Jurista español Joaquim Bosch: “El CGPJ ha saltado enseguida para atacar a este Gobierno”

Por Dina Bousselham

El jurista y magistrado Joaquim Bosch Grau fue portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016. Incorporado como miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia atiende a LUH para hablar entre otras cosas de la actualidad judicial, de la corrupción en España o del rey emérito.

Hace poco tuvo lugar el nombramiento de la nueva portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, la magistrada murciana Ascensión Martín. ¿Hacen faltan más mujeres en el mundo judicial?

Efectivamente hace falta más visibilidad. Hay ya una presencia importante de magistradas en el conjunto de la profesión, el 54% son mujeres. Pero a pesar de que ya hay una mayoría de mujeres, el 80% de los altos cargos en el Tribunal Supremo o en las presidencias de los tribunales superiores o de las audiencias provinciales son hombres. Contrasta mucho que haya una gran mayoría de mujeres, pero, en lo que a cargos relevantes se refiere, siguen siendo ocupados por hombres. Por eso en este nuevo Secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia, el equipo que hemos asumido la gestión de nuestra asociación desde el principio adoptamos el compromiso de que necesariamente tenía que ser una mujer la portavoz, como una forma de visibilizar esa mayor presencia femenina que al mismo tiempo no se suele traducir en una mayor presencia de mujeres en los cargos más importantes.

¿El modelo de justicia en España, alumbrado en el 78, exige una reforma constitucional?

No tengo claro que se tenga que llegar a una reforma constitucional. Es posible que si se hace una reflexión profunda, se pueda llegar a la conclusión de que es un problema de base constitucional, lo cierto es que con el diseño hecho en la Constitución, se podría haber actuado de forma distinta. Nuestro sistema constitucional se inspira en el sistema italiano, pero ha tenido una gestión muy diferente de cómo funciona la justicia en Italia, a partir de un desarrollo legislativo por el cual los principales partidos se han repartido por cuota el órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, con todas las consecuencias negativas que ha tenido después respecto a la apariencia de imparcialidad y a toda una serie de decisiones que afectan a los principales tribunales del país.

Jueces que acaban siendo ascendidos por partidos políticos. ¿Existe realmente la separación de poderes en España, concretamente entre el poder político y el judicial?

Yo creo que hay una amplia imagen de independencia judicial en la base de la judicatura, donde se accede por oposición. En cambio, en la cúpula judicial, y en los principales tribunales, la cuestión genera mas problemas. En primer lugar, el órgano de gobierno, el CGPJ, está integrado a través de un pacto de cuotas entre los principales partidos políticos. El actual fue diseñado por el ministro Gallardón en un contexto de mayoría absoluta del Partido Popular. Tenía que haberse renovado este órgano hace cerca de dos años, de hecho sigue estando en funciones, y sigue nombrando a los magistrados del Tribunal Supremo y a los principales organos judicales del país, con un sesgo claramente conservador y afin al propio partido que lo diseñó. Sólo hay que recordar aquel famoso whatsapp del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde presumía del controlar al sistema judicial por la puerta de delante y por la puerta de atrás. Esta es la situación que tenemos. Hay un sentimiento muy presente en la justicia de nuestro país, donde puedes ser el mejor juez de España, el más preparado, pero no llegarás jamás al Tribunal Supremo sin un apoyo político suficiente. Esto es muy desalentador en cuanto a la situación de control político que tiene la cúpula judicial, por eso el grupo contra la corrupción del Consejo de Europa ha dicho que España no se ajusta a los estándares europeos en materia de separación de poderes, porque el gobierno de la judicatura está repartido en cuotas entre los partidos, y que además para acceder al Tribunal Supremo y otros órganos, los nombramientos no se hacen con criterios objetivos de mérito y capacidad, sino a través de acuerdos discrecionales en los cuales se abre la puerta a posibles presiones políticas o de otros poderes.

¿Se debería por tanto impedir que jueces que han sido nombrados por partidos, como ha pasado durante mucho tiempo con el PP, puedan investigar su corrupción? Me viene a la mente los casos de Enrique López o de Concepción Espejel en la trama Gürtel, que investiga la financiación ilegal del PP.

Esa dinámica genera problemas de apariencia de imparcialidad, porque tenemos una cúpula judicial que toma decisiones muy importantes, entre ellas el nombramiento de jueces que deciden en materia de corrupción. Por poner un ejemplo sobre las dudas que se pueden generar, en el caso del máster de Pablo Casado, la jueza instructora a la que por azar le tocó el asunto consideraba que había indicios de delito, pero el mismo asunto llegó al Tribunal Supremo (ya que Pablo Casado es aforado), que consideró exactamente lo contrario. En el primer caso a la plaza judicial se accede por oposición, en el segundo caso a través de nombramientos por parte de un órgano muy vinculado al poder político. Todo esto genera muchas dudas en el aspecto de la apariencia de imparcialidad de la justicia, y se tendrían que resolver como nos dicen constantemente desde el Consejo de Europa: creando mecanismos de designación que no generen sospechas sobre parcialidad partidista.

Fundamental para una democracia…

Sí. Efectivamente.

¿Se está judicializando la política en España, siguiendo el ejemplo de países latinoamericanos donde se ha instrumentalizado la justicia para atacar y tumbar a adversarios políticos en maniobras apoyadas por campañas mediáticas que manipulan difundiendo mentiras y bulos?

Se detecta un creciente incremento de acciones judiciales desde el ámbito de las fuerzas políticas, que se ha acentuado incluso en estos meses por la situación de pandemia que hemos vivido y, claro, hay peligros de que se pretenda instrumentalizar la justicia al servicio de intereses partidistas. Yo creo que eso debe ser siempre motivo de preocupación. Yo estoy convencido de que la base de la judicatura no se va a dejar, no se va a dejar instrumentalizar. Creo que se va a actuar con la aplicación del ordenamiento jurídico y que no se va a producir una manipulación de la justicia al servicio de intereses. Confío en que el sistema judicial va a estar a la altura de las circunstancias. Distinta es la situación de la cúpula judicial del órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ), donde ya hemos visto todo tipo de situaciones en las cuales se ha saltado enseguida para atacar a un Gobierno concreto como éste. Pero cuando anteriormente desde el partido que sustentaba el anterior Gobierno o desde órganos de ese Gobierno se atacaba a los jueces por ejemplo del caso Gürtel, se guardaba silencio, y al mismo tiempo también desde esa cúpula judicial se ve claramente un sesgo de carácter partidista. Más preocupante todavía es cuando ya es un Consejo que responde a una mayoría absoluta del Partido Popular de hace ya mucho tiempo, cuando actualmente la situación es otra. Pues a pesar de ello, un Consejo nombrado en el contexto que indicaba sigue nombrando a los magistrados de los principales tribunales y sigue tomando decisiones muy relevantes. Por tanto, yo separaría lo que es el poder judicial en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, donde mi impresión es que no se van a aceptar intentos de instrumentalización, de la cúpula judicial, el Consejo del Poder Judicial responde a una configuración que es muy diferente y por ello sí creo que puede haber actuaciones de sesgo partidista como las que ha habido en los últimos años.

Estos días se habla mucho de cloacas. ¿Usted cree que es una invención de Podemos?

Cloacas del Estado ha habido desde los tiempos de la dictadura y lo preocupante es que en democracia no se haya sido capaz de acabar con ellas, cloacas ha habido desde los tiempos de la guerra sucia, así como todo tipo de actuaciones de tipo policial dirigidas a obtener información, a desprestigiar a enemigos de determinados gobiernos… Eso se ha reproducido de manera continua en nuestra democracia, y la única explicación de que no se haya acabado con esto es porque ha habido sectores concretos en el ámbito político que han preferido servirse de lo que había, que hacerlo. Hay toda una serie de investigaciones judiciales en el pasado con sentencia en el presente, con proceso en marcha, que nos demuestra que en el ámbito policial se ha producido todo tipo de actuaciones irregulares o delictivas que estaban absolutamente fuera del control democrático y son situaciones que no se pueden tolerar.

Púnica, Gürtel, los EREs, Bárcenas, Pujol, Nóos, Malaya, Lezo y un larguísimo etcétera. ¿Se ha institucionalizado durante muchas décadas la corrupción en nuestro país?

Está claro que tenemos una corrupción sistémica y la prueba es que está en casi todos los territorios, en casi todas las administraciones, en casi todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobernar en estas últimas décadas. Y, como es evidente, una corrupción instalada en el sistema no se improvisa en cuatro días. Es el resultado de acciones y también de omisiones. Es una ingenuidad pensar que si hubiera existido voluntad política en el pasado de acabar con la corrupción, no hubiéramos tenido el estallido de casos conocidos que además mi impresión es que son la punta del iceberg. Hay mucha corrupción conocida, pero todavía hay mucha más corrupción que no conocemos. Yo creo que la corrupción ha sido funcional y esto explica su enorme relevancia. Y es funcional porque ha servido para que los partidos políticos hayan tenido aparatos muy fuertes, recordemos que la corrupción ha financiado sedes, ha financiado plantillas de personal al servicio de los dirigentes y, por tanto, ha adquirido esa función, como también la función de beneficiar a grandes empresas que se han adjudicado todo tipo de contrataciones y se han enriquecido, y también a los propios políticos que han cobrado de la corrupción. Por tanto, esa funcionalidad explica la enorme amplitud del fenómeno y que desde el poder político no se haya querido actuar en el ámbito de la prevención, de la persecución y de los medios de castigo de la corrupción. Pondría algún ejemplo muy, muy concreto: tienen más medios las tramas corruptas para eludir la justicia de las que tenemos los jueces para perseguir su corrupción. Perseguimos en bicicleta a corruptos que van en Mercedes, y desde el poder político no se ha querido dotar de recursos. No ha habido voluntad política de dotar al sistema de medios suficientes para perseguir la corrupción. Estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el de corruptos. Y esa contradicción no puede ser casualidad. Por tanto, si esto lo unimos a situaciones como cuando vemos en grabaciones de investigados por corrupción que alardean de que pueden decidir qué fiscales va a investigar o a qué juez hay que poner en tal caso judicial para llevar un caso, nos demuestra las dificultades para perseguir la corrupción si no hay reformas estructurales.

Sobre el rey emérito. ¿Debe ser investigado?

Hay, jurídicamente, dos situaciones. La primera es anterior a 2014, en la que, según el Tribunal Constitucional, le ampararía la situación de inviolabilidad, pero no hay duda de que a partir de la abdicación en 2014 puede ser perseguido penalmente. De hecho, lo regula la Ley Orgánica hasta el extremo de establecer un aforamiento en el Tribunal Supremo y, por tanto, puede ser investigado penalmente. Si las informaciones difundidas son ciertas, habría elementos indiciados para una investigación por delito fiscal y por blanqueo de capitales. Según lo que se está indicando en los medios, presuntamente, el rey emérito tendría bienes en el extranjero, por todas esas cuentas, que no han sido declarados y ese dinero se habría reutilizado para esconder ese supuesto origen ilícito. Por tanto, todo ello representa elementos indiciarios, teniendo en cuenta lo que se está publicando en los medios. Y, en todo caso, la reflexión que haría sobre este tipo de situaciones es que cualquier poder estatal que no esté sometido a límites y controles tiene el campo abierto para encontrar el camino de la corrupción, y una Jefatura del Estado no es una excepción. Como sabemos, las penas y la vigilancia institucional son elementos disuasorios para que no se cometan delitos. Si tenemos un cargo estatal o cualquier otro cargo que sabe que puede actuar con impunidad porque cree que no le va a pasar nada, eso es un incentivo muy grande para que cualquiera caiga en el pozo de la corrupción. Por tanto, me parece que tendríamos que reflexionar muy seriamente sobre la propia idea de inviolabilidad y sobre cuáles tendrían que ser las formas de regulación en la actuación de la Jefatura del Estado.

Sobre los medios de comunicación. ¿Es legítimo criticar a periodistas cuando mienten?

La libertad de expresión es un derecho fundamental esencial en una sociedad democrática, porque configura el pluralismo y permite que todo mundo pueda expresar sus propias opiniones. Por tanto, en la medida en que los periodistas mienten o incluso cuando dicen cosas que puedan ser discutibles, yo creo que siempre se debe poder criticar a los periodistas y más todavía cuando ocupan un espacio relevante. Cuando son figuras públicas no se puede eludir que sus opiniones o sus informaciones pueden ser discutidas. Ahora bien, una cosa es esta y otra someterles a cualquier tipo de campaña de insultos o descalificaciones. Mi impresión es que en el ámbito político, en el ámbito de los medios, en el ámbito del debate público de cualquier tipo, cualquier tipo de discusión pública constructiva siempre es positiva. Los políticos y los periodistas no pueden decir que deben estar al margen de la crítica, al mismo tiempo. Creo que también hay que desterrar tanto para los políticos como para los periodistas o para cualquier persona de relevancia pública las campañas de descalificación, los insultos organizados que no pretendan debatir ni aclarar sino simplemente presionar para silenciar al adversario. Yo creo que es positivo que haya un debate vivo y, por supuesto, los periodistas no pueden pretender opinar libremente, difundir información de manera libre y que luego eso no pueda ser contrarrestado por otras opiniones, por otras razones o incluso con críticas a la trayectoria del periodista que puedan servir para contextualizar ciertas opiniones o las informaciones que discuten. Una cosa es el debate sano para la sociedad democrática y otra que el debate consista en vejaciones, en insultos o coacciones de cualquier tipo. Yo creo que esa es la frontera. Evidentemente, los periodistas, como cualquier persona de relevancia pública, tienen derecho a criticar y tienen el deber de aceptar las críticas.

Sobre los bancos. ¿Tienen privilegios legales que les permiten actuar con total impunidad?

Yo no me atrevería a decir que actúan con impunidad, porque realmente se han producido muchas decisiones judiciales en los últimos años que demuestran la importancia del Estado de Derecho y especialmente del ordenamiento jurídico europeo para la protección de los consumidores. Pero sí es cierto que hay numerosas sentencias de la justicia europea que demuestran que en España los bancos han tenido un trato legal muy favorable y que además han podido imponer todo tipo de cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores y de los derechos de las personas. Esto nos debería llevar a una legislación más protectora, por un lado, y por otro más preventiva, porque todavía hoy hay muchas entidades bancarias que siguen imponiendo cláusulas abusivas porque no existe un control administrativo de los organismos públicos a través de las inspecciones pertinentes. No es nada difícil controlar las formas de contratación bancaria, porque suelen ser contratos tipo que se repiten a menudo, y esto facilitaría bastante cualquier labor, pero hace falta voluntad política. Al mismo tiempo, yo creo que hay concepciones económicas en algunos sectores sociales que también han afectado algunas visiones judiciales. En general, se nos ha querido hacer creer que lo que es bueno para los bancos o las grandes empresas siempre es lo mejor para la sociedad. A veces es todo lo contrario. Y luego hay elementos cuestionables jurídicamente incluso por parte del Tribunal Supremo. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo acordó que no se podía devolver el dinero de las cláusulas suelo, a pesar de que la cláusula era nula y de que los bancos habían cobrado indebidamente sus intereses, el Tribunal Supremo dijo que devolver el dinero sería muy negativo para el orden público económico. Esto es una manera de decir que lo que es bueno para los bancos es bueno para todos. El tema llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y rectificó. Algo parecido pasó con el impuesto de las hipotecas, que hubo una decisión, en este caso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que decía que el impuesto a las hipotecas tenían que pagarlo los bancos y no los consumidores. El presidente de la Sala Tercera del tribunal forzó la rectificación de esta decisión porque decía que afectaba al orden público y al final esa decisión acabó siendo rectificar.

Sobre el espionaje a altos cargos y dirigentes catalanes. ¿Estamos ante uno de los mayores escándalos de nuestra democracia?

No conozco apenas el tema más allá de lo que se acaba de difundir, pero si se confirman esas informaciones, me parecería gravísimo que cargos públicos de relevancia puedan estar siendo espiados y además con finalidades que serían claramente contrarias a los principios del sistema democrático y a derechos esenciales en una sociedad democrática, como los derechos de participación, los derechos vinculados a la privacidad y toda una serie de valores constitucionales muy básicos. Me parece importantísimo que esta cuestión se aclare, porque lo que no sería admisible es que estas prácticas se puedan estar efectuando con total impunidad.