En diálogo con Sputnik, el ministro Iván Lima explicó en qué se avanzó para dar justicia a las familias de las 38 personas asesinadas en el marco del golpe de 2019. También contó en qué consistirá la necesaria reforma judicial con la cual se buscará que la justicia boliviana sea más efectiva.
El 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, era la fecha elegida por el expresidente Evo Morales (2006-2019) para realizar cambios en su gabinete. El año pasado, el presidente Luis Arce dejó pasar la jornada sin realizar alguna modificación en su plantel de 17 ministros y ministras.
En las últimas semanas, sectores sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) —incluido Morales— reclamaron cambios en el órgano ejecutivo. En los próximos días se decantará si Arce da lugar a alguna de esas críticas y reclamos.
Los cuestionamientos de las bases del MAS llegan a todos los ministerios, en mayor o menor medida. El ministro de Justicia, Iván Lima, no está exento de las miradas de recelo. A su cargo está motorizar los juicios por los crímenes cometidos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), actualmente presa. También debe impulsar una necesaria reforma judicial, anunciada días atrás por el presidente.
En diálogo con Sputnik, el ministro de Justicia hizo un punteo sobre los principales temas en los cuales trabajó durante el último año y dos meses, periodo que lleva Arce al mando del Poder Ejecutivo.
Durante el Gobierno de Áñez, muchos operadores de justicia trabajaron en complicidad con el régimen de facto. Lima contó que, al momento de asumir, «lo primero que había que hacer era identificar por qué había ocurrido esta grave distorsión de todos los operadores de justicia. Recuerdo al Fiscal General promoviendo y declarando que era necesario detener preventivamente a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, así como los demás miembros del TSE».
El fiscal general, Juan Lanchipa, fue nombrado en el cargo en 2018 por el expresidente Morales (2006-2019) y aún sigue en el cargo. Efectivamente, envió a la cárcel a Choque y a 35 vocales del TSE, ante las sospechas de que habían cometido fraude electoral a favor del MAS en las elecciones del 20 de octubre de 2019, que precipitaron el golpe de Estado.
A pesar de que la fábula del «fraude electoral» fue el sostén simbólico del Gobierno de facto, nunca pudo demostrarse ninguno de estos delitos, por lo cual las y los vocales fueron liberados de culpa a mediados de 2021, cuando el Gobierno de Áñez comenzaba a derrumbarse.
Lima también recordó las expresiones públicas de Murillo, en las cuales se evidenciaba que este exministro —ahora preso en Estados Unidos— se creía que estaba por encima de la justicia: «Se presentaba ante las cámaras mostrando manillas [esposas], señalando que iba a iniciar una cacería. También la ministra [de Comunicación, Roxana] Lizárraga acusaba a toda la prensa de sediciosa».
Lima aseguró que durante el Gobierno de facto, «en lugar de actuar para garantizar los derechos de los ciudadanos, la mayor parte de jueces procedían a detener preventivamente a personas que simplemente habían publicado un meme o supuestamente habían hecho actividades sediciosas en las redes sociales».
El ministro mencionó que hubo varios casos de corrupción en el Gobierno de Áñez, como el escándalo por la compra con sobreprecio de respiradores para atender a la población afectada con COVID-19 durante la primera ola. Pero en ningún momento se movieron «ni la Fiscalía ni el Órgano Judicial. Finalmente todo ese periodo fue evaluado, pero no por Órgano Ejecutivo, sino por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes».
Lima se refería al GIEI, creado por un convenio entre el Gobierno de facto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2019 para investigar todas las vulneraciones de derechos cometidas en el marco del golpe.
En su informe final, presentado a mediados de 2021, el GIEI «ha planteado docenas de recomendaciones, la mayor parte dirigidas al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado», dijo Lima.
Y agregó: «Podrá haber todas las justificaciones necesarias de parte de estas dos instituciones, pero finalmente ambas son las que dirigen la política criminal del Estado», por lo cual su responsabilidad es ineludible.
Lima manifestó que el Consejo de la Magistratura comenzó a purificarse cuando lograron cesar en sus funciones a la presidenta Dolka Gómez y al consejero Gonzalo Alcón, quienes «incluso de manera estructurada planteaban una serie de problemas a la reforma judicial y al ejercicio de la facultad disciplinaria. Asimismo, sus malos jueces habían perseguido a la ciudadanía, vulnerando el debido proceso».
Por ello, afirmó: «Me parece relevante que se haya tomado la decisión de presentar acciones constitucionales y lograr la cesación en el cargo de los anteriores consejeros. Los nuevos consejeros significan una esperanza para el Órgano Judicial».
Remover al fiscal general Lanchipa no será tan sencillo, porque su reemplazo debería elegirse por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero el MAS no cuenta con los votos necesarios para hacerlo unilateralmente.
«Entonces, ahí hay responsabilidad clara de la oposición boliviana, en cuanto a los dos tercios y a la obstaculización que pueden representar para una transformación de la justicia», consideró el ministro.
Necesaria reforma judicial
En los primeros días de 2022, el presidente Arce anunció públicamente que en este año se avanzará con la reforma del Órgano Judicial, un reclamo sobre el cual se pretende avanzar desde hace mucho tiempo, sin resultados.
«Hemos planteado seis ejes de trabajo para avanzar en la reforma judicial. Creo que lo fundamental es garantizar la independencia judicial. Muchos políticos asumen que los jueces los defienden, que van a actuar a su favor y siempre les van a dar la razón», advirtió Lima.
En este aspecto, comentó que «la independencia judicial basa su fundamento principal en la imparcialidad y la posibilidad que tienen los ciudadanos de encontrar una decisión basada en la justicia, la ley, las fuentes del derecho».
Pero hay jueces que «distorsionan su rol y aplican el derecho de manera que el factor de decisión no es la ley, sino el poder político, económico, mediático», sostuvo el ministro.
Visita del relator especial
Lima contó que a mediados de febrero llegará a Bolivia, invitado por el Gobierno, el relator especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán: «Es importante destacar que no todos los países abren las puertas a un relator de Independencia Judicial, porque plantea muchas veces aspectos críticos, temas que puedes mejorar, temas en que está mal tu valoración y forma de aplicar la independencia judicial».
Pero Arce está dispuesto a recibir las críticas: «Somos un Gobierno respetuoso de los derechos humanos y también abierto a recibir recomendaciones, a diferencia del Gobierno de facto que nos precedió», dijo Lima.
El ministro de Justicia aseveró que también en este año se comenzará a evaluar el desempeño de los magistrados: «Los jueces de primera instancia duran todo el tiempo que ellos duran en sus buenas funciones. Pero sus buenas funciones deben ser evaluadas por alguien externo. Esa evaluación del desempeño no se ha dado en toda la democracia», desde 1982.
«Es bueno que los jueces tengan una carrera indefinida. Pero esta se vuelve una distorsión de la independencia cuando no se hace la evaluación de desempeño», evidenció.
El caso Áñez
Actualmente, la expresidenta de facto Áñez y sus colaboradores están presos por crímenes ordinarios, en el marco del golpe de Estado de 2019. Pero aún no se les endilgan los delitos de lesa humanidad cometidos luego de autoproclamarse presidenta, cuando propició las masacres de Sacaba y Senkata amparada en el decreto 4078, que su mismo gabinete firmó para que las Fuerzas Armadas dispararan a la población sin que ello les generase consecuencias ante la justicia.
El próximo 12 de enero se abrirá el primer juicio contra Áñez, ante la justicia ordinaria, por los delitos de «de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes», dijo a la prensa Marcelo Valdez, abogado de la parte acusatoria.
En ese ámbito, el tribunal definirá cuando se inicia el juicio oral.
«Tenemos en marcha un juicio en relación a su calidad de senadora y todo lo previo a que asuma como presidenta de facto. Ese caso ha terminado su etapa preparatoria. Estamos a la espera de que el Tribunal fije día y hora de inicio del juicio, que puede ser mañana o dentro de 45 días. Es un tema del Órgano Judicial y de su organización interna», relató el ministro. Podrían condenarla a 12 años de cárcel.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá decidir cómo se la juzga en los próximos meses.
«Esperemos tener en el primer trimestre una determinación que podría llevar a la realización de juicios de todos los casos, actualmente bloqueados en la Asamblea por los partidos de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y de Luis Fernando Camacho (Creemos)», quienes no facilitan los votos para alcanzar los dos tercios que permitan juzgar a la expresidenta.
El ministro indicó que en los próximos meses también se realizarán los juicios ordinarios por las masacres cometidas por el Gobierno de facto. «En esos casos no está Áñez propiamente involucrada, pero sí lo están los ministros de Estado, como Arturo Murillo (de Gobierno), Luis Fernando López (de Defensa) y los militares y policías que estaban en su momento al mando».
Y detalló que «tenemos prácticamente a todos ellos detenidos o prófugos de la justicia. Este juicio debería iniciarse en Cochabamba y El Alto, también en este primer trimestre a más tardar».
¿Cambios en el gabinete?
Lima es uno de los ministros cuestionados por un sector de las organizaciones sociales. Le observaron que no se haya avanzado con la celeridad esperada en los juicios por los 38 asesinados en el marco del golpe.
Pero el ministro ya manifestó que él no puede actuar como el exministro de facto Murillo, quien mandaba a la cárcel a quien le caía mal. En democracia hay tiempos procesales que se deben respetar.
El ministro dijo esperar «con mucha tranquilidad» el 22 de enero, en referencia al mensaje presidencial.
«El presidente Arce es una persona muy justa, muy objetiva, muy clara en su proceso de evaluación. Todos los ministros estamos seguros de que lo vamos acompañar en la confianza que nos ha dado el tiempo que él considere necesario», sostuvo Lima.
«Habrá que esperar a que pasen estas dos semanas, que serán muy agotadoras en este ámbito de quienes quieren ser ministro. Pero de parte del gabinete, estamos en absoluta tranquilidad de las decisiones que tome el presidente Arce», concluyó.
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