El integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del país caribeño tilda de narcoestado a su vecino Colombia y relata cómo se ha venido desenvolviendo el conflicto fronterizo entre ambas naciones
«El Gobierno norteamericano usa a ese narcoestado que es Colombia, para atentar contra Venezuela; para nadie es un secreto que ese es un Estado en guerra interna, invadido por fuerzas extranjeras (…) el Gobierno norteamericano y sus lacayos en Latinoamérica buscan derrocar el orden constitucional y acabar con la paz y tranquilidad de los venezolanos», expresó el legislador Saúl Ortega.
El 3 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó una alerta naranja en la frontera con Colombia, ante presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra su país.
En ese sentido, Ortega, presidente de la comisión de Asuntos Internacionales de la ANC, respaldó la decisión del mandatario al considerar que la Fuerza Armada Nacional venezolana debe mantenerse alerta para resguardar el territorio de ese país caribeño.
«Frente a una amenaza potencial de un narcoestado y el imperialismo, no queda otra que la alerta de la Fuerza Armada y del pueblo venezolano para repeler cualquier intento de violencia en la frontera», sostuvo.
«Creo que es oportuno y necesario para ver con atención ese frente de peligro que significa Colombia para Venezuela y para el mundo», añadió.
Maduro realizó el anuncio tres días después de que el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que desde Colombia se prepararon ataques con artefactos explosivos para atacar la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales, el Palacio de Justicia y el bloque 40 de la zona del 23 de Enero, en el oeste de Caracas.
Además, Rodríguez acusó al exmilitar venezolano, Clíver Alcalá Cordones, de dirigir campamentos paramilitares en la frontera colombiana para derrocar a Maduro.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que presentarán pruebas ante la Organización de las Naciones Unidas sobre la «protección y amparo de Duque a grupos terroristas, entrenados y armados en Colombia para, con su anuencia, atentar contra el orden constitucional» de Venezuela.
Entre tanto, el constituyente manifestó que su país es víctima de la violencia que se genera en Colombia.
«Nosotros somos víctimas aguas debajo de lo que Colombia exporta, que es violencia y droga, y frente a eso no queda sino vigilancia máxima del Estado venezolano, de nuestros cuerpos de seguridad y de todo el pueblo fronterizo que debe hacer frente a este flagelo que significa un mal vecino», afirmó.
El mandatario venezolano también anunció la ejecución de ejercicios militares en toda la frontera occidental de Venezuela que abarca los estados Zulia (noroeste), Táchira (oeste) y Amazonas (sur), «para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional».
El Gobierno venezolano había ejecutado ejercicios militares desde el pasado 24 julio hasta el 30 de agosto.
Las maniobras tenían como objetivo «elevar el apresto operacional de los componentes militares y hacer frente a los delitos transfronterizos».
Rearme de FARC
El 29 de agosto, el presidente Iván Duque acusó a su par venezolano de proteger a una «banda de narcoterroristas», luego de que el exnegociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, anunciara la vuelta a las armas.
Ortega desestimó las acusaciones de Duque, y dijo que Venezuela realizó contribuciones para el proceso de paz en Colombia.
«Colombia es un Estado fallido, tiene 60 años en guerra, Venezuela por el contrario ha hecho grandes contribuciones (…) en vista de que no son serios [el Gobierno], que no mantienen los acuerdos, un sector de las FARC ha decidido retomar las armas y hay otros grupos de guerrilleros que no llegaron a la mesa de negociaciones porque no confían en el Estado colombiano», acotó.
La antigua guerrilla de las FARC firmó el acuerdo final de paz con el Gobierno en noviembre de 2016, tras lo cual sus integrantes dejaron las armas e iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil a mediados de 2017, por el cual varios de ellos optaron por la política.
Márquez desapareció a mediados de 2018 tras denunciar seguimientos de militares, y desde entonces se desconoce su paradero.
Desde la firma del acuerdo hasta el pasado mes de junio fueron asesinados 135 excombatientes de la guerrilla, más de 20 en el primer semestre de este año.
Cortesía de Sputnik
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