfo.
«Venimos con varias situaciones donde la justicia se involucra en la política, en lo que algunos llaman lawfare o judicialización de la política», planteó esta especialista en Relaciones Internacionales al mencionar el caso de Ecuador.
En ese país, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) se vio imposibilitado de volver a presentarse a las elecciones tras ser condenado a ocho años de cárcel por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del entonces oficialista Movimiento Alianza PAIS.
«En Brasil lo vimos no ya como una foto, sino la película: un proceso de connivencia entre el sistema político y el judicial para imposibilitar la presentación de Luis Inácio Lula da Silva [2003-2010] en las urnas y que llevó a una retracción de derechos humanos durante la gestión de Jair Bolsonaro», relató Gandulfo, integrante de la Red de Politólogas.
Corrupción por doquier
La cuestión de la corrupción y la transparencia, que entró en la agenda en todos los países de la región, se enervó en Argentina con los grandes niveles de polarización que presenta el país.
El veredicto de un tribunal federal en el juicio que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante la gestión de la vicepresidenta y la de su predecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), fue contradictorio, a juicio de esta analista.
Los jueces dictaron una condena sin atender el delito de asociación ilícita que reclamaba la fiscalía, por falta de pruebas. Otorgaron la mitad de los años que reclamaba la acusación respecto al delito de administración fraudulenta, «pero desde el punto de vista político, se le da una condena muy alta, como es la inhabilitación, que además va en contra del sistema democrático, desde el momento en que atenta contra la voluntad popular, que debe decidir quién la representa», observó.
Fuera de la carrera electoral
Con la certeza del tinte político en esta condena, la vicepresidenta anunció que no competirá por ningún puesto en las elecciones presidenciales que se disputarán en 2023, aunque esta decisión no le resta autoridad al momento de decidir quiénes serán los próximos líderes de la coalición gobernante, Frente de Todos.
«Por su centralidad en la política, Cristina va a ser la dirigente que plantee cuál va a ser el proyecto electoral para el año que viene», sostuvo la experta en procesos electorales y en políticas públicas.
Gobernadores, sindicatos y centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT) han comenzado a tantear las posibilidades que ofrece el armado electoral del año que viene.
El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, se encuentra en un péndulo, tironeado por fuerzas de ultraderecha disruptivas y por otras inclinaciones más moderadas ante la posibilidad de reforzar una alianza más amplia que incluya al radicalismo.
En una coyuntura en la que la región se vio defraudada por la última ola conservadora que llegó al poder, después de un proceso que vio nacer a principios de siglo un contexto favorable a fuerzas progresistas y de izquierda, Argentina podría contribuir a consolidar espacios de integración regionales que en los últimos años fueron despojados de su institucionalidad.
«Por ahora sigue primando la polarización, y al revés de lo que muchas veces dice la sociedad en encuestas de opinión, que tiende a indicar que quiere moderación, en los procesos electorales facilitan opciones polarizantes», afirmó Gandulfo.
Los Gobiernos progresistas que ahora reaparecen en América Latina «se enfrentan a coyunturas económicas y sociales, con altos indices de inflación y el impacto de la guerra en Ucrania, que hacen que tengan que mirar más hacia dentro de sus países y quizás no tanto en la posibilidad de pensarse de manera regional», planteó esta argentina.
Frente a la insatisfacción de parte de la sociedad que está inconforme con el sistema de partidos tradicionales, la puesta en valor de instancias de integración, en la que la vicepresidenta puede influir, constituiría una ventaja para la coalición gobernante en Argentina, ante la expectativa de que estos espacios «logren satisfacer las demandas que la ciudadanía quiere«, concluyó.
Argentina celebrará elecciones generales en octubre 2023, con una instancia anterior convocada dos meses antes, las elecciones primarias, que permitirán definir los candidatos que podrán presentarse a los comicios.
Fuente Sputnik
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