Rodrigo Mundaca y reforma al Código de Aguas: «Sigue salvaguardando la propiedad privada de las aguas»

Este martes 22 de noviembre la Sala de la Cámara de Diputados votó el proyecto que reforma el Código de Aguas y que se ha planteado como una normativa que, en teoría, busca reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y establecer un nuevo tipo de permiso para el uso del agua intransferible e intransmisible, entre otras regulaciones.

Conversamos con el ingeniero agrónomo y reconocido dirigente social Rodrigo Mundaca, quien a través de la organización Modatima ha seguido, investigado y denunciado por años la problemática del agua y la escasez del recurso en nuestro país, así como los vínculos políticos y empresariales existentes en este conflicto.

Mundaca comienza planteando que el contexto de las aguas en Chile «es completamente inédito a nivel mundial, porque Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas». Una privatización, apunta, que data desde 1981. «Transcurridos 35 años el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas se ha mantenido inalterable dentro del territorio», señala.

Mundaca plantea que el proyecto que reforma el Código de Aguas es «incompleto, no obstante, que hay una valoración particularmente desde aquellas comunidades en donde se encuentra fragilizado su acceso al agua», refiriéndose principalmente «a las comunidades indígenas, a los sistemas de abastecimiento de agua rural y a los pequeños campesinos».

Acá el desglose de sus cuestionamientos a la iniciativa.

«No cambia el derecho a propiedad de las aguas establecida en la Constitución del ’80»

En su análisis de la normativa, el dirigente de Modatima sostiene que ésta «no altera en lo medular el modelo de aguas privado que rige en todo el territorio y que a nuestro juicio es la base de las desigualdades e injusticias hídricas que hoy existen en Chile y que tienen extendido a lo largo del país un conflicto hidro-social que no va a resolver esta reforma».

Mundaca explica que no se está derogando el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de 1980 que consagra la propiedad privada de las aguas. «Lo que se está haciendo es fundamentalmente cambiar el concepto de derechos de aprovechamiento por el de concesiones, a 30 años para los derechos consuntivos y a 20 años para los derechos no consuntivos». Una modificación, asegura, que «no cambia en definitiva el derecho a propiedad de las aguas establecida en la Constitución del ’80».

En este sentido, advierte que «si tú no derogas el artículo 19 N°24 y haces cambios a los articulados del Código de Aguas, cualquier jurista va a plantear que la norma jurídica que se superpone con respecto a la modificación de cualquier articulado siempre va a ser la Constitución».

Reforma no retroactiva

Por otro lado, el dirigente indica que la reforma «no es retroactiva tampoco y, en rigor, representa apenas un 10% de las aguas disponibles. Es decir, este es un proyecto que se focaliza fundamentalmente en el 10% del agua que falta por entregar, por tanto el 90% del agua ya entregada, su carácter gratuito y perpetuo y la posibilidad de seguir lucrando con esas aguas, no se ve afectado en lo absoluto». 

Respecto al planteamiento de la reforma de restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra en comunidades indígenas -debido a que el Código de Aguas del 1981 separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, apunta- dice que «para eso habría que restituirla en todo el territorio, sin hacer ningún tipo de distingo, puesto que es todo el territorio el que hoy se ve afectado por la mercantilización que han hecho de este bien común indispensable para la vida de las personas».

En este sentido, Rodrigo Mundaca señala que el proyecto que reforma el Código de Aguas «es imperfecto porque sigue salvaguardando la propiedad privada de las aguas».

La escasez y el «mercado del agua»

Otro reparo a la normativa, explica, tiene que ver con que la reforma busca regular la devolución de los llamados caudales ecológicos, pero específicamente de las aguas entregadas a partir del año 2000 en adelante. «Por lo tanto, ahí tampoco hay un cambio radical», plantea.

Mundaca agrega que si bien se puede reconocer inicialmente como un avance la prelación de usos del agua en situaciones de escasez, es decir, cuando se hace primar el consumo humano y el saneamiento, así como la preservación ecosistémica y las actividades de subsistencia, esto «tiene poca validez». El dirigente sostiene que hay un contexto en donde la infraestructura y la tecnología -que son finalmente sistemas de acumulación de agua, de pozos profundos y de tranques y, por ende, de capacidad de acopiar aguas en el país- están concentradas fundamentalmente en las grandes empresas».

Como ejemplo expone que en una situación de escasez de un pozo, un comité de agua potable rural que abastece a una comunidad, «la única solución para satisfacer el acceso al agua a esa población continuará siendo el sistema de camiones aljibes». Un mecanismo, añade, «que se encuentra totalmente naturalizado en todo el territorio».

El secretario general de Modatima se refiere también al planteamiento de la reforma en cuanto a imponer caducidad a derechos de aprovechamiento por no uso u -teóricamente- “ociosos”. En este caso son 8 años para los derechos consuntivos y 4 para los no consuntivos. «Creemos que el principal objetivo de esto es perfeccionar el mercado de aguas, cerrando la posibilidad a un modelo distinto de gestión integrada de este vital elemento», advierte.

La propiedad de las sanitarias y el robo de agua

Otra falencia que Mundaca identifica en el proyecto de reforma al Código de Aguas es que «no dice nada con respecto a la propiedad de las empresas sanitarias, en circunstancias que prácticamente el 99% de toda la provisión de agua potable del país se encuentra en manos de transnacionales». El dirigente menciona como ejemplo a Esval, la sanitaria más importante del país después de Aguas Andinas, cuya propiedad es canadiense.

Edmundo Pérez-Yoma (DC) ha sido acusado de robo de agua

«Aquí  no hay ninguna mención a la recuperación de la propiedad pública de las empresas sanitarias ni tampoco con respecto a la penalidad de los que roban agua. O sea, hoy robar agua en el territorio tiene un canon de 20 UTM, lo que equivale más o menos a 900 mil pesos, por tanto dada la bajísima penalidad, que es francamente irrisoria, grandes empresarios y políticos vinculados al negocio del agua pueden lucrar y usurpar agua todo el tiempo que quieran», advierte.    

Los parlamentarios y el lucro con el agua

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados el proyecto pasará al Senado, y respecto a esa etapa Rodrigo Mundaca plantea igualmente algunas dudas y cuestionamientos. Como mencionó el dirigente, la normativa se focaliza solo en las aguas que quedan disponibles y no en el 90% ya entregada. «Cuando el Senado lo discuta y lo tenga que votar, ¿qué porcentaje de agua va a faltar por entregar? Lo más probable es que haya sido entregada completamente y no tenga valor jurídico esta iniciativa».

En ese sentido, Mundaca plantea que si en Chile tenemos una situación de enajenación y privación de agua «es fundamentalmente por un Código de Aguas que fue fraguado en dictadura en 1981, y cuyo modelo mercantil fue perfeccionado por los gobiernos de la Concertación, particularmente desde 1997 en adelante, al privatizar las empresas sanitarias».

Respecto a esto el dirigente advierte que estas son compañías «que -como es de conocimiento público- han financiado a parlamentarios que hoy se encuentran en ejercicio en el Senado». Mundaca se cuestiona sobre ello «¿cuál va a ser la voluntad política que va a tener, por ejemplo, el senador Andrés Zaldívar, a quien -como denunció El Mostrador– durante cuatro años, entre 2006 y 2010, Aguas Andinas, la empresa sanitaria más grande del país, le estuvo pagando un canon de aproximadamente 3 millones y medio de pesos para que hiciera seguimiento parlamentario».

«¿Cuál va a ser la voluntad política que van a tener algunos parlamentarios que claramente están involucrados en el modelo de lucro y usura con el agua y que han sido financiados por empresas sanitarias que ellos mismos ayudaron a privatizar?», finaliza Mundaca, y agrega: «No hay ninguna garantía de que haya un ejercicio democrático en torno a esto».

Daniel Labbé Yáñez