Después de más de cinco años de crisis económica y de conflictos políticos, Venezuela comenzó a ver una luz al final de túnel en 2021, con estabilidad social y financiera.
Pero las acusaciones por violaciones de derechos humanos parecen ser una sombra que le persigue, y que según el Gobierno solo busca provocar un «cambio de régimen».
El politólogo y asesor de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Walter Ortiz, en conversación con la Agencia Sputnik, consideró que el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que acusó a los organismos de seguridad del Estado de cometer represiones contra ciudadanos opositores, esconde la intención de los países que apoyan a ese organismo de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
«Lo que hay es una clara disposición política de utilizar esta comisión y los informes que eleve para dejar algún disparador ante cualquier alternativa fuera de la democracia para tratar de derrocar al Gobierno del presidente Maduro», expresó Ortiz.
La misión fue creada en septiembre de 2019 por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Ese mandato fue renovado en octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022.
Sin embargo, 39 países, 13 de ellos con voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apoyan el proyecto de resolución para renovar por dos años más el mandato de esta misión.
Para la administración de Maduro esto forma parte de la politización de los derechos humanos por parte de EEUU.
En ese sentido, el Gobierno calificó de falsas y sin fundamento las acusaciones, tras argüir que la misión busca atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de EEUU.
Ortiz, también columnista del diario venezolano Correo del Orinoco, opinó que Washington mantiene su estrategia de deponer por la fuerza a Maduro del poder.
«Esto envía un mensaje al Gobierno de que si no se da una eventual salida electoral pueden activar alguna variante dentro de todo lo que tienen archivado como la intervención militar y planes de invasión sobre Venezuela», indicó.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian A. Nichols, señaló el 5 de octubre que los Informes de la Misión Independiente de Hechos de la ONU sobre Venezuela «son una herramienta esencial para la rendición de cuentas por los abusos contra DDHH, por lo que dijo que su país apoya su trabajo e instó la renovación del mandato de ese organismo.
Distorsión
Francisco González, analista internacional y coordinador del Instituto de Integración Regional venezolano, en conversación con la Agencia Sputnik, señaló que las acusaciones contra Venezuela buscan distorsionar la realidad que vive el país actualmente.
«Si hay algo que sabe hacer la extrema derecha es utilizar el aparato comunicacional, que lo financian y lo manejan, y en este caso utilizan a Venezuela pero precisamente en un momento en que está el país en paz, lo real y concreto en Venezuela es que hay una paz, pero no hay un situación pre bélica», comentó.
González, también máster en Integración Latinoamericana y abogado, consideró que el informe de la misión busca hacer ver que el país se encuentra en una situación de guerra.
«Los medios nacionales e internacionales controlados por ellos van a poner otra vez una situación como que Venezuela está en una guerra y que estas instituciones de inteligencia venezolanos tiene una campaña de asesinatos masivos de protestantes que es absurda en estos momentos porque no hay nada de eso, es mentira», subrayó.
De acuerdo con el informe de la misión, ésta documentó 122 casos de víctimas que «fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde 2014 hasta la actualidad».
Según el texto, los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes.
El analista manifestó que los tres informes que presentó la misión durante los últimos años contienen similar información, a lo que dijo se suma que ese organismo no realizó investigaciones presenciales en el país.
«Se habla de un comisión internacional independiente y resulta que es muy dependiente de ciertas finanzas de países (…) Muchas de esas entrevistas no las hacen desde Venezuela, las hacen desde Nueva York. Ese comité independiente cuando hizo el primer informe en el 2019 ni siquiera vino a Venezuela lo hicieron por teléfono con las organizaciones no gubernamentales, era un plagio que hacía de informes de [Michelle] Bachelet [ex alta comisionada de DDHH de ONU] que los plagiaban», acotó.
Por su parte, Ortiz manifestó que EEUU y sus aliados temen que en 2024 Maduro se consolide en la presidencia nuevamente en los comicios previstos para ese año en la nación caribeña.
«Desde el punto de vista estratégico le causa mucha molestia que Venezuela pueda tener una recuperación sostenida desde el punto de vista económico y social, que pueda sostener su estabilidad política. Que puede significar una consolidación de la revolución bolivariana en el poder político en Venezuela y le daría la primera opción al presidente Maduro o al PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] de salir fortalecido y reelegido en el año 2024», señaló.
Desde 2017 hasta diciembre de 2021, la justicia venezolana condenó a 210 funcionarios de seguridad del Estado por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, según cifras emitidas por el fiscal general Tarek William Saab.
Entretanto, el Gobierno mantiene la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
En el último informe difundido en junio, Bachelet reconoció los avances de Venezuela en materia de derechos humanos, tras la disminución de muertes en operaciones de seguridad.
De igual manera, destacó la condena de miembros de defensa y seguridad del Estado en siete casos de muertes durante las protestas registradas en 2017 en este país caribeño.
Fuente Sputnik
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