El jurista mexicano explica que las irregularidades en la pesquisa a fin de obstaculizar el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 es evidencia de una actuación vil por parte de los anteriores responsables
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, expuso a los familiares de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 que la «mala fe» en la investigación sobre el caso podría configurar un «crimen de Estado», dijo Humberto Guerrero, uno de los abogados de las víctimas.
Una idea ilustrativa que el fiscal expuso a padres y madres de los jóvenes fue que «él tiene dudas de que la desaparición de los estudiantes fuera un crimen de Estado; pero está seguro de que la investigación realizada de mala fe, sí fue un crimen de Estado», dijo Guerrero, quien acompañó a los familiares en la reunión con el funcionario, celebrada en el Palacio Nacional el miércoles pasado.
El jurista explica que esa noción expuesta por Gertz Manero se basa en que «existe una responsabilidad de altos funcionarios al llevar a cabo una investigación manipulada, para ajustar la verdad de los hechos a otros intereses, para cerrar en forma deliberada el caso, lo antes posible».
En la reunión, en la que participó brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea central de Gertz Manero fue que «la fiscalía no puede confiar en las bases de la investigación que dejó la anterior administración; y que se debe reconstruir lo realizado en las primeras horas de las indagatorias».
En la localidad de Iguala, cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos para viajar a una manifestación en la capital fueron atacados a balazos por patrullas de policías municipales, que los secuestraron y los habrían entregado al grupo criminal Guerreros Unidos. Varios militares de inteligencia hicieron indagaciones en el terreno en la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente.
Guerrero, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del centro de análisis Fundar, que integra el equipo de defensa de las familias de los desaparecidos, dijo que «la estrategia de la fiscalía general no trata de tirar a la basura la investigación realizada hasta la fecha, sino convertirla en prueba, con elementos que evidencien una posible actuación de mala fe» de los más altos funcionarios federales anteriores.
Este nuevo enfoque de la fiscalía general autónoma apunta a reconstruir la investigación y determinar la responsabilidad del entonces fiscal Jesús Murillo Karam (2012-2015) y del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, autores de la llamada «verdad histórica«, desde el primer momento de la desaparición de los estudiantes.
Gertz Manero señaló también que el voluminoso expediente de más de 150 tomos, construido sobre los hechos que comenzaron la noche del 26 de septiembre de 2014 y que continuaron el siguiente día en Iguala, estado de Guerrero (sur), 220 km al sur de la capital, «está demasiado sucio y debe limpiarse».
Las autoridades consideran que la construcción del expediente, desde las primeras horas, «está plagada de irregularidades, la evidencia apunta a que fue una investigación dirigida a obstaculizar el conocimiento de la verdad», enfatizó el jurista, experto en reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en trabajo con víctimas de graves violaciones.
Postura del fiscal especial y el Gobierno
A su turno, el nuevo fiscal especial del caso, Omar Gómez, dijo a las familias que «existió mala fe desde los primeros momentos de la investigación y la interpretación que se hizo». Ese hecho involucra a policías de investigación, agentes del Ministerio Público, funcionarios federales y de la entonces procuraduría general, hoy fiscalía general.
La nueva comprobación implicaría «comenzar desde los más altos responsables«, Murillo Karam y Zerón, para después observar a una serie de responsables de las diligencias mal hechas, dijo el fiscal. Además, se debe evitar que continúen las liberaciones de imputados por las irregularidades procesales, agregó. El 14 de septiembre la justicia liberó a 24 inculpados, que llevó la cifra de imputados en libertad a 77 de los 142 detenidos y acusados por el caso.
Por su parte, el secretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, planteó en la reunión recuperar toda la información relacionada con los militares del 27 Batallón del Ejército en Iguala y los datos de inteligencia del desparecido Centro Información y Seguridad Nacional (Cisen), que se enlazaba con autoridades federales, estatales y municipales.
Al mismo tiempo, recomendó continuar las actividades de búsqueda en el terreno, que se han mantenido en forma permanente, utilizando tecnología de punta, y evitar la liberación de personajes clave del caso.
El especialista en Derecho Internacional Humanitario admite que no es el mejor clima en el que los familiares esperaban llegar al quinto aniversario de los hechos.
«En vez de la verdad, llegamos con un clima tenso, pero dentro de la crispación natural por la incertidumbre y el desencanto por la liberación de imputados, surge cierta expectativa en el horizonte, una estrategia clara para valorar la voluntad del nuevo Gobierno para escalecer el caso», concluyó.
Una próxima reunión se celebrará en los primeros días de diciembre, para revisar los avances de la estrategia expuesta, recibir informes, o conocer los obstáculos, «para poder decidir conjuntamente», anticipó Guerrero.
Cortesía de Sputnik
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