Joel Hernández CIDH: «Es un momento para reflexionar sobre los esfuerzos que ha hecho Argentina, tanto el Estado como la sociedad, para avanzar en su consolidación democrática»

El Abogado mexicano y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la OEA reflexiona respecto a los avances y retrocesos en las garantías de los derechos humanos, tanto en Argentina como en el resto de la región

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asumió un rol fundamental en la tarea de dar a conocer, en el plano internacional, las graves violaciones cometidas en Argentina durante la última dictadura cívico militar. En septiembre de ese año, una comisión de ese organismo, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recopiló información y denuncias sobre secuestros y torturas; entrevistó a familiares de desaparecidos y visitó cárceles y centros clandestinos de detención.  

Meses después, en abril de 1980, ese trabajo dio lugar a la presentación de un informe clave para advertir a la comunidad internacional lo que estaba sucediendo en el país sudamericano. Mientras tanto, el Gobierno del dictador Jorge Rafael Videla se esforzaba por ocultar las violaciones sistemáticas por parte del aparato estatal, bajo una campaña que esbozaba que los argentinos eran «derechos y humanos«. 

A 40 años de esa histórica visita, y 60 de la creación de la CIDH, una delegación del organismo llegó este jueves a Buenos Aires para conmemorar y homenajear a las víctimas de la represión ilegal. La comitiva está integrada por la actual presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el vicepresidente primero, Joel Hernández; la comisionada Antonia Urrejola; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; la coordinadora de promoción, Constanza Argentieri, y el especialista de la secretaría ejecutiva, Erick Mendoca. El viernes, participarán de un panel junto a organizaciones de derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, hoy Espacio Memoria), tendrán una reunión protocolar con el presidente argentino, Mauricio Macri, entre otras actividades. 

El vicepresidente primero de la CIDH y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández, explicó sobre la importancia de «reflexionar» respecto a los avances y retrocesos en las garantías de los derechos humanos, tanto en Argentina como en el resto de la región. 

¿Qué significa esta visita a la Argentina en el marco del aniversario de aquella histórica inspección de 1979?

J.H.: Es muy importante para la comisión, porque vamos a acompañar a la sociedad argentina en la conmemoración de los 40 años de esta visita histórica. Una visita que, como todos sabemos, abrió los ojos al mundo sobre la situación que imperaba en la Argentina en ese momento, bajo una dictadura cívico militar, que empezó a transitar desde ese momento una transición hacia la democracia [que llegaría recién en 1983]. 

¿Qué reflexiones puede hacer a la distancia sobre aquel episodio?

J.H.: Es un momento para reflexionar sobre los esfuerzos que ha hecho Argentina, tanto el Estado como la sociedad, para avanzar en su consolidación democrática y en el establecimiento de una sociedad respetuosa de los derechos humanos. También sobre los avances que ha tenido la propia comisión a lo largo de estos 60 años en cuanto a los logros alcanzados en el continente en materia de derechos humanos, pero manteniendo la plena consciencia de los desafíos. Como todo aniversario, son oportunidades únicas de reflexión para hacer un alto en el camino y saber cómo nos encontramos en este momento. 

¿Cómo evalúa en la actualidad el avance de los procesos contra responsables y cómplices de aquellas violaciones de derechos humanos en dictadura?

J.H.: Yo creo que han avanzado muchísimo. Todos los Estados que han pasado por dictaduras, sobre todo en el cono sur, en los años 79 y 80 han establecido procesos de memoria, verdad y justicia. Se han establecido precedentes jurisprudenciales para alcanzar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Y se han fortalecido los sistemas de justicia nacionales para precisamente reparar a las víctimas en las violaciones sufridas. De manera complementaria, el sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana, han apoyado estos esfuerzos y han actuado en aquellos casos en donde los no obtuvieron la satisfacción plena a nivel nacional. 

¿Cuál es su análisis sobre las denuncias y casos más resonantes a nivel internacional que ocurrieron durante el Gobierno de Macri y que ha tomado la CIDH, como los de Milagro Sala, Santiago Maldonado o Rafael Nahuel? 

J.H.: Pienso que son ejemplos de la dialéctica que existe entre los sistemas nacionales y el sistema interamericano. La responsabilidad principal de reparar un asunto de derechos humanos está en manos de los Estados y de sus autoridades. Cuando se agotan los recursos internos, la comisión en primer lugar, y luego la Corte interamericana, tienen roles complementarios. Es muy importante el trabajo que realizan, porque no solamente proveen medidas de reparación a título individual, también parte de las decisiones de los dos órganos incluyen medidas de no repetición, que obligan a los Estados a implementar políticas públicas. Por otra parte, una obligación que tiene la comisión, de hecho, la razón de su creación, es la de estar vigilante a la situación de los derechos humanos en los países de la región, y eso lo hacemos a través de nuestro trabajo de monitoreo en los 35 estados miembros. 

En febrero de este año usted ha advertido sobre un uso «inercial» de la prisión preventiva. ¿En qué medida afecta esto los derechos de las personas  acusadas por algún delito? 

J.H.: Es algo recurrente que tenemos en toda la región. Hay un alto número de personas que se encuentran en prisión preventiva. El promedio regional es de alrededor de 40 % de las personas privadas de la libertad. En el caso de Argentina, este es un número mayor. De hecho, datos oficiales de las autoridades señalan que son casi la mitad de las personas en situación de encierro. Esto nos preocupa, porque el principio de presunción de inocencia es el que debe prevalecer en todo proceso penal. La prisión solo es una medida excepcional, que debe implementarse cuando existan elementos de racionalidad, como el temor de que una persona escape a la acción de la Justicia. Pero, siendo excepcional, son casos muy específicos los que la ameritan. El abuso de la prisión preventiva trae como consecuencia el hacinamiento en cárceles, que acarrea toda una problemática de índole social al interior de las prisiones, no permite la reinserción social y termina siendo un castigo anticipado. Es un tema que no es privativo de la Argentina, sino de toda la región. 

En muchos casos esas prisiones preventivas son vinculadas a lo que algunos llaman ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. ¿Piensa que son procesos normales de los sistemas judiciales de cada país?

J.H.: Ese es un tema que debe verse desde distintos ángulos. Lo que no es compatible con los derechos humanos es que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada cuando la persona no ha sido condenada como resultado de un juicio. 

Se vienen registrando asesinatos de líderes campesinos en Colombia, crece la discriminación en Brasil y hay graves problemas con la situación migratoria en los países del norte. ¿Percibe un retroceso en materia de derechos humanos en la región?

J.H.: Es muy difícil hablar de retrocesos desde un punto de vista cuantitativo. De manera palpable hemos visto avances en la región en la instauración de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y en materia de igualdad y combate a la discriminación. Pero, al mismo tiempo, estamos encontrando en distintas partes del mundo retos similares, patrones que se están repitiendo en los distintos países. Uno tiene que ver con el discurso estigmatizante y de odio, actitudes de xenofobia, discriminación o intolerancia. En Colombia existen ataques de manera frecuente contra defensoras y defensores de derechos humanos, y esto lo vemos con preocupación. También estamos viendo una situación de aumento de la violencia en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en los distintos estados del continente.  

Teniendo en cuenta la crisis migratoria, ¿considera un desafío vital para la región tratar de resolver las graves situaciones de pobreza y desigualdad para poder transitar un camino más cercano a la garantía de los derechos humanos? 

J.H.: Definitivamente. Hay dos pre-requisitos para tener sociedades respetuosas de los derechos humanos. Uno, la institucionalidad democrática, que funciona sobre la base del principio de separación de poderes, en donde haya pesos y contrapesos reales, y donde los procesos electorales permitan la libre expresión de la libertad popular. Pero en segundo lugar, está la importancia de avanzar en el combate a la pobreza y a las desigualdades. Crear condiciones de mejor desarrollo humano. Esto lo vemos en distintas problemáticas. Sin lugar a dudas, el fenómeno migratorio que estamos viendo en el triángulo del norte de Centroamérica, que pasa por México y llega a los EE.UU., tiene sus raíces en la pobreza que existe en esos países, y que está obligando a las personas a salir de su lugar de origen y correr enormes riesgos en busca de mejores oportunidades. Eso forma parte de nuestros informes.

Cortesía de Emmanuel Gentile RT

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