Ministro argentino: «el Estado planea durante la próxima década es urbanizar 4.416 villas de emergencia»

El ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo, destacó en entrevista que una de las políticas de Estado que planea durante la próxima década es urbanizar 4.416 villas de emergencia y asentamientos precarios en los que habitan cuatro millones de personas.

«El plan consiste en la urbanización de los 4.400 barrios populares donde viven 4 millones de argentinos y donde hay hacinamiento, falta agua y servicios básicos», indicó el funcionario.

Esta iniciativa se basa en una ley sancionada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2018, durante el Gobierno anterior, que pretende regularizar las 4.416 villas y asentamientos inscritas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), de las cuales 1.726 se encuentran en la provincia de Buenos Aires (este), la mayor del país.

La normativa permite encarar «una política de infraestructura básica y urbanización que implica el derecho al hábitat, el tener piso de material, espacios públicos, vivienda, y que además genera un gran plan de creación de empleo», valoró Arroyo.

Ante las denuncias de organizaciones sociales por la falta de regularización de tierras, el ministro dijo que las soluciones son urbanizar los barrios y fortalecer el trabajo en comunidades locales que apunte a la desconcentración territorial.

En el área metropolitana de Buenos Aires, que abarca la capital y parte de la provincia y representa el 1% del territorio argentino, viven 17 millones de personas.

El plan, que es parte de la política social planeada por el Ejecutivo de Alberto Fernández para enfrentar la crisis económica, proyecta comenzar con 400 barrios por año, especificó el ministro.

Política pospandemia

Las otras dos columnas de la política de desarrollo pospandemia que lleva adelante la actual gestión son el plan Potenciar Trabajo, con la que esperan generar 300.000 puestos de trabajo, y la asignación de un ingreso de base para la población más carenciada.

«Estamos encarando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el que 9 millones de personas que tienen dificultades con el trabajo reciben un ingreso mensual de 10.000 pesos (128,61 dólares)», señaló el dirigente.

El Estado, en paralelo, cubre la mitad del salario para 2,2 millones de empleados en el sector privado.

Por otra parte, el ministro descartó que Argentina enfrente el riesgo de una convulsión social ante la recesión, que se extiende ya por más de dos años, y la dificultad añadida que ha supuesto la pandemia del COVID-19.

«No hay condiciones ni riesgo de estallido social de Argentina ante la inmensa cobertura social del Estado y ante la inmensa red tejida por la sociedad civil que encabezan las organizaciones sociales y religiosas», concluyó.

El Gobierno argentino refuerza en plena pandemia las necesidades alimentarias de 11,2 millones de personas en un país que tiene 45,3 millones de habitantes y que, antes de marzo, asistía a ocho millones, informó Arroyo.

«Tenemos 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, cuando antes de la pandemia eran ocho millones», corroboró el funcionario, que asumió su cargo en diciembre de 2019 con la llegada de la actual gestión.

La asistencia alimentaria constituye uno de los dos ejes de la política social del Ejecutivo de Alberto Fernández y se canaliza a través del Plan Argentina Contra el Hambre, el cual se desarrolla por medio de cinco herramientas.

Una de ellas consiste en la entrega directa de alimentos a entidades sociales, religiosas u organizaciones no gubernamentales que están a cargo de comedores o merenderos populares.

El segundo implica la transferencia de fondos a municipios y provincias, y la tercera iniciativa, lanzada el 18 de diciembre, apenas asumido el Gobierno, consiste en una tarjeta alimentaria emitida por el banco público.

«El 67% de las compras antes de la pandemia eran leches, fruta, carne y verdura, lo que llamamos productos recomendados, pero durante esta crisis bajó por debajo del 50%, lo tiene que ver con caída de ingresos de familias, y con el costo de los alimentos», reconoció el ministro.

El presidente Alberto Fernández considera que las acciones del Ministerio de Desarrollo Social son parte de las políticas más relevantes que emanan de su Gobierno para responder a la delicada coyuntura que atraviesa Argentina.

Cortesía de Ana Delicado Palacios Sputnik