El coronel Tulio Arce, director nacional de Gendarmería, visitó El Ciudadano para dar respuesta a los cuestionamientos que su gestión ha debido enfrentar en el último tiempo, tales como la eventual concesión de privilegios a internos de Punta Peuco y el abultamiento de pensiones que reciben ex oficiales penitenciarios, según detectara y objetara la Contraloría General de la República en un reciente dictamen.
Arce habló, por primera vez, sobre la incautación de computadores a ex militares condenados en Punta Peuco llevada a cabo por funcionarios del Departamento de Seguridad y Análisis Penitenciario (DIAP) en 2012. Como publicó en exclusiva este medio en el mes de enero, un informe técnico dio cuenta en esa oportunidad que el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán había enviado diversos correos electrónicos a autoridades institucionales, entre ellas al propio oficial que hoy encabeza la institución.
El mensaje del ex miembro del Comando Conjunto habla del director Tulio Arce como un «amigo» y adjunta un Memorándum Secreto, dirigido al entonces presidente Sebastián Piñera, donde sugería colocar a oficiales de confianza en puestos clave de Gendarmería y asesorías a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Junto con admitir la autenticidad del documento del DIAP y señalar que tomó conocimiento del mismo cuando asumió como jefe máximo del servicio, Arce dijo no estar seguro del destino que tuvieron esos equipos.
«Desconozco (qué se hizo con los computadores), porque la verdad es que me han preguntando harto sobre estos discos duros y yo jamás siquiera vi los computadores… Yo volví de Antofagasta en el año 2014 y consulté sobre esos temas cuando empezaron a consultarme que había un correo», manifestó.
Dejando explícitas sus dudas sobre «la veracidad de que se hayan enviados esos correos (de Corbalán)», el entrevistado precisó que «si había un disco duro, tendría que haberse enviado al Ministerio Público» siguiendo los protocolos, agregando que «no es normal» que internos de Punta Peuco hayan accedido a internet usando computadores propios.
“Yo te puedo decir que desconozco haber recibido ese correo, por eso también me interesa aclararlo, porque uno como autoridad penitenciaria recibe miles de correos de muchas personas permanentemente, entonces no recuerdo haber recibido un correo específicamente”, enfatizó.
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PADRE ACUSADO COMO EX DINA
El Ciudadano consultó al director de Gendarmería sobre informaciones registradas en portales de derechos humanos que sindican a su padre, Carlos Arce Escobar, como un agente de la DINA responsable de maltratos y golpizas a internos de la Cárcel de La Serena en dictadura.
“He escuchado un par de veces ese comentario. Yo les puedo decir que nunca vi a mi padre vinculado a este tema, ni de DINA, ni en materias de derechos humanos. Mi padre ya murió, hace mas de ocho años. Durante todo el tiempo que compartí con él en vida jamás se le llamó, se le vinculó, ni se le procesó por una causa de DDHH», respondió.
Asimismo, cuando se le instó a opinar sobre el Memorándum Secreto de Corbalán, que refiere a él como el «hijo de un funcionario prestigiado de la institución», aludiendo justamente a Arce Escobar, el director nacional restó importancia a dicho antecedente.
“Para mí no tiene ningún valor esa información… En alguna parte de ese Memorándum yo leí, también, que había estado en un seminario con un cura que es Marcelo Mancilla, en circunstancias que yo jamás he estado en un seminario. Creo que la información que en este caso quiere manejar el interno tiene relación con instrumentalizarlo, me imagino que en favor de él, pero utilizando nombres de personas que han estado en lugares estratégicos durante su carrera», indicó.
Finalmente, Arce desestimó la existencia de redes del ex agente represor en Gendarmería. «Yo lo descarto», afirmó tajante.
ARREDONDO Y FUNA A KAST
A fines de mayo, El Mercurio informó que el militar (r) condenado en el caso Caravana de la Muerte, Sergio Arredondo, había logrado salir temporalmente de Punta Peuco para visitar a su mujer antes de morir.
Según el matutino, Adriana Blanchard rogó «misericordia» en una carta escrita al coronel Tulio Arce donde pedía autorización para que su marido, involucrado en el fusilamiento de 14 personas en 1973, compartiera con ella. El trámite dio resultado y seis gendarmes acompañaron al ex uniformado a despedir a su esposa.
Consultado por este caso, el director nacional de Gendarmería dijo no recordar el nombre de Arredondo ni haber concedido la autorización especial, reconociendo, sin embargo, que ella tuvo que haber pasar por sus manos para el visto bueno. “Que una persona este en una cárcel como Punta Peuco o este en la Cárcel de Alta Seguridad, o esté en la Penitenciaría de Santiago, la verdad es que para mí tiene la misma condición”, aclaró.
Respecto a la reunión que sostuvo con el diputado José Antonio Kast, quien solicitó revisar los beneficios carcelarios de reos condenados por violaciones a DDHH (luego de que la Corte Suprema abriera una puerta para su libertad condicional), Arce dijo que el parlamentario estaba «preocupado» por las condiciones que viven reos mayores de 75 años en los penales.
Se le preguntó por qué no recibió en la misma ocasión a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, pero el coronel dijo no recordar que ella hubiese estado presente.
Cabe señalar que el mismo día, a las afueras del edificio de la Dirección Nacional de Gendarmería, Pizarro y otros familiares de presos y ejecutados políticos funaron a Kast por ser «cómplice de asesinos», hecho registrado en un video que se viralizó.
EMPRESA DE EX OFICIAL DE EJÉRCITO
«No es algo que dependa de mí», contestó Arce en relación al posible cierre de Punta Peuco y el traslado de presos de ese penal a un espacio de Colina 1 denominado Asistyr, como indicara un reportaje emitido por Mega a inicios de este año.
En este contexto le fue mencionada la empresa Molival, perteneciente al comandante (r) Rodolfo Molina Hermosilla. Ésta ha ganado cerca del 60% de las licitaciones de Gendarmería en el área de infraestructura, algunas de forma directa.
Cabe precisar que desde 2002, Molina es acusado por la familia del asesinado cabo Orlando Morales Pinto como supuesto encubridor de irregularidades al interior del Comando de Salud del Ejército, dirigida en ese entonces por un general que había pertenecido a la DINA.
«Yo me enteré por la prensa, de que en algún momento salió que había una empresa que estaba vinculada a un oficial de Ejército», manifestó Arce, aludiendo a una publicación del portal Infogate que nombró como clientes de los millonarios servicios de Molival al Hospital Militar La Reina, entre otros.
Arce dijo haber preguntado sobre este caso «al área de Administración y Finanzas, pero como los procesos se hacen de forma automática, por un portal de personas que están ya chequeadas, si una persona fue o no de una institución para nosotros no es tema”.
SALIDA DE SUBDIRECTORES Y PENSIONES
El director nacional también rompió el silencio con respecto a la salida del subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Ortiz, y del subdirector operativo Freddy Larenas, en las últimas semanas. Sobre el primero dijo que «hizo un buen trabajo», pero explicó que «uno como director tiene que buscar al equipo que le acomode y tiene la facultad de ver con qué personas trabaja mejor».
En este sentido, manifestó que Ortiz no había cumplido «los avances que esperaba en materias de reinserción y derechos humanos», ambas áreas que – cabe hacer presente – no son de directa competencia del cargo de SAF. Con respecto a la vacancia de la Subdirección Operativa, el coronel Tulio Arce dijo que la petición de renuncia de Larenas se fundó en el mismo criterio.
Del mismo modo, negó que la salida de ambos tuviera relación con las denuncias que existen respecto al excesivo monto de jubilación de algunos oficiales penitenciarios. Esta situación que fue advertida por el propio Larenas en una ordenanza que llamó a revisar tres casos de pensiones elevadas, como el monto asignado a Patricio Campos, actual asesor de la ministra Javiera Blanco y ex encargado de la cárcel de San Miguel durante el fatal incendio de 2010.
El Ciudadano conminó al director a fijar una posición respecto a las pensiones de retiro de Marco Antonio Fuentes Mercado ($5.850.935) y Juan Jaime Letelier Araneda ($5.866.687), ex directores de la institución.
«Estoy totalmente en desacuerdo y rechazo que haya habido pensiones abultadas… Desconozco de qué forma obtuvieron esas pensiones… Yo no estoy de acuerdo con que se reciban mejores o peores asignaciones dentro de la institución», afirmó. Junto con eso manifestó que acatará el último dictamen de la Contraloría General de la República que fijó en 60 UF el tope de jubilaciones para funcionarios de Gendarmería, sin perjuicio de las acciones paralelas que éstos pretenden ejercer.
SUMARIO POR FILTRACIONES
El entrevistado fue instado a explicar el sumario administrativo abierto por la Dirección Nacional para determinar el origen de filtraciones al periódico El Ciudadano, cuando este medio informó sobre las denuncias por acoso laboral realizadas por la oficial de Gendarmería Linda Cerpa en la ciudad de Copiapó.
Recordemos que el Ministerio Público también abrió una investigación sobre estos hechos al detectar la posible existencia de un delito de distribución de material pornográfico infantil por los funcionarios acusados.
Arce dijo que está «apurando» la investigación de Copiapó, reconociendo con ello que existe una lentitud en la tramitación de varios procesos disciplinarios. «Nosotros también sancionamos a los fiscales, en la medida que se ve que el letargo tiene que ver con dejar de hacer algunas gestiones», sostuvo.
Abordado en particular sobre la visita de un fiscal administrativo a las dependencias de El Ciudadano, quien solicitó información de las fuentes reservadas que filtraron detalles del caso de la oficial Cerpa, el director aclaró: «El fiscal es autónomo en las diligencias que hace. Yo estoy claro que ustedes tienen libertad de publicar y cuidar las fuentes. Yo no hubiera venido como fiscal a preguntar absolutamente nada a ustedes».
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