El hambre y la falta de agua potable que padecen las comunidades originarias wichís de Argentina continúan irresueltas, después de que se registrara la muerte de al menos 13 niños por malnutrición en los primeros dos meses de 2020.
A pocos kilómetros de la ciudad de Tartagal, en la provincia norteña de Salta, el cacique Modesto Rojas asume la tarea de visitar a cada una de las comunidades Lantawos (su identificación étnica correcta) de la región, para tomar nota de su situación y denunciar el abandono que padecen decenas de familias desde hace décadas, pero que se ha agravado con la pandemia de coronavirus.
El desmonte indiscriminado y sin control en territorios donde habitan estos pueblos ha desmejorado las condiciones de vida porque cada vez escasean más los recursos. De hecho, en plena crisis del coronavirus la tala de árboles no cesó, y la legislación que pone límites al avance de la industria maderera y sojera se ha visto flexibilizada.
A su vez, se registraron violentos desalojos en terrenos que los wichís reclaman como ancestrales, pese a que la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena los prohíbe. En tanto, las ayudas que partieron desde el Estado nacional para paliar la crisis sanitaria y económica no ha llegado a estos grupos, debido principalmente a la falta de registro civil de cada ciudadano originario.
La tragedia silente
Al caer la tarde, Modesto emprende el regreso a su hogar, en la comunidad Lantawos Fwolit kilómetro 5 de Tartagal, en su motocicleta Honda de 150 cilindradas, después de visitar a las distintas familias wichís de la zona como su referente. En esa vuelta a casa suele invadirle un sentimiento de tristeza e impotencia por lo que ve: la falta de agua y alimento de sus hermanos sigue siendo una problemática que lo aqueja cada día, pero sus constantes reclamos a las autoridades no han tenido eco suficiente.
A principios de 2020, la muerte de esos 13 pequeños que no pudieron soportar el hambre llamó la atención de dirigentes municipales, provinciales y nacionales. «Debe avergonzarnos», dijo elpresidente Fernández ante el trágico cuadro. Y llamó a los argentinos a «comprometerse»,aportando «cada uno lo que pueda».
Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, responsabilizó en aquella ocasión a los padres de los niños que murieron, «por consulta tardía» y negación de «atención oportuna». El acercamiento e interés de la prensa nacional e internacional sobre lo que ocurría en estas comunidades se diluyó semanas después.
El más reciente intento de Rojas por llamar la atención de las autoridades ha sido una carta dirigida al presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que sostiene: «No hay trabajo, no podemos tener la madera para hacer artesanía ni carbón para cocinar nuestros alimentos. Nuestros chicos tienen mucha hambre, no hay pozos de agua y en estos días el calor llega a los 45 grados», escribió. Y agregó que solo aparecen en las noticias cuando ocurren muertes de niños y ancianos.
Modesto Rojas denuncia que hasta el momento no ha recibido respuesta: «Escribí esa carta para que llegue al presidente. Lo que estoy pidiendo es que lancen un proyecto para sostener las necesidades básicas, que se termine el hambre de los miembros de las comunidades», dice.
«Hay falta de recursos, falta de trabajo y muchas personas indocumentadas, incluso niños recién nacidos o con un año de vida, a las que no les llega ningún tipo de ayuda desde el Estado, ni antes ni después de la pandemia», gráfica el dirigente.
Deforestación y audiencias por zoom
Modesto Rojas no estaba enterado, pero en septiembre, la gobernación de Salta dictó la resolución 123/20, que habilita las audiencias en las que se decide sobre evaluación de Impacto Ambiental y se otorga el permiso a los desmontes, a través de medios digitales.
La organización ambientalista Greenpeace denunció la maniobra como un intento de desplazar la opinión de estas comunidades indígenas, a las que ya se les dificultaba asistir de manera presencial por estar a más de 100 kilómetros de los lugares donde se realizan.
Greenpeace envió una carta al Gobernador de Salta Sáenz y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, para expresar su profunda preocupación por la nueva resolución. «Las audiencias para los Planes de Cambio de Uso de Suelo o desmontes son obligatorios, y prescindir de ellas representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675 (la Ley de bosques y la Ley general del ambiente)», señaló en el texto.
Octorina Zamora es otra referente wichí de la localidad de Embarcación (Salta), que ha colaborado como voluntaria en el Centro de Recuperación Nutricional de Tartagal, donde en el verano pasado fueron atendidas decenas de familias por enfermedades relacionadas a la deshidratación y falta de alimentos. Allí permaneció hasta marzo, cuando comenzó la pandemia en el país y debió dejar de visitar el lugar.
En medio de la cuarentena, el Gobierno provincial ordenó modificaciones en el Hospital donde funciona el Centro Nutricional, y los siete niños que estaban internados fueron trasladados a una sala más pequeña, en el segundo piso del edificio, donde serán atendidos desde ahora los pacientes con deshidratación y mala alimentación.
«Este año, teniendo en cuenta el cambio climático, probablemente los calores sean superiores a los del año pasado, y eso significa que al no tener agua en las comunidades van a volver a caer los niños en esa condición, posiblemente más que el verano anterior, con lo cual vamos a tener un hacinamiento de pacientes con desnutrición», alertó Octorina, quien sostiene que las muertes del año pasado fueron 25 y no 13, como se informó oficialmente.
«Están esperando que mueran niños para especular políticamente»
Zamora cuenta, por otra parte, que el alcoholismo y la drogadicción, particularmente en jóvenes, adolescentes y niños desde los 8 años, son otros dramas con los que están lidiando en las tribus wichís. A mediados de octubre, mujeres de la comunidad Misión Carboncito marcharon expresando su preocupación y pidiendo ayuda a las autoridades de todos los niveles, no solo por las problemáticas de consumo sino también por casos de suicidio, violencia de género y abusos sexuales.
«Están esperando que mueran niños para especular políticamente», se queja Zamora, quien señala de racistas a algunos funcionarios de Salta, aunque rescata que otros dirigentes sí se han mostrado dispuestos a trabajar. En ese sentido, reconoció que desde el verano pasado a la fecha se hicieron pozos de agua para las familias wichís, pero no son suficientes.
«Si no nos toman como seres humanos, nunca van a solucionar nada. A nosotros nos toman como en la época de Cristóbal Colón. Están con esa mentalidad colonialista. Aunque destinen fondos, nos ‘tercerizan’ a través de ONG que son financiadas por los Gobiernos nacionales para cumplir con un rol asistencialista. Nuestras voces nunca son escuchadas», concluye en declaraciones a este medio.
De manera personal, el argentino Pablo Churin, residente en Alemania, lleva adelante el proyecto solidario ‘Somos humanos, somos Lantawos’, donde recibe donaciones y apoyo financiero a través de la web wichis.org.
El objetivo de este nuevo espacio colaborativo, que no es una ONG, es promover todo lo referente a las comunidades que forman la Etnia Lantawos, su historia, el presente y las tradiciones, además de exponer los graves problemas que acarrean.
Churin dirige varios proyectos para la recolección y distribución de agua potable, la implementación de tecnología solar, baños secos, huertos subterráneos para las comunidades wichís, entre otras acciones que son coordinadas con Modesto Rojas.
Cortesía de Emmanuel Gentile RT
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