Senador colombiano Ariel Ávila: «La construcción de una paz verdadera es una realidad»

Ariel Ávila habló con Sputnik sobre las adecuaciones a la ley que se están dando en el Congreso para que la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro empiece a andar.

El proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro, en el marco del cual buscará pactar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados, requiere, para su puesta en práctica, de modificaciones legales que están en curso en el Congreso.

En este caso, se trata de modificaciones a la Ley de Orden Público (418), el marco jurídico que, además de garantizar el orden a nivel nacional, permite a los Gobiernos de turno entablar procesos de paz con grupos armados.

Su vigencia es de cuatro años, por ende, una de las primeras tareas a nivel legislativo de las nuevas administraciones es prorrogar la ley y, en caso tal, hacerle las modificaciones pertinentes para que se acomode a su propuesta de campaña.

Tras su posesión, la bancada del Gobierno en el Congreso ha tenido que trabajar a toda máquina para estructurar y modificar esta ley y así tener un marco jurídico estable para ejecutar la Paz Total. Hasta el pasado lunes 10 de octubre, se aprobó en primer debate la prórroga de la ley y ahora falta pasar el examen en las plenarias de Senado y Cámara.

El senador Ariel Ávila, ponente del proyecto y quien expuso en el primer debate cada uno de los artículos que serán la base para las negociaciones, explicó a Sputnik los puntos fundamentales que se piensan modificar.

«Hablamos de la ley 418 de orden público, que permite tener diálogos con grupos al margen de la ley, en este caso, sentarse con la guerrilla del ELN. En menos de 15 días, esperamos que pase por las plenarias de Senado y Cámara para tener el proceso completo», dijo Ávila.

La propuesta incluyó artículos nuevos como la potestad de autoridades regionales para llegar a acuerdos con grupos armados con incidencia en sus territorios, incentivos a combatientes que entreguen sus armas voluntariamente, servicio social para la paz —complementario al servicio militar— y regiones de paz en municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016.

Además de sentar las bases jurídicas para dialogar y negociar con el ELN, la bandera de la Paz Total del presidente Petro busca también el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, un tema que se abordó en la discusión de la Ley de Orden Público, pero que tiene una iniciativa legislativa aparte.

El senador Ávila espera que las dos leyes estén aprobadas a mediados de noviembre para iniciar las negociaciones con el ELN, una vez que el presidente escoja el equipo negociador, y que también se inicien los acercamientos con otras organizaciones que quieran sumarse a esta tarea por la paz.

En cuanto a una de las críticas de la oposición, que alega que no es lógico que el Gobierno Nacional, a través de esa ley, autorice a los alcaldes y gobernadores a negociar con estos grupos, Ávila hizo un llamado a la claridad. «Si bien los mandatarios de las regiones estarán autorizados a hacer los contactos, solo será la oficina del Alto Consejero de Paz la que defina las negociaciones. Acá lo que se está dando es autonomía para adelantar una agenda humanitaria, no para entablar diálogos».

Ávila es consciente de que al ser la primera vez que una fuerza política alternativa está en el poder puede que se presenten inconvenientes. «Las mayorías son sólidas, pero suelen desbaratarse muy rápido. De hecho, hace poco nos hundieron el proyecto de reforma al órgano electoral colombiano y puede que lo vuelvan a hacer. Hay sectores sociales, tengo que decirlo, que no les gusta el tema de la paz y que no quieren que Colombia consolide este tema».

Pero contrario a lo que dice Ávila, que puede suceder en cualquier ambiente democrático cambiante, lo que se evidenció el lunes 10 en la plenaria —Sputnik acompañó un rato la sesión— es que las mayorías de Petro en Congreso están coordinadas pues hubo unanimidad a la hora de prorrogar la Ley 418.

De hecho, los coordinadores ponentes —Ávila y el senador Alirio Uribe— expusieron tres artículos más que fueron aceptados sin problemas, entre ellos la entrega voluntaria de armas y los incentivos que recibirán quienes decidan hacerlo, entre otros, además del anonimato, incentivos económicos.

«Son diferentes tipos de negociaciones y eso lo tiene que entender el país para que no haya malentendidos. El acogimiento a la justicia estará enfocado en organizaciones criminales y de narcotráfico y la única negociación de paz que habrá será con el ELN. Necesitamos proteger la vida de los colombianos y este es el camino», añadió Ávila.

¿Qué viene ahora? Que ambos proyectos tengan una discusión detallada en las plenarias de Senado y Cámara antes de llegar al despacho de Petro para que haya sanción presidencial. «La construcción de una paz verdadera ahora sí es una realidad», concluyó Ávila.

Por ahora, a la espera de que la Paz Total pase el proceso legislativo y sea ley, el ELN ya mostró sus intenciones de retomar las negociaciones suspendidas hace cuatro años (29 de enero de 2018), cuando esta guerrilla se adjudicó un ataque con explosivos en Barranquilla (caribe colombiano), atentado que cobró la vida de siete policías. El entonces presidente Juan Manuel Santos tomó la determinación de poner un alto a todo diálogo aludiendo la falta de coherencia de este grupo.

Además de la negociación con el ELN —de naturaleza política—, el Gobierno espera llegar a acuerdos de sometimiento con los principales grupos que delinquen en el país y que, en septiembre pasado, aceptaron un cese al fuego bilateral con el Estado colombiano: Clan del Golfo, disidencias de las FARC y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros.

Fuente Sputnik