Ricardo Soberón, abogado peruano, quien ha renunciado al cargo de máxima autoridad de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DeVida, afirma que en Perú no existe la posibilidad de realizar un verdadero y efectivo debate sobre la problemática de las drogas.
Soberón defendió, desde el primer momento de su labor, la suspensión de la erradicación de los cultivos para replantear la estrategia antidrogas en el Perú, el segundo país productor de hoja de coca en el mundo y que, según datos de Naciones Unidas, está a punto de disputar a Colombia el primer puesto.
Soberón es uno de investigadores en derechos humanos en Latinoamérica pioneros en cruzar su temática con las políticas de drogas aplicadas. Tienen un Master en Política Internacional en la Universidad de Bradford e integrante del capítulo Drogas y Democracia del Transnacional Institut (TNI), se abocó a desenredar la trama y denunciar el escondido y a la vez evidente vínculo entre el narcotráfico y la militarización de la región andina.
En conversación con radio Neederland, Soberón aborda algunos puntos sustantivos de su concepción general sobre lo que debería ser una política peruana de combate a las drogas.
Usted es calificado como un hombre contrario a la política de erradicación de cultivo de coca y más bien a favor del control financiero del contrabando. ¿A quién no le ha gustado su visión?
– Eso todavía está por verse. La verdad es que el recambio lo veo como parte de la vida democrática que tiene el Perú. Sin embargo, sí debo de señalar que hay algunos aspectos que me interesa puntualizar y que son retos fundamentales para mi sucesora, la señora Carmen Macillas. El primero es la Estrategia Nacional del Control de Drogas 2012-2016. Es un instrumento que, como ningún otro en la historia de la guerra en contra de las drogas en el Perú, ha sido validado por dos gabinetes en un proceso de consultas detalladísimas, y han sido absueltas todas las interrogantes. Por eso me parece que es un pendiente urgentísimo que tiene la administración del presidente Humala para poder ejecutar sus presupuestos, sus estrategias, sus programas y echar a andar la maquinaria del Estado.
¿A quién no le pudiera haber gustado?
– Creo que podría encontrar un abanico doméstico muy amplio de actores que ven confrontadas sus visiones, sus intereses, sus posicionamientos frente al tema. Y a nivel internacional es claro que hemos tenido y seguiremos teniendo diferencias sobre las visiones que priorizan el problema de las drogas en un solo aspecto, en este caso el control de la oferta. Cuarenta años de guerra contra las drogas nos demuestran a nivel mundial que esas visiones unilaterales y parciales han sido ineficientes, cuando no un fracaso. Por eso que mi gestión de cinco meses, lo que pretendió es posicionar al Estado peruano en la esfera doméstica e internacional, para que pudiese tener una visión holística, comprensiva, racional y científica sobre el problema de las drogas.
Desde su nombramiento hubo críticas al Gobierno del presidente Ollanta Humala, porque usted había sido asesor de congresistas que estaban muy ligados a las organizaciones de campesinos cultivadores de hoja de coca.
– Sí, es verdad, como también he sido consultor con Naciones Unidas y de la Unión Europea. O sea, mi trayectoria profesional en los últimos 25 años en el tema va muchísimo más allá de los tres meses en que fui asesor de una congresista. Es más, los que inicialmente lanzaron algunas dudas sobre mi posicionamiento y mi gestión, hasta en cinco oportunidades entre el 5 de agosto y el 10 de enero, me refiero particularmente al gobierno de los Estados Unidos y la administración del presidente Obama, diversos funcionarios sí respetaron la existencia de una propuesta. Me refiero al señor Nicholas Burns, al general Foster del Comando Sur, al embajador Brownfield, a la propia señora Hillary Clinton cuando fue a Washington el Presidente del Consejo de Ministros Salomon Lerner, e incluso durante la reunión que sostuvo el presidente Humala con el presidente Obama en Hawái. En aquellas oportunidades se reconoció en el Perú la capacidad de tener una visión seria sobre el tema de las drogas, y que ellos iban a estar a la espera del posicionamiento de esta nueva estrategia que nos ha tomado a mí y a mi equipo los últimos dos meses de trabajo y de consultas a distintos niveles de gobierno, con distintas tiendas políticas, con todos los sectores de la administración pública, incluyendo la prensa y la cooperación internacional. Creo que si algo ha caracterizado mi gestión es intentar ejercer liderazgo en el tema para empoderar al Estado peruano y hacerlo contar con una estrategia internacional y efectiva.
De acuerdo a las cifras del gobierno en Perú, hay 61.000 hectáreas cultivadas con hojas de coca, y las operaciones de erradicación lograron eliminar doce mil hectáreas en el 2010. ¿Cuál es, a su juicio, una meta plausible en este sentido?
– Le agradezco la pregunta porque me va a permitir posicionar lo que era la propuesta durante mi gestión. Cuando usted hace mención de las 61.200 hectáreas, nos referimos a diez años de fracaso de no manejo del tema. A pesar de que anteriores estrategias hablaban de que había que reducir 40% de los cultivos, en fin, discurso tras discurso, pero al final, en la práctica, poco. Nosotros optamos por una decisión muchísimo más racional. Dijimos que entre el 2012, 2013 y 2014 debemos lograr reducir la tendencia del crecimiento de las áreas de cultivo, que es de 6% anual en los últimos años. Reducir esta tendencia primero, y en el cuarto y quinto año de la estrategia la idea es reducir el 10% de área por año. Es decir, pasar de sesenta y un mil doscientas a cuarenta y ocho mil hectáreas. Eso solo iba a ser posible, si se daban tres condiciones: la primera, la decisión de la cooperación internacional y particularmente de los EEUU. La segunda en darle a DeVida la capacidad del monitoreo y la observación del dinámico problema de narcotráfico. Y la tercera, entender que el concepto de la reducción de los cultivos de coca está incorporado en la propuesta de estrategia, se refiere a la erradicación forzosa y la erradicación voluntaria, al abandono, a la sustitución de cultivos, a un conjunto de medidas. Es por eso que nosotros lo denominábamos reducción sostenible en el tiempo y en el territorio. Lamentablemente, tal como es vista la erradicación y usted ha hecho mención a las 12.000 hectáreas erradicadas, esas áreas erradicadas no tienen ningún impacto en la dinámica de los cultivos de coca sometidos a la demanda internacional, de coca pasta base y clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? Porque se hacen de manera aislada, poco profesional, y de forma inconsulta como otros actores del Estado.
¿Debo deducir de lo que hemos conversado que lo que usted percibe es de una u otra manera una falta de conciencia y responsabilidad internacional de que este tema de las drogas tiene dos puntas, una de producción y otra de consumo?
– Yo creo que el problema inicialmente es doméstico, es del Perú. ¿En qué sentido? Sostengo que las políticas de drogas de mi país, han sido, son, y parece que seguirán siendo secuestradas por la convergencia de varios factores. La ignorancia y la convergencia de factores e intereses políticos, económicos y mediáticos. Ellos explican en parte lo que ocurrió al inicio de mi gestión, y lo que pareciera ser el proceso final de mi gestión ahora en enero. Ahora, eso no escapa a lo que usted plantea. Es verdad, nosotros antes de terminar nuestra gestión, estábamos en el proceso de organización de la conferencia internacional de desarrollo alternativo que se va a llevar a cabo en febrero de este año, al menos así lo dejamos nosotros aquí en Lima juntamente con el gobierno de Tailandia y con la oficina de la ONU de control de drogas en Viena. Una conferencia que tenía como finalidad el poder concretar principios guía que deben de conducir a los programas de desarrollo alternativo en el futuro. Y un aspecto fundamental de esa discusión era el siguiente: por más crisis económica internacional, por más reducción de la ayuda a países como el Perú que ingresan a la esfera de los de renta media, lo que no podemos es reducir los montos y conceptos de cooperación internacional destinados al combate de la producción de drogas, por su carácter estratégico y su extrema vulnerabilidad a violencias y a conflictos y a demandas internacionales y economías ilícitas. Ésos son los conceptos que yo creo reflejan lo que esto plantea en el sentido de la falta de conciencia y esperemos que, en el mes de febrero, la nueva administración pueda seguir impulsando esta conferencia internacional de desarrollo alternativo.
Sé que el próximo tema escapa de una u otra manera a su renuncia, pero creo que es fundamental. Hoy como nunca hay iniciativas a nivel internacional que buscan de una u otra forma crear mayor discusión acerca de la posibilidad de la legalización regulada y sostenida de las drogas. Usted que abandona el cargo de zar antidrogas del Perú, ¿con qué ojos ve una eventual legalización por etapas?
– Quiero responderle inicialmente señalando que, como abogado y jurista, el concepto me queda muy resbaloso y esquivo. No me gusta. Opto por un uso selectivo del derecho penal para focalizarla contra la criminalidad organizada, dejando al derecho administrativo y el derecho civil el tratamiento de problemas relacionados a la producción o a la comercialización de drogas en pequeña escala. Ésa es un poco la posición, la filosofía que he querido trasmitir a lo largo de estos cinco meses en mi continuo accionar con actores del Estado, con actores políticos y con la cooperación internacional. Miramos con mucha atención el desarrollo de los debates que se dan en Portugal, en la misma Holanda, aunque no siempre en el sentido que quisiéramos, o en países como Colombia o Brasil o Argentina, con el concepto de la reducción del daño. Lo respetamos y hubiéramos participado activamente en este debate. Me temo que en el Perú, precisamente por la existencia de estos factores de intereses políticos, mediáticos y económicos que secuestran la capacidad de debate, que no sea posible aún entrarle con fuerza conceptual a esa discusión.
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