El paquete de medidas del futuro Gobierno de Uruguay, liderado por Luis Lacalle Pou y conformado por una coalición de centroderecha que asumirá el 1 de marzo, es lo «peor» del neoliberalismo y marcará un hito en la historia sobre el retroceso del país, dijo el ministro de Defensa, José Bayardi.
«Creo que es una propuesta regresiva en materia de derecho procesal penal; además, es de lo peorcito del fundamentalismo neoliberal en lo que tiene que ver con el área de la economía», afirmó a Bayardi.
La coalición de partidos de centroderecha que apoyan al presidente electo Luis Lacalle Pou presentó el 22 de este mes un proyecto de ley de urgente consideración con 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros.
La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del todavía gobernante Frente Amplio (izquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.
Por su parte, Bayardi consideró que esta ley «sigue el doctrinarismo neoliberal más absoluto», que no demostró en ninguna parte del mundo dar resultado.
«Las consecuencias de las políticas neoliberales que están dentro de la ley son cuestionadas ahora en la propia Europa; siguen insistiendo con eso que lo único que ha llevado es un prejuicio bien importante a las sociedades; con esta ley va a haber en la historia un período llamado el retroceso de Luis, le digo Luis porque él no quiso llamarse por Lacalle durante su campaña», señaló el ministro.
El 14 de febrero distintos analistas sostuvieron que la ley de urgente consideración podría generar un mayor conflicto social que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en América del Sur durante el año pasado.
Desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley de urgente consideración restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, «criminaliza la protesta social» y demonopoliza la importación, exportación y refinación de combustibles.
Contradicciones sobre pasado reciente
El futuro Gobierno tiene contradicciones con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la dictadura cívico militar (1973-1985), afirmó José Bayardi.
«Creo que es un Gobierno que va a estar sujeto a contradicciones; en la coalición hay sectores que fueron amparadores de la impunidad y sectores que estuvieron en otra posición respecto al tema de derechos humanos», dijo.
Hace unos días el futuro subsecretario de Defensa Nacional Rivera Elgue, dijo a La Diaria que si las Fuerzas Armadas «hubiesen actuado mal» en dictadura «tendría que haber muchos más desaparecidos».
El 17 de febrero, el designado secretario de la Presidencia Álvaro Delgado dijo que ni él ni Lacalle Pou coinciden con la visión que expresó Elgue.
Por su parte, Bayardi afirmó que estas declaraciones demuestran que existe una «tensión» en la coalición del gobierno electo, ya que hay posiciones distintas sobre el pasado reciente.
Asimismo, recordó que los Gobiernos del Partido Nacional (centroderecha) y del Partido Colorado (centroderecha), que conforman la coalición del futuro Gobierno, «hicieron poco» en avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, a excepción de la administración de Jorge Batlle (2000-2005) cuando impulsó la Comisión para la Paz.
«Era claro que durante esos gobiernos se hizo caer todas las pretensiones de juicio sobre derechos humanos en la impunidad y no se entraba a las unidades militares por más información que hubiera para impulsar la búsqueda de detenidos desaparecidos; esos son los antecedentes del pasado, ahora yo no quiero expresarme en lo que va a acontecer; ellos dijeron que van a continuar con la búsqueda, no tengo porque dudar sobre la voluntad de quienes lo declararon», agregó.
Por otro lado, Bayardi dijo que «rechazaba absolutamente» los dichos de Elgue.
«Que solo haya un detenido desaparecido debe considerarse un hecho inadmisible, las Fuerzas Armadas no solo actuaron mal por los desaparecidos sino que actuaron mal por las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución», agregó.
Sostuvo que es preocupante que un futuro subsecretario no haga una correcta evaluación de la historia, porque condena a futuras generaciones a repetir las mismas circunstancias.
«Me preocupa que se diga, pero más me preocupa que se piense», dijo sobre las afirmaciones de Elgue.
En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En Uruguay existen 307 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.
Sin embargo, solo el 3% de las denuncias terminaron en una sentencia, lo que significa que el 97% de los casos no se resuelven, señala el Observatorio Luz Ibarburu.
Política exterior
«Creo que el Gobierno electo va a subordinar la política exterior a los intereses de los EE.UU.; hay una percepción equivocada, porque EE.UU. si bien tiene la intención de lograr recomponer su hegemonía política en la región, no tiene la capacidad que tuvo durante el siglo XX de manejar la economía a su antojo», afirmó Bayardi.
En las últimas semanas integrantes del Gobierno electo sostuvieron encuentros con representantes de EE.UU.
El embajador de EE.UU. en Uruguay, Kenneth S. George, se reunió el 10 de febrero con la futura Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para impulsar nuevas formas de cooperación entre ambos países.
El 23 de enero, el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Políticos, David Hale, afirmó, durante una visita en Montevideo, que el Gobierno de Donald Trump considera como una prioridad un acuerdo comercial con Uruguay.
Hale dijo que el presidente electo Luis Lacalle Pou será invitado a Washington apenas asuma el 1 de marzo.
Lacalle Pou comentó el 6 de este mes que, en una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, planteó la posibilidad de que los dos países firmaran un acuerdo de libre comercio.
Almagro
Bayardi opinó que el apoyo anunciado por el Gobierno electo a la reelección del uruguayo Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es un «error».
«Almagro también ha tenido una subordinación total a la estrategia de EE.UU.; si algo podía esperarse de un nuevo ciclo de la OEA, eso ha quedado totalmente desvirtuado con Almagro, que ha violentado todas las normas contenidas en el propio organismo», agregó.
El 2 de diciembre Lacalle Pou dijo que «personalmente» tenía «predisposición» a apoyar a Almagro.
«Está claro que no compartimos ideología con Almagro, fuimos muy críticos de su política exterior cuando fue canciller; sin prejuicio de eso, estamos de acuerdo con su política llevada en la OEA (…) personalmente, pero no lo tomen como un sí, tengo una predisposición a que continúe», expresó el presidente electo.
Almagro asumió su cargo en la OEA en 2015 tras desempeñarse como canciller de Uruguay durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015).
El funcionario ha dirigido duras críticas al Gobierno de Maduro en Venezuela y llegó a afirmar que no podía descartarse una intervención militar en ese país.
El 22 de agosto, el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, rechazó la reelección de Almagro en el organismo y pidió que se analizaran otras candidaturas.
Cuba y Venezuela
«Hubo una crítica a los gobiernos del Frente Amplio de llevar adelante relaciones diplomáticas entre estados basada en la ideología (…) sin embargo, si hay algo que es ideología es lo que acaba de hacer el presidente (por Lacalle Pou) excluyendo de las invitaciones a la asunción a los mandatarios de los gobiernos que están acreditados diplomáticamente en este país», afirmó Bayardi.
Hace unos días el Gobierno electo afirmó que no iban a invitar a la asunción de Lacalle Pou a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque «no son democracias plenas».
Sin embargo, el 18 de febrero el canciller designado, Ernesto Talvi, informó que el Gobierno electo decidió invitar a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua y no a los presidentes de esos países a la asunción del nuevo mandatario el 1 de marzo.
Por su parte, Bayardi afirmó que este hecho muestra la “incapacidad del presidente de poder dimensionar las relaciones entre los estados”.
“En campaña él dijo que los gobiernos en sus relaciones no reconocen amistades, sino sus intereses; pero ahora está borrando con el codo lo que escribió con la mano; además, que haya dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua son gobiernos dictatoriales muestra que tampoco conoce la política del río Bravo hacia abajo”, agregó.
Asimismo, Bayardi se preguntó cómo cataloga Lacalle Pou el Gobierno de Honduras o el de Bolivia.
“Esta señora descendiente de indígenas, que se cree rubia, anglosajona, cuando claramente es descendiente de indígenas, Jeanine Áñez, reniega a su pasado, que llevó adelante un golpe de Estado en Bolivia y desplazó a Evo Morales (2006-2019) que estaba todavía en funciones, veo que el canciller Talvi que en un momento dijo que se hablaba de golpe de Estado, en realidad no sé si concretaron la invitación, pero me parece absolutamente un despropósito”, afirmó.
Asimismo, consideró que el Gobierno electo “no tiene en claro” la realidad que vive Colombia en relación de los derechos humanos.
“Creo que si Lacalle Pou no se deja asesorar mejor y si no vence algunos arrebatos, no sólo está borrando con el codo lo que dijo sino que va a cometer errores desde el punto de vista diplomático muy grandes”, agregó Bayardi.
El actual ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, afirmó el 12 de febrero a la prensa local que el hecho de que el futuro Gobierno no invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la asunción presidencial traerá consecuencias.
El canciller indicó que le preocupa que la decisión de no invitar a esos tres países afecte a Uruguay en lo comercial e indicó que eso al nuevo Gobierno también le «debería preocupar».
Puso como ejemplo que Uruguay con Cuba tiene «muchas cosas, hay médicos cubanos que han operado a 90.000 personas de la vista gratis, con Cuba hay un proyecto lechero que se está desarrollando a través de Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)».
Lacalle Pou y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón asumirán el 1 de marzo y estarán al frente del Ejecutivo hasta 2025.
Cortesía de Sputnik