Jurista José Antonio Guevara: «El objetivo es que el Gobierno [mexicano] retome el control del combate a la impunidad y establezca una Comisión de la Verdad»

La repuesta del Gabinete de Seguridad de México a las víctimas de la violencia, abusos y complicidades de autoridades que realizaron una caminata, de cuatro días de Cuernavaca (sur) a la Ciudad de México, para exigir verdad, justicia y paz fue «deficiente y triste», dijo el jurista internacional José Antonio Guevara.

«La respuesta deficiente, resultado de la falta de una política coherente para atender la gravísima crisis humanitaria, es sorprendente y triste», dijo el también director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien asistió al encuentro con los altos funcionarios gubernamentales el pasado domingo.

El Gabinete de Seguridad, excepto el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en el Palacio Nacional a los líderes de las familias de las víctimas y defensores de derechos humanos, al poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes en Cuernavaca, en 2011, y a Julián LeBaron, líder de la familia mexicano-estadounidense que perdió a tres madres y seis niños, masacrados en noviembre pasado en Sonora (norte), ente otros.

Los líderes de la marcha «esperamos que el presidente convoque a un gran diálogo nacional» después de analizar los documentos entregados, dijo el abogado humanitario.

No obstante las autoridades reconocieron el trabajo de los organizadores de la manifestación, que convocó a miles de personas.

En un documento, diez representantes de familias de las víctimas plantearon la urgencia de un mecanismo internacional de combate a la impunidad, con respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El objetivo es «que el Gobierno retome el control de la instituciones encargadas del combate a la impunidad de funcionarios, establezca una Comisión de la Verdad y un programa administrativo de reparaciones de daños».

Sin embargo, la repuesta de los altos funcionarios no asumió ningún compromiso, deploró Guevara.

«Los funcionarios expresaron el mismo discurso de mañas que hemos conocido por experiencia de otros gobiernos, desde 2007, no hubo respuesta precisa sobre las propuestas concretas entregadas», subrayó.

Las familias de personas desaparecidas y asesinados consideran que el propio presidente López Obrador «le dio la espalda a las víctimas al referirse a la caminata como un ‘show’ y expresarles que no iba a perder el tiempo con víctimas», lamentó Guevara, quien desde 2014 integra además por la sociedad civil mexicana el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al encuentro asistieron el secretario jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el encargado federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los titulares de Seguridad, Alfonso Durazo, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina Rafael Ojeda.

Atención selectiva

Guevara sostiene que cuando el presidente se reúne con algunas de víctimas «lo hace en forma selectiva».

En un encuentro previo de las víctimas con senadores, también fue notable la ausencia del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

«Ese mensaje político no trae noticias alentadoras», prosigue el testimonio.

Sin embargo, Guevara estima que «la caminata cumplió sus objetivo que era, en primer lugar visibilizar que el Gobierno se había comprometido a implementar una política de ‘justicia transicional urgente’ para enfrentar la crisis de derechos humanos desde en septiembre de 2018».

Esa promesa la hizo López Obrador en una reunión celebrada en Centro Cultural Tlatelolco, en septiembre de 2018 después de su triunfo electoral.

El segundo objetivo fue visibilizar que la crisis de seguridad sigue latente en un análisis de la violencia en tres gobiernos encabezados por Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y López Obrador (2018-2024), elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica y otro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, Guevara lamenta «el creado al estigmatizar a algunas víctimas muy visibles, nos encontramos con un grupo de simpatizantes del presidente y de Morena con camisas de ese partido».

Los oficialistas gritaron con consignas de apoyo al Presidente, y acusaron a las víctimas de «traidores y vende patrias» entre gritos exigiendo que se fueran del país

Los testimonios indicaron que el Comité Nacional de Búsqueda «no funciona», y que sus acciones siguen descansado en las brigadas de familiares de desaparecidos, además de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es «insuficiente, sin capacidad de cumplir su misión».

El presidente «tiene la maquinaria institucional, para no repetir errores tradicionales del pasado», pero su discurso «no da claridad de las acciones que deben tomar para instrumentar política de emergencia, mientras la sociedad está dispuesta a acompañar al Gobierno para trabajar por las víctimas», puntualizó el abogado.

El año pasado fueron asesinadas más de 35.500 personas, un récord en los 22 años de registros oficiales.

Cortesía de Sputnik