“Los pueblos indígenas en Colombia sabemos más que nadie en este país que los asesinatos no han disminuido en el marco del acuerdo de paz»: Oscar Montero

El politólogo colombiano relata la alarmante cifra estos hechos contra lideres sociales, campesinos y originarios, además de como el gobierno de esa nación se resiste a aceptar la crisis humanitaria que esto genera

El Gobierno de Colombia se niega a admitir que los continuos y sistemáticos asesinatos de líderes sociales configuran una crisis humanitaria, dijeron a Sputnik dos activistas de derechos humanos.

«El discurso oficial minimiza los asesinatos en Colombia; hay un desconocimiento total, no ven que lo que está pasando con los líderes sociales es una crisis humanitaria; mientras todas las semanas estamos viendo cómo asesinan a las personas, el Gobierno se niega a actuar de manera eficiente», dijo la integrante de la Asociación Minga y coordinadora de comunicaciones del Programa Somos Defensores, Sirley Muñoz.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y el 20 de julio de este año fueron asesinados 627 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el informe publicado el 26 del mes pasado por el no gubernamental Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Desglosadas esas cifras anualmente muestran 21 asesinatos en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 y 116 en lo que va de este año.

Del total de víctimas, 92 eran mujeres y 535 eran hombres, y en cuanto a su origen, 142 eran indígenas, 55 afrodescendientes y 245 campesinos ambientalistas, comunales o impulsores del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos.

En ese lapso además, fueron asesinados 138 exguerrilleros de las FARC que se adhirieron al proceso de paz, indica el informe de Indepaz.

Un reporte de la Defensoría del Pueblo indica que 196 líderes sociales fueron asesinados entre marzo de 2018 y mayo de 2019, y que en ese periodo se denunciaron 1.608 conductas que vulneraron los derechos humanos de los activistas, 1.351 de ellas amenazas y 44 atentados.

«Se ha producido un genocidio continuo y sistemático contra todas las comunidades; todos los actores legales e ilegales han tenido que ver en los asesinatos. A pesar de que estamos en supuestos tiempos de paz, no hay garantías reales para proteger a la población», dijo a Sputnik el politólogo Oscar Montero, kankuamo y asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Discurso oficial

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el 3 de agosto que hubo «una reducción del 35% en esos asesinatos comparado con el período inmediatamente anterior» y afirmó que la Fiscalía General de la Nación «ha esclarecido cerca del 56% de esos asesinatos».

Las autoridades atribuyen la autoría de esos crímenes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a los paramilitares del Clan del Golfo, Los Caparros, Pachenca y Pachelly y a disidentes de la disuelta FARC.

Muñoz y Montero señalaron que este Gobierno ha volcado su discurso mucho más a “disimular la gravedad” de lo que está ocurriendo.

Un ejemplo es la Fiscalía General, que afirma estar avanzando en las investigaciones, pese a que “eso no es cierto”, afirmó Muñoz.

“Nosotros hemos detectado una impunidad mayor del 90% en los asesinatos de líderes sociales. La Fiscalía alega que no, que ellos han tenido un esclarecimiento mucho más alto, del 50%, lo cual hemos visto que no es real”, insistió

Montero dijo que el Gobierno “minimiza los asesinatos” y actúa como en una “farsa”.

“Los pueblos indígenas en Colombia sabemos más que nadie en este país que los asesinatos no han disminuido; en el marco del acuerdo de paz, ya hay 158 compañeros indígenas asesinados, pero además de eso en el marco del Gobierno de Iván Duque han sido asesinados 94 compañeros indígenas. Las cifras van en aumento y no hay una respuesta oficial”, agregó.

En su opinión, las autoridades buscan “invisibilizar a las víctimas” y relacionar las muertes con rencillas, problemas personales o crímenes pasionales.

Muñoz se quejó de que el Gobierno no aplica el acuerdo de paz en su totalidad.

“Reconocer lo que está pasando en los territorios, sería reconocer la existencia del conflicto armado. Frente a la comunidad internacional, se quiere dar una imagen de eficiencia y que se está haciendo algo por la comunidad”, agregó.

Asesinos e intereses

Las muertes violentas exponen conflictos en los territorios, y el principal es el acceso a la tierra, explicó Muñoz.

En esas disputas las Fuerzas Armadas cumplen un papel “importante” y también los proyectos mineros y energéticos, coincidieron los activistas.

La mayoría de los líderes asesinados viven en zonas rurales y juegan distintos roles en la defensa de la tierra y los recursos naturales, según Muñoz.

“Nosotros no podemos decir que en los lugares donde hay megaproyectos los responsables (de los asesinatos) sean directamente empresas o personas relacionadas con estos proyectos, porque siempre aparecen actores armados como responsables de estos asesinatos, pero cuando hemos trazado las zonas donde ellos están en riesgo, muchas veces coinciden con los intereses de esas empresas”, argumentó.

En la mayoría de los casos los responsables son grupos paramilitares, también hay actores desconocidos, disidentes de FARC, la fuerza pública y la guerrilla del ELN, afirmó la activista.

Estos hechos ocurren en el contexto del vacío de poder generado cuando las FARC firmaron la paz y abandonaron gradualmente territorios que controlaron durante décadas.

“Ellos aparecían como el actor dominante, eran casi un Gobierno para mucha gente; allí donde no había presencia del Estado, la guerrilla cumplía ese papel. Era un actor armado que actuaba por la fuerza, pero también establecía cierto orden en el territorio; cuando las FARC salen de esos territorios, quedan vacíos porque el Estado no ha llegado a esos espacios”, argumentó Muñoz.

Ante la ausencia del Estado llegaron paramilitares, bandas residuales de las FARC y grupos con intereses en el narcotráfico que explotan la oportunidad de controlar zonas “estratégicas” para la movilidad de drogas o la siembra de cultivos ilícitos, según Muñoz y Montero.

“Hay una reacomodación de los grupos armados ilegales y legales en el país. Donde antes estaban las FARC, ahora el ejército y los grupos paramilitares quieren ubicarse en los lugares estratégicos y se genera una confrontación armada a sangre y fuego para seguir el negocio de la minería ilegal y del narcotráfico”, afirmó Montero.

El indígena señaló que en los asesinatos también han responsabilidad de “las fuerzas del Estado de Colombia, entre ellos policías y ejército”.

“Lo que tenemos evidenciado es que cuando pasa este tipo de asesinatos en las comunidades indígenas y está cerca el ejército, eso se traduce después en temas de explotación ilegal de recursos minerales en los territorios indígenas (por lo que= podrían estar cooperando con intereses privados y de empresas transnacionales; es obvio que pretenden explotar los recursos naturales del país a costillas de la comunidad”, denunció.

El Programa Somos Defensores sostuvo que 2018 fue “uno de los peores años” en materia de derechos humanos de activistas y líderes locales, porque aumentaron en 43,7% las agresiones con respecto de 2017.

El Programa contabilizó el año pasado 805 agresiones, de las cuales 155 fueron asesinatos.

En el primer trimestre de 2019 se registraron 245 agresiones, lo que indica un aumento de 66% respecto del mismo período de 2018.

Cortesía de Lucía Barrios Sputnik

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