Los medios ecuatorianos tienen un manejo monopólico y han instaurado una matriz cómplice a las políticas regresivas del Gobierno, actuando plenamente como partidos políticos al servicio de la derecha
En 2012, Rafael Correa se refirió a ella como su posible “sucesora” en la presidencia de la República del Ecuador. En 2013, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de su país, así como también en la persona más joven en asumir, con solo 29 años, ese cargo en Latinoamérica.
Con un trayectoria política que comenzó a los 21 años, cuando fue electa concejala, hoy, a sus 35 años, Gabriela Rivadeneira representa una “amenaza” para la administración de Lenin Moreno, quien ha emprendido recientemente contra ella -al igual que lo ha hecho contra numerosos exfuncionarios del gobierno de Correa (2007-2017)- una persecución judicial para encerrarla tras las rejas.
Reelecta diputada en 2017, Rivadeneira concedió una entrevista exclusiva para El Ciudadano para conocer su visión de la situación político-económica-social que atraviesa Ecuador, en medio de una polémica gestión del presidente Moreno.
El país suramericano presencia un proceso de judicialización de la política sin precedentes en la historia reciente de la región latinoamericana, específicamente desde 1999, cuando emergió Hugo Chávez en Venezuela como el primer gobierno progresista y de izquierda del continente, con la excepción de Cuba.
Los casos de lawfare, Assange, el acuerdo con el FMI, el viraje de Moreno a la derecha, la presencia militar estadounidense en su país y otros temas actuales que afectan a la sociedad ecuatoriana, los abordó Rivadeneira con la sinceridad que la caracteriza desde que su nombre apareció por primera vez en la prensa.
A continuación, la entrevista completa:
Luego de casi dos años de Gobierno de Lenín Moreno, ¿cómo definiría el cambio de rumbo que tomó la política ecuatoriana, tanto a nivel interno como diplomático?
En materia institucional ha existido un deterioro como en ningún otro país de la región. En Ecuador no vivimos en Estado de Derecho, hay violaciones a la Constitución todos los días, es algo cotidiano. El Poder Judicial es manipulado, al igual que el Consejo Nacional Electoral, y un sinnúmero de casos adicionales.
En materia económica se produjo un gran deterioro con la aplicación de políticas neoliberales, a través de una carta intención con el FMI que implica despidos masivos, flexibilización laboral, aumentos de tarifas de electricidad, gas y combustible, condonación de impuestos a los sectores más ricos, disminución del presupuesto de salud y educación.
Existe, además, una desconfianza en la población acerca de la capacidad de liderazgo de Lenin Moreno. Al menos 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en el Presidente. Su alianza política para gobernar, que en Ecuador llamamos “la partidocracia”, y la aplicación del plan de gobierno de quienes perdieron las elecciones en febrero de 2017 (la derecha), ha generado desconfianza en la población y un cambio de rumbo respecto a lo elegido por la ciudadanía en las urnas.
En el plano internacional el cambio fue aún más radical: se dio la espalda al ALBA, a la CELAC, el retiro de Unasur y el acercamiento a Prosur, el foro ideológico neoliberal.
El presidente Moreno ha demostrado un mayor acercamiento al Gobierno de Estados Unidos, ha suscrito acuerdos con el FMI, el Banco Mundial y el BID. La carta de intención con el FMI no ha pasado por la Asamblea Nacional, y creemos pretenden mantener en reserva los alcances de ese acuerdo.
Desde febrero de 2018, en el Palacio de Gobierno se instaló una oficina de cooperación militar norteamericana y el embajador de ese país ha dicho que su presencia será principalmente para “sostener” al Gobierno de Moreno.
Además, “suspendió” de forma ilegal la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange e incumplió principios internacionales de asilo, como el de no devolución, vulnerando los derechos humanos de este ciudadano, claramente en un gesto de congratulación hacia EE. UU.
El movimiento correísta que estuvo 10 años al frente de la Revolución Ciudadana, ¿cómo asume los resultados de las recientes elecciones seccionales?
Después de dos años de bloqueo político implementado por el CNE, por disposición expresa del Ejecutivo, y de pasar por cuatro intentos formales (1.- Disputa Alianza País, 2.- Revolución Ciudadana, 3.- Revolución Alfarista, y 4.- MANA) conseguimos casillero electoral con “Compromiso Social”, partido nacional que permitió la participación de nuestros cuadros, pero no en todo el país, ya que establecimos zonas estratégicas y de ellas logramos en las elecciones seccionales ganar dos de las tres provincias con mayor población: Pichincha y Manabí.
Eso dio un respiro al proceso de restructuración política de la fuerza “correísta”. Claro está que, el principal reto que tenemos es la conformación de un frente de organizaciones sociales y políticas bajo la consigna de “lucha antineoliberal”, y solo así podremos conseguir mejores resultados en pro de las mayorías populares y clase media.
¿Volvió Ecuador a las garras del FMI con el reciente préstamo otorgado a Moreno o aún hay oportunidad de salvarse de las latentes medidas de austeridad y antipopulares?
Desde el inicio del Gobierno de Moreno, el giro en la política económica fue dirigido a acuerdos con organismos de financiamiento y cooperación con agencias del norte. La percepción de crisis generada por el propio Gobierno fue el justificativo perfecto para cerrar el acuerdo con el FMI.
Las medidas ya se aplican, las cifras muestran un decrecimiento en los indicadores de desarrollo, hasta 268 mil personas perdieron su empleo adecuado o pleno, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos. Además, se estima que para el cierre de 2019 crezcan en tres puntos porcentuales la pobreza y el desempleo.
¿Esta aparente nueva relación de subordinación de Carondelet a la Casa Blanca podría traer como consecuencia el regreso de la base de Manta a Ecuador? ¿O quizás de alguna otra instalación o contingente militar estadounidense? ¿Es legalmente posible?
La Constitución de Montecristi cerró toda posibilidad de instalación de bases militares extranjeras. Sin embargo, la oficina de cooperación militar estadounidense instalada en Carondelet remplaza cualquier intento de base militar, pues ya no les son necesarias si tienen a servicio propio el aparato del Estado.
La obsesiva persecución judicial que ha emprendido Moreno contra políticos que alguna vez trabajaron con Correa es única. ¿Qué acciones se están planificando para vencer este agresivo lawfare que busca extinguir el correísmo en Ecuador?
Los medios de comunicación que, en nuestro país tienen un manejo monopólico, han instaurado una matriz cómplice a las políticas regresivas de Moreno, y actúan como en el resto de los países de la región: son partidos políticos que cumplen su rol de desprestigiar cotidianamente a los procesos y líderes progresistas. Esa es la complicidad que denota el formato “lawfare” en la región. Ya no necesitamos metralletas, ahora tenemos a las corporaciones mediáticas aniquilando en una suerte de “descorreizamiento” y con ello justificando las políticas antipopulares implementadas.
Hemos sufrido la censura de la única radio pública cercana, Pichincha Universal; de los medios digitales Ruta Krítica y Ecuador Inmediato, del Facebook de Rafael Correa, que ha sido bloqueado. Incluso, abrimos una nueva cuenta, pero apenas 24 horas después la cerraron también sin ningún reporte o preaviso. Sin embargo, días atrás, el representante de Facebook para Ecuador se reunió públicamente en Carondelet con Moreno. Además, las cuentas de redes sociales de dirigentes de la Revolución Ciudadana sufren ataques permanentemente. Sin duda, vivimos un absurdo bloqueo mediático en medios tradicionales y un boicot permanente en medios digitales.
Es claro que se trata de una estrategia regional. Ejemplo de ello es que los modus operandi se repiten en Argentina y Brasil, en formas similares o idénticas, como utilizando el sistema de justicia para judicializar a líderes progresistas. Nuestra forma de resistir a este embate será acompañarnos con el pueblo y su organización, en eso estamos concentrados, en trabajo político para vencer los cercos mediáticos, políticos y judiciales, y denunciar el mayor caso de corrupción de la historia del país, vinculado a la familia presidencial: la offshore INA Investment que ya está en investigación en varios países, menos en Ecuador, donde el caso está parado en la Fiscalía General de la nación.
¿Cuál es la condición actual del exvicepresidente Jorge Glas? ¿Cómo asume su vil encarcelamiento?
Jorge Glas fue el primer preso político del Gobierno de Moreno, encarcelado sin pruebas, sin sustento, así mantienen al vicepresidente electo desde hace más de año y medio. En palabras de uno de los asesores presidenciales, cuando en un canal de televisión le preguntaron ¿por qué Glas está preso?, su respuesta fue: “Por la fuerza de las circunstancias”, haciendo evidente la persecución en este caso.
En el caso del excanciller Ricardo Patiño, ¿cuál es la verdadera justificación política que tiene el régimen de Moreno para perseguirlo judicialmente?
A Ricardo se le acusa del delito de “instigación”. En una asamblea militante, dando su discurso, Patiño señaló: “Vamos a declararnos en resistencia combativa, resistencia pacífica ante el régimen de Moreno”. Por esa frase es judicializado, le emitieron una orden de prisión preventiva, un mecanismo utilizado por la justicia como primera acción para iniciar los procesos de investigación. Pero luego, los denunciantes ahora quieren cambiar el delito a terrorismo, incorporando a cinco dirigentes más por “complicidad”. Entre esos dirigentes está mi nombre.
¿Teme que en algún momento puedan emprender una persecución política y judicial con usted también?
Después de la ruptura con el Gobierno, y cuando asumí con Patiño la dirigencia nacional, recibimos la alerta de que constamos en una supuesta “lista” de quienes deben ser judicializados. En mi caso particular, tengo nueve auditorías en Contraloría y tres procesos en Fiscalía, y ninguno ha sido cerrado a pesar de haber presentado toda la documentación de descargo.
En las últimas semanas ha escalado la persecución al “correísmo”, a raíz de un informe publicado en un portal digital, que involucra a varios excolaboradores del Gobierno de Correa y actuales dirigentes del correísmo. Un caso plagado de irregularidades, datos contradictorios, irreales y que no coinciden en tiempos de ejecución de fechas de cumplimiento de responsabilidades.
El caso llamado “arroz verde” trata de supuestos aportes de privados, incluyendo transnacionales como Odebrecht, a campañas electorales. Quisieron involucrarme en este caso como ex secretaria ejecutiva de Alianza País, pero son tan burdos que no se dieron cuenta que mi periodo de secretaria fue de seis meses -de mayo a noviembre de 2017-, antes de la ruptura y posterior a la posesión del presidente Moreno.
Por este caso, mientras me encontraba en México en actividades electorales en Puebla, quisieron extenderme una “acción urgente” para mi detención. Pero retorné al país, la amenaza es evidente, al punto que en entrevista en una radio, la ministra del Interior, María Paula Romo, acepta que hay ciudadanos que mantienen en monitoreo y vigilancia, sobre los cuáles recibe alertas para conocer de nuestros movimientos permanentes
Sus palabras fueron: “Cuando hay este tipo de alertas me mantienen informada”, refiriéndose a mis movimientos migratorios y en el interior del país. Tal como operan no necesitan razones, pruebas o delito cometido; necesitan un entorno mediático favorable y las condiciones judiciales para eliminar de la palestra política a cualquiera que pueda postularse a las elecciones nacionales o ejercer el derecho a ser opositor al Gobierno y a sus poderes aliados.
Tras el escándalo de INA Papers ¿Qué medidas se piensan tomar desde el Parlamento? ¿Desde los movimientos políticos y sociales se piensa ejercer alguna acción judicial en contra de Moreno por este tema?
La denuncia contra Moreno y su entorno familiar fue presentada por nuestro compañero de bancada Rony Alega, hace unos meses, en la Fiscalía para su investigación. Sin embargo, los resultados en esta instancia han sido casi nulos. Ante la poca respuesta nacional, se acudió a poner la denuncia respectiva en España, Suiza, Panamá y Estados Unidos, países donde las cuentas de la offshore INA Investment han realizado transferencias y movimientos financieros inusuales. Esperamos que las acciones internacionales presionen la instancia nacional para tener celeridad en el caso.
¿Cómo ve el futuro de Julian Assange tras la vil entrega que hizo el Gobierno de Moreno y la sentencia ya impuesta por Reino Unido?
Lo que hizo Moreno al entregar a Assange no solo vulnera la Constitución ecuatoriana, sino también todos los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Fue una entrega sin precedentes que, además, puso en alto riesgo la vida de Assange. Desde que Washington incluyó a Assange en su lista de “amenazas a la seguridad nacional” corría riesgo su vida, una vida que fue protegida por la voluntad política de Rafael Correa de acogerlo como asilado en nuestra embajada. Ahora, por decisión de Moreno, Assange enfrenta la más absurda persecución y amenaza real a su vida en manos del Gobierno norteamericano.
¿Cómo pudo Lenín Moreno tomar el control del movimiento Alianza País? ¿A través de engaños, tretas jurídicas, sobornos? ¿Qué hay detrás de esa jugada que realizó?
Cuando decidimos romper con el Gobierno de Moreno, producto de su viraje a la derecha, su incumplimiento del plan de gobierno y sus pactos con los poderes fácticos del país, decidimos en la dirección nacional de Alianza País, de la cual yo era su secretaria ejecutiva, la separación de Moreno del cargo de Presidente de AP, cumpliendo con el régimen orgánico y las normas electorales del país.
Acto seguido, Moreno convocó a una dirección paralela y deciden la expulsión de dirigentes de lo que empezó a llamar el “ala correísta”. Presentados los recursos ante el CNE, empezó la lógica de bloque político electoral, dando la razón del actuar a Moreno y entregándole la representación jurídica del movimiento
La decisión fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (máximo órgano para organizaciones políticas), ante el cual también interpelamos la decisión. El último trámite, con el que agotamos la vía interna, fue resuelto en marzo pasado.
El Gobierno de Ecuador dio el primer zarpazo contra Unasur, arrebatándole la sede e iniciando un boicot regional. Con siete gobiernos en contra, ¿puede salvarse Unasur?
Con la correlación de fuerzas políticas en la región, adversa al progresismo y a los organismos de integración regional que velan por el cumplimiento de Derechos Humanos y la soberanía regional, considero muy complejo que pueda sostenerse, peor aún, fortalecerse la Unasur. Lo digo con dolor, siendo Ecuador la sede de su centro de operaciones, hoy abandonada, desmantelada y con solicitud pública de devolución del edificio ubicado en la mitad del mundo. Además, osadamente Moreno participó, a la par de amenazar la existencia de Unasur, al lanzamiento de Prosur en Chile, en una clara muestra del guion internacional que sigue el Gobierno ecuatoriano.
¿Qué opinión le merece la posición asumida por el Gobierno de Moreno respecto al cerco que hoy vive Venezuela?
No nos sorprende la postura respecto a Venezuela. En su visita a Ecuador, el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, uno de los temas que abordó fue exactamente el tema Venezuela, en la lógica de que Ecuador se sume al bloqueo promovido por EE. UU. en la región. De ahí, resulta miserable aprovecharse de una situación dolorosa como la migración venezolana hacia nuestro país para cambiar la normativa de migración, contraviniendo la Constitución y la ley de movilidad humana. Además, fue uno de los primeros gobiernos en reconocer al autoproclamado Juan Guaidó y en emitir criterios que violentan la norma de no injerencia en países soberanos.
¿Cuán peligroso es el avance de la derecha en el continente y el resurgimiento agresivo de Estados Unidos en la región?
Es claro que la derecha utiliza una estrategia regional para retornar a los gobiernos en los países de nuestra región. Los modus operandi se repiten en Argentina, Brasil y Ecuador. Se utiliza el sistema de justicia para judicializar a líderes progresistas. Por ello, estoy convencida en el cambio de la matriz cultural, somos pueblos que hemos pasado por embates colonizadores permanentes, somos sociedades patriarcales, y eso es lo que hay que transformar también.
Hicimos todo en la lucha contra la pobreza, dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza producto de la redistribución de la riqueza (factor común en Brasil, Argentina y Bolivia), pero, al no dar acompañamiento en ese cambio, se sumaron a una clase media consumista, que luego se convirtió en antagonista al proceso revolucionario. Hoy, esa población, a falta de políticas de protección a la clase media, está retornando a la pobreza y vuelve a organizarse para exigir sus derechos. Son las nuevas oleadas movilizadas de personas indignadas que estamos viendo en nuestros países.
¿Qué destino le ve a la izquierda en América del Sur a corto, mediano y largo plazo?
El camino que le depara a Ecuador, como a Brasil y Argentina, para regresar a procesos nacionales y populares, es político. Por tanto, construir fuertes organizaciones políticas, junto a organizaciones sociales, es la disputa nacional, reconociendo la disputa electoral como mecanismo de ascenso de los sectores populares a ser gobiernos nuevamente y continuar con la construcción del Socialismo del Buen Vivir.
Vemos con mucho entusiasmo las encuestas en Argentina, que ubican al binomio Fernández-Fernández en primer lugar de preferencia electoral; y también el punteo de Evo Morales en Bolivia, que también atraviesa por serias amenazas de un viraje conservador.
A pesar de los duros golpes a la democracia y a las libertades, tengo confianza en la sabiduría de los pueblos, pueblos humildes que buscan mejorar sus condiciones de vida y saben que quienes lo empezamos a hacer somos los del lado popular, los del Buen Vivir, los de las Revoluciones. Hoy la consigna es “Resistir, vencer y volver”.
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