Roxana Pey denuncia a personeros de la ex Concertación que «se benefician con el CAE»

Firme se mantiene la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, frente a la decisión de la Contraloría General de la República de validar el procedimiento que adoptó el gobierno para sacarla del cargo a un año de asumir el compromiso de levantar un proyecto de Educación Superior abierto a la participación de la comunidad, que acortara brechas sociales y propendiera a la gratuidad y a la eliminación de la deuda universitaria, en una región que ha sido postergada históricamente por el Ejecutivo.

El Ciudadano entrevistó en Coyhaique a Pey, días antes de conocer el adverso pronunciamiento del organismo. La académica dijo reconocer como un elemento gravitante en la petición de renuncia hecha por la ministra Adriana Delpiano, la cual todavía puede ser objetada por la vía de un recurso de protección, su tenaz negativa a amarrar el futuro de los alumnos del plantel al Crédito con Aval del Estado (CAE), instrumento que cada año arroja dinero de todos los chilenos a las arcas de connotadas figuras políticas en establecimientos privados.

¿Cómo le afectaron las palabras de la ministra Delpiano, cuando señaló que esta universidad no existía?

-Bueno, yo diría que justamente eso es lo más duro de oír porque aquí hay un equipo de personas, hay académicos involucrados, la Universidad de Chile, yo misma, en un trabajo que ha sido bastante arduo, de mucha dedicación, sin pausa, en el que hemos tenido que sortear varios obstáculos y tener logros con muy poco tiempo. Construir de la nada una universidad estatal no es tarea simple.

¿Ese proceso implicó vincularse con la comunidad?

-Por supuesto. Ya está funcionando dentro de la Universidad un órgano colegiado, que se llama Consejo Social. Ese cuerpo está compuesto por personas de la región: el CORE, el Intendente, personalidades de la cultura, empresarios, dirigentes sindicales, estudiantiles, Colegio de Profesores y ONGs. Sesionan regularmente, dirigidos por un coordinador elegido por ellos mismos, que es Baldemar Carrasco. Nosotros hemos buscado darle una continuidad histórica desde las demandas del conflicto social, la discusión que se llevó a cabo, y hemos traído todo eso al interior de la Universidad. Hemos trabajado vinculados a la región pero no de manera anecdótica ni de pantalla, sino de forma institucional, y eso es algo que parece que no ha gustado tanto.

¿Es precisamente esa forma de ver la educación lo que no está en sintonía con lo que el gobierno pensaba hacer de esta Universidad?

-Tal vez. Un asunto de controversia al parecer es que en el borrador de la reforma se introduce un elemento de gobernanza para las Ues estatales que consiste en instalarles una especie de junta directiva, muy al estilo dictatorial, en donde el 50% son representantes del gobierno de turno. Esa figura se propone por encima de todos los órganos de gobierno existentes, los decanos, el senado universitario que tiene la Universidad de Chile, por ejemplo. Esta junta viene a tomar las decisiones por encima de la comunidad y eso es muy grave, porque la discusión que hay hoy en todas las universidades estatales apunta en otro sentido. Es una clara pérdida de autonomía. Nosotros escribimos el estatuto antes de conocer esto, porque el proyecto de reforma se presentó hace muy poco, pero se nos hizo ver que era conveniente y se nos pedía que pusiéramos esta figura de la directiva.

¿Eso formó parte de las observaciones que hizo el Ejecutivo?

-De manera muy informal porque nunca las entregó por escrito, a pesar que nosotros pedimos que se nos enviara así, se negaron. En una reunión se nos dijo que era conveniente que nosotros incluyéramos esta figura de gobierno, como una especie de “board” gerencial.

¿Por qué piensa usted que no se lo entregaron por escrito?

-No lo sé, habría que preguntarle al Ministerio. Lo solicitamos y no fue acogido. Entonces hicimos un informe jurídico de coherencia del estatuto, incluimos esta propuesta de manera transitoria y ajustándola al sentido del estatuto nuestro, que respeta a la comunidad universitaria y abierta a la sociedad de la región, argumentando que esta junta directiva no es ley todavía y tiene que pasar por un debate parlamentario y en ese debate podría no ser aprobado.

Entre las cosas que están incluidas en el proyecto de esta Universidad, ¿se pone en primer lugar a los jóvenes de la región?

-La ley que nos crea como universidad estatal nos mandata explícitamente a propender a incluir a los jóvenes de esta región atendiendo sus particulares, así sea tuviéramos que diseñar un sistema de acceso especial. Nosotros hicimos una propuesta al Consejo de Rectores. No es el Ministerio el encargado del sistema único de acceso (la PSU, el Ranking NEM), es el Cruch, entonces le hicimos una solicitud al Cruch para mantenernos en el sistema pero atendiendo a particularidades muy claras que nos permitieran flexibilizar. Recordemos que en esta región los estudiantes no están familiarizados con preuniversitarios o internet, hay dificultades de conectividad de todo tipo y no se proyectan a estudiar en una universidad. Como no hemos incidido en esa cultura, hemos pedido una flexibilización. Se hará lo que el Cruch estime adecuado, no otra cosa. Esos argumentos que usaron del Ministerio, de que estábamos haciendo una propuesta descabellada, no son ajustados a la realidad.

¿Podría interpretarse que el gobierno intenta desconocer una facultad que tiene el Cruch para debatir sobre este asunto?

-Eso también es parte de la reforma. El gobierno está proponiendo que el sistema único de acceso pase a depender del Ministerio, pero aquí yo veo que el Ministerio actúa como si sus propuestas o ideas ya fueran ley, pero no han sido discutidas en el parlamento todavía. Resulta que el sistema aún está en manos del Cruch y la gobernanza de las Ues estatales todavía está en decisión autónoma de sus comunidades, entonces no veo por qué una universidad tendría que hacerse cargo de una propuesta que todavía no está aprobada.

¿Estima que impulsar la gratuidad incomoda a algunos sectores? Usted habla de intereses creados.

-Se dice que habíamos estado pidiendo recursos fuera de la realidad, y resulta que lo que estamos pidiendo son exactamente los mismos recursos que habían sido comprometidos por el gobierno. Con ellos hemos proyectado hacer una universidad de calidad, abriendo 10 carreras, atendiendo a 300 estudiantes, sin necesidad de cobrar arancel a los alumnos de esta región.

¿Podemos decir que la política en el Ejecutivo está capturada por intereses bancarios y eso, en definitiva, explica su desvinculación?

-Sí, yo creo que eso pesa en esta decisión. La ministra lo ha dicho claramente por la prensa: “No es que la rectora Pey lo haya hecho bien ni mal sino que tiene una idea distinta de universidad”. Tener una idea no es haber ejecutado esa idea, sino tenerla. Es decir, me está pidiendo la destitución por mis ideas, ni siquiera porque las haya puesto en práctica, porque estoy siguiendo estrictamente los mandatos de la ley. Dentro de ella, con los recursos comprometidos, tenemos la facultad de no cobrar arancel o de cobrarlos tan bajos como podamos resistirlos y eso, yo creo, ha incomodado, justamente porque hay una defensa férrea, desvergonzada, del Crédito con Aval del Estado, que es el instrumento de mantención de la lógica de mercado y es el causante del lucro en la Educación Superior y la crisis de endeudamiento y la baja calidad. Personeros de la ex Concertación son beneficiados con este instrumento. Hay que ir a ver quiénes componen las universidades de mercado. Recordemos que el CAE no es solamente con aval del Estado, sino que con dinero del Estado. La mitad del presupuesto anual de Educación Superior está destinado a financiar el CAE, directamente a instituciones que han sido muy cuestionadas y en ellas resulta que hay grandes figuras de partidos políticos de la ex Concertación.

¿Este episodio es otro portazo para el Movimiento Social de Aysén de 2012?

-En este episodio hay claras muestras de falta de respeto con la región. Hay claramente cosas no consultadas, desconocidas. Me sorprende mucho que la ministra no nos haya respondido el oficio que enviamos el 4 de julio, con la última versión de nuestro estatuto. Simplemente no lo respondió y en vez de hacerlo inició un oscuro procedimiento de remoción, cuando lo que corresponde a un Ministerio es ponerse a trabajar en un proyecto de esta naturaleza en vez de poner obstáculos como no entregar recursos o no contestar, buscando prácticas que yo creo son muy indignas. Quizás al no responder debí sospechar, pero jamás me imaginé que una ministra se pudiera involucrar en un asunto como éste.