Independencia Cataluña: «Podría ser una de las grandes revoluciones democráticas del sur de Europa»

Municipalista, asambleario, socialista, independentista y feminista. Así se define el proyecto de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) – Crida Constituent (CC), una de las dos coaliciones que impulsan el proceso independentista de Cataluña. A caballo entre los movimientos sociales y la representación institucional, la CUP entró al Parlamento catalán en 2012. Tras las elecciones de 2015, sumó esfuerzos con Junts pel Sí (JxS), que acoge bajo las mismas siglas a los liberales y a la centroizquierda, para acordar una hoja de ruta que lleve a los catalanes y catalanas a la independencia en un plazo de 18 meses. Eso, en medio de la reiterada negativa del Estado Español a convocar un referéndum para que sea el pueblo catalán quien decida sobre la permanencia o no dentro sus fronteras.

Para conocer los avances y desafíos de la legislatura que hace pocas semanas empezó en Cataluña, El Ciudadano conversó con el ex diputado en el Parlamento catalán de la CUP-CC Quim Arrufat.

La base independentista en Cataluña creció exponencialmente en los últimos años. ¿Qué factores influyeron en dicho aumento?

La explicación más sistémica que le damos desde la CUP es que desde hace más de 10 años, antes de la crisis económica, social y política que estalló en el Estado Español, empezó a darse un proceso de recentralización de las funciones autonómicas que se tradujeron en un progresivo recorte de la capacidad de autogobierno. Esto afectó directamente al reparto de derechos sociales, inversiones públicas y garantías democrática.

La autonomía catalana [situación actual dentro de España y distinta a la reclamada independencia] dejó de tener sentido hace cuatro o cinco años, cuando estalló la crisis económica y social, la deuda de Troika, los recortes y la recentralización política e institucional del Estado Español y perdió su capacidad legislativa y presupuestaria. Esto desencadenó una reacción independentista entendida como una opción de soberanía política y democrática para instaurar un marco político propio en forma de Estado o de República independiente, que facilite que los catalanes sean los que decidan sobre su propio futuro en todos los ámbitos. Por eso, el independentismo pasó de ser una posición política defendida por un 15-20% de la población a alcanzar alrededor del 50-55%.

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¿Qué tan importante ha sido el rol de la sociedad civil en este proceso?

Para explicar esto hay que retroceder unos años atrás para recordar las manifestaciones masivas a favor de la independencia que desde 2010 han sacado a la calle entre 1 y 2 millones de personas; las consultas ciudadanas organizadas desde el movimiento independentista, entre 2009 y 2011, en más de 550 municipios; y en 2014, la consulta no vinculante sobre la independencia acordada por 2/3 del Parlamento y que el Estado Español no reconoció. No sólo eso, sino que además la persiguió y amenazó con la suspensión de la autonomía si se llevaba a cabo. Aún así, más de 2.300.000 personas votaron para demostrar la voluntad democrática de un pueblo.

Tras el rechazo sistemático del Gobierno español para celebrar un referéndum, se convocaron las elecciones del pasado mes de septiembre como unos comicios plebiscitarios. Se pidió a la gente que se expresara en torno al ‘Sí’ o al ‘No’. En la bancada del ‘Sí’ había dos formaciones políticas, JxS y la CUP, que juntas sumaron 72 de los 135 diputados. La mayoría fue suficiente para empezar a construir las estructuras de la nueva República durante la nueva legislatura, que tiene un plazo muy concreto: 18 meses.

Precisamente en las últimas elecciones parlamentarias la CUP pasó de los 3 diputados conseguidos en 2012 a los 10 alcanzados el pasado mes de septiembre de 2015. ¿Cómo se dio ese salto?

La CUP optó por el municipalismo popular para empezar el trabajo político desde los barrios y desde los municipios. Creció lentamente hasta que se dio la crisis social y política que revolucionó la sociedad, la activó políticamente y hundió los viejos partidos. Esto aceleró su crecimiento hasta el punto que decidió aprovechar la oportunidad de cambio político para presentarse por primera vez a las elecciones del Parlamento catalán en 2012, cuando obtuvo sus tres primeros diputados.

Gracias a la activación de la ciudadanía, se produjo un crecimiento de la popularidad de la CUP que reprodujo en el conjunto de los movimientos sociales en torno a la defensa de los derechos sociales, de otro tipo de economía y, sobretodo, de la recuperación de la democracia.

Los resultados de las últimas elecciones al Parlamento catalán permitieron formar un Gobierno claramente independentista a partir de los 72 diputados que sumaron JxS y la CUP. ¿Cómo calzan dos formaciones ideológicamente tan antagónicas para desplegar la hoja de ruta acordada?

Es una situación muy sui generis y sólo esto explica que la CUP pueda dar su apoyo desde afuera, totalmente condicionado a que realmente en 18 meses el Ejecutivo catalán saque adelante los acuerdos en torno a la preparación legislativa de la nueva República.

Hacia la desconexión

¿Qué pasará durante estos 18 meses?

Lo que haremos durante este período es diseñar las leyes de Hacienda propia, Régimen Jurídico, Protección Social y Proceso Constituyente. Utilizaremos los 18 meses para debatir, en el marco del parlamento autonómico, leyes que en realidad no son de un parlamento regional, sino de un parlamento soberano.

El debate y la redacción no los puede suspender el Estado Español, sería un golpe de estado contra los representantes electos del pueblo catalán. Las aprobaremos todas de una el último día, 24 horas antes de convocar elecciones constituyentes. Este será el primer gran acto de desobediencia institucional en que el Parlamento aprobará unas leyes propias de una República libre y no de una región española.

Posteriormente convocaremos a la ciudadanía a unas elecciones constituyentes, para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente. Ésta dispondrá de un año para redactar la nueva Carta Magna, que posteriormente será sometida a un referéndum constitucional.

En este punto, el Estado Español tendrá que decidir si se impone y anula las instituciones catalanas y todos los actos votados en el último pleno –a pesar de que  la población los haya votado y refrendado en varias ocasiones– o si se aviene a negociar y entiende que el proceso catalán no es un antojo temporal sino un proyecto propositivo, de construcción de una República justa.

¿Y si en el referéndum constitucional, que sería el último paso del proceso, gana el ‘No’?

Sería un fracaso, una desilusión muy grande, pero sería democrático. El juego democrático tiene eso, se puede perder. Si la gente en un momento determinado dice ‘No’, pues es lo que la gente quiere. Este proceso sólo se aguanta por la gente.

Es un proceso complejo para 18 meses.

Puede parecer muy raro porque es una vía que nadie ha iniciado nunca antes y a veces nos encontramos que cuesta mucho que se entienda en el extranjero. No es un pacto de Gobierno normal, ni una legislatura normal. Pero la situación en la que vive Cataluña en términos democráticos tampoco es normal. Hay una mayoría social y política que apuesta por la independencia y hay otra, aún mas mayoritaria, que incluye no independentistas, que está favor del derecho a decidir de un referéndum de independencia, como se hizo en Escocia o en Quebec.

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La anormalidad de la situación es que el Estado español niega por activa y por pasiva la posibilidad de celebrar el referéndum. Sin embargo, no todas las formaciones del Estado rechazan esta opción. Podemos e Izquierda Unida, una coalición en torno al Partido Comunista de España (PCE), exigen y han reclamado un referéndum para Cataluña, pero son minoría.

En la declaración de inicio del proceso de independencia, que firmaron tanto JxS como la CUP, se explicitó el “no supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado Español», en particular del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se llevará a cabo en la práctica esta desobediencia?

Será imprescindible la presión de la ciudadanía. Detrás de esto no hay ni Rusia ni Estados Unidos, no somos una potencia, ni tenemos oro ni petróleo. Lo único que tenemos es la gente. No hay que desobedecer sin orden y provocando situaciones de confusión o de desgobierno. Básicamente hay que sumar fuerzas democráticas para poder proclamar la independencia con una mayoría democrática avalada por las urnas en torno a una Constitución.

Después de eso habrá que trasladar el conflicto entre Catalunya y el Estado Español al ámbito internacional. Tendremos que preguntar, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, quién quiere reconocer el proceso. La vía será la apelación internacional con unos resultados avalados y consultados, para que fuercen al Estado Español a reconocer la independencia y el derecho a decidir.

A partir de la proclamación de la independencia, las instituciones catalanas tendrán que empezar a operar como una república independiente, con funcionariado propio, presupuestos propios, etc. Eso, mientras el conflicto con el Estado esté vigente, tendrá que hacerse apelando a algún tipo de crédito internacional que permita negociar el proceso de separación con España.

Proceso Constituyente

Cataluña y Chile tienen en común que este 2016 impulsan un proceso Constituyente. En el caso chileno, para deshacerse de la Constitución de 1980, redactada en tiempos de la dictadura. En el caso catalán, para elaborar su primera Constitución democrática. ¿Cómo se piensa desde la CUP este proceso constituyente?

El proceso tendrá dos fases. La primera se inaugura en estos 18 meses, que es la fase civil, no institucional, donde las organizaciones sociales, políticas, sindicales, etc. tendrán que generar sus debates sobre el contenido de la nueva Constitución.

La segunda iniciará después de las elecciones constituyentes, y será la fase institucional. Los representantes elegidos al Parlamento tendrán la misión de recoger todo lo hablado en la sociedad, todos los documentos elaborados, para redactar y acordar el texto de una nueva constitución en el plazo de un año.

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¿Piensan en algún modelo concreto?

En América Latina nuestros referentes son los procesos de cambio político de países como Ecuador, Bolivia o Venezuela, por haber intentado poner la riqueza de un país al alcance de la gente, con sus errores y aciertos, y con toda la diferencia cultural que existe entre nosotros.

Además aportaremos ejemplos de otros procesos constituyentes, como los de Islandia o Irlanda. Y ahora también estamos muy atentos a los primeros pasos del proceso chileno.

Tendrá que ser un texto de segunda o tercera generación, es decir, que incluya no sólo las estructuras básicas del Estado, sino que también tendrá que contemplar una carta de derechos sociales y democráticos. Hay que evitar que ciertos temas, como el salario mínimo o las garantías laborales mínimas, sean sometidos al debate político y a los cambios que decida el Gobierno de un determinado color.

¿Cómo puede influir la conformación del nuevo Gobierno español al proceso que se vive en Cataluña?

En Cataluña las mayorías se ensanchan o se reducen en función de lo que pasa en el Estado Español. Hay una base independentista muy solida, pero también hay una mayoría política que oscila en función de si en España hay gobiernos más democráticos, abiertos y plurinacionales, o si son de derechas, recentralizadores, protroika, antiurnas, etc.

Por eso la importancia de las negociaciones que estos días se cocinan. Si lo que sale es un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, la independencia de Cataluña será imparable y el apoyo a la República crecerá mucho porque aplicarán una serie de políticas en contra de los derechos sociales, laborales, de la cultura, de la democracia, etc.

 Proyección internacional

¿Como responsable del área de Relaciones Internacionales de su formación, ha tenido ocasión de viajar por América Latina (Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, etc.) para explicar el proceso catalán. ¿Cuál es la mirada de esta experiencia desde la región latinoamericana?

Hay una retórica elaborada que da una imagen muy deformada de lo que ocurre en Cataluña. Por ejemplo, nos encontramos con el tópico de la insolidaridad económica de la región más rica hacia el Estado. Es cierto que el PIB de Cataluña es superior al de otras regiones de España, pero eso se da porque es una región industrial y para que una región industrial genere muchos ingresos necesita emplear a muchos trabajadores de forma precarizada. No es una cuestión de rentas, ni de riquezas naturales, sino que es fruto del trabajo.

Otra cuestión a desmentir es que el movimiento que impulsa el proceso es conservador, nacionalista y hasta xenófobo. Cataluña tiene más gente inmigrada que no nativa, porque en los últimos 50 años tuvo varias olas migratorias que la convirtieron en una mezcla multicultural y multiétnica donde sería imposible que un proyecto exclusivamente nacionalista tuviera éxito. Nunca sumaría mayorías.

Junto con eso, es de los pocos lugares de Europa que no tiene una extrema derecha ni un racismo organizado, frente a una Europa donde no sólo hay gobiernos racistas o de extrema derecha, como ocurre en Hungría o Polonia, sino que además en muchos países, como en Francia, Holanda o Austria, tienen instaladas como segundas o terceras fuerzas del parlamento a formaciones de extrema derecha.

¿Cómo explican desde la CUP el proceso independentista en el exterior?

Defendemos que en la base del movimiento soberanista hay la voluntad de construir una República más democrática y social, para ensanchar los derechos a la ciudadanía mediante un proceso radicalmente democrático y pacífico. La sociedad catalana es profundamente pacifista, educada en el antimilitarismo, porque a lo largo de su historia sufrió golpes de estado, dictaduras militares y fascismo.

Si tiene éxito el proceso en Cataluña puede que se convierta en una de las grandes revoluciones democráticas del sur de Europa y que provoque más cambios democráticos en esta parte del continente.

Meritxell Freixas