Vocero de ex procesados en caso Matute: «Se comprobó que no mentí cuando involucré a Insulza»

15 años han pasado desde la extraña desaparición del estudiante sampedrino Jorge Matute Johns. Cuatro magistrados, más de 40 tomos de diligencias, y las denuncias efectuadas en contra de altos funcionarios de Carabineros por el mayor en retiro Andrés Ovalle, que rebaten las conclusiones arribadas por la Policía de Investigaciones, no han sido suficientes para alterar el curso de un caso judicial que se mantiene caratulado como secuestro y obstrucción a la justicia, atrapado en el tecnicismo de establecer científicamente la participación de terceros en la muerte del joven de Villa Spring Hill.

Para Cristián Araos Díaz, psicólogo jurídico-forense y hermano de uno de los jóvenes procesados por obstrucción a la justicia, quien más tarde fue absuelto por “no existir en autos ningún antecedente ni elementos de los que emanen presunciones fundadas” de su vinculación con el fallecimiento de Coke (según se lee en un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que vistosamente me exhibe), señala que el caso Matute no ha sido investigado en su totalidad.

Hoy vuelve a disparar contra el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el ex director de la PDI, Nelson Mery. Aclara que su fin no es injuriar a nadie, sino exigir que dichas personas sean investigadas. Adelanta que llevará a juicio al comisario en retiro de la PDI, Héctor Arenas, y afirma que es falso que los padres de los jóvenes procesados idearan la línea investigativa del mayor Ovalle que apunta a Bruno Betanzo, el dueño de La Cucaracha, como todavía cree la familia Matute. «Esta guerra no se gana peleando entre familias», es la consigna que tiene su padre, Oscar Araos Guzmán.

-Cristian, tú no hablas de una mala investigación. Hablas de una investigación dolosamente irregular, con intencionalidad de que los resultados no coincidan con los verdaderos autores del crimen de Jorge Matute Johns.

El caso Matute es una investigación que tiene una intención clara de responsabilizar a gente inocente, pero también de anular indicios empíricos irrefutables, separarlos, alejarlos del foco criminalístico. Por ejemplo la escena del crimen, La Cucaracha, que fue destruida. Yo le digo a la gente que hasta el día de hoy, si existiera y alguien fuera, y aplicara técnicas de luminol, encontraría la sangre de Jorge Matute.

-¿Cuál fue la primera señal que tuviste de que a tu hermano se le querría imputar «falsamente»?

El primer indicio de que estamos frente a algo irregular es cuando a este grupo de jóvenes, entre 17 y 19 años, se les acusa el supuesto homicidio y desaparición de Jorge. En todos los jóvenes no había un cambio conductual. No es posible que tú, sin tener entrenamiento militar o policial, te veas involucrado en un hecho de sangre que además tiene un posterior modus operandi experto para no ser descubierto, y que se traduce en la desaparición de un cuerpo. Eso no genera una reacción normal.

-¿Le atribuyes responsabilidad a la prensa?

El principal defecto de la prensa local de esa época, en la cual se basaba el resto del país, era que funcionaba en base a prejuicios, y uno de ellos era que no había que creer en las versiones no oficiales. Entonces cuando la oficialidad es corrupta, tú te encuentras con que las personas comunes y corrientes no tienen ninguna posibilidad. Ellos permiten crear una realidad falseada y la impunidad de los verdaderos responsables, que guardan relación con agentes del Estado. Yo creo que la prensa, después de 15 años, se está dando cuenta que se equivocó.

-Cuéntame del papel que a tu juicio tuvo el comisario de la PDI, Héctor Arenas.

Nelson Mery (en ese entonces director de la PDI) se saltó todo el protocolo y envió a Héctor Arenas. Él es una persona que ha sido entrenada en la vieja escuela, alimenta la desinformación y manipuló a la familia Matute. No resuelve nada, pero curiosamente su caída se transforma en un ascenso y termina trabajando para Naciones Unidas. En su currículum tenía investigaciones bastante irregulares donde las personas se suicidaban luchando por su inocencia (caso Ema Pinto, muerte del heladero Martínez en caso Hans Pozo). Lo que hace es alimentar sus teorías a través de los medios de prensa, para justificar una supuesta golpiza al exterior del local que no tiene ningún elemento empírico, ningún testigo. Además actúa para anular a otros equipos investigativos, como lo hizo con Carabineros en esa época, aludiendo a supuestos trajes a la medida con teorías del caso que tuvieron su origen mucho antes que aparecieran los jóvenes procesados.

-¿Y en algún punto Arenas se acercó a las familias de los procesados, cuando el auto de procesamiento fue desestimado?

No. El único acercamiento que tuvimos con Arenas fue cuando lo demandamos por injurias, que no fue público, porque no es de interés público cuando la gente inocente se defiende o toma revancha, sino cuando es destruida. Antes del juicio, él a través de su abogado nos ofreció dinero. Esa es la realidad. Arenas fue sobreseído porque lamentablemente mi hermano estaba fuera de Chile, y los magistrados determinaron que la víctima era él, quedando el caso nulo por su ausencia. Pero nuevamente sentaremos en el banquillo a Héctor Arenas. Aunque tome 10 años o 50 años, nosotros vamos a seguir peleando para recuperar la decencia, lo que nos han quitado. El hecho de que personas que no te conocen, pudiesen dudar de tu probidad, de tus valores. Eso es injusto.

-Volvamos a La Cucaracha. ¿Por qué se dice que la cadena de custodia con la supuesta sangre de Jorge Matute se rompió?

Era la segunda vez que se tomaba una muestra de sangre en la disco, desde el sector donde testigos decían haber visto una golpiza a Matute, o que estaba siendo trasladado inconsciente hacia el sótano. No es casualidad que Carabineros las haya tomado de ahí. Es por testimonios que fueron desacreditados por el equipo que se adueña del caso, el de Arenas. Cuando el equipo criminalístico de Carabineros vuelve a acudir, y obtiene mayor cantidad de muestras, claramente el caso se resolvería porque el ADN iba a ser coincidente. Y es por eso la intencionalidad de anular el procedimiento mediante el cual Andrés Ovalle (mayor a cargo de la investigación en Carabineros) llevaba el maletín con las muestras de sangre al FBI. Ese fue el terror y la determinación de romper esa diligencia, que se hizo por documento secreto, oficial.

-Tengo entendido que también desvincularon de Carabineros a la perito que tomó las muestras.

Claro, Ovalle no actuó solo. Fue como correspondía, con una especialista que no había sido entrenada en Chile, sino en el FBI, que es Shirley Villouta. De ahí el contacto. Esa persona es bioquímica profesional y docente en educación forense hasta el día de hoy. Por eso el temor de las personas que estaban detrás, porque esa simple diligencia permitía resolver de manera científica el caso Matute.

-En el entendido de que Matute habría recibido una golpiza por personal de La Cucaracha, ¿significa eso que existió un blindaje a su dueño Bruno Betanzo?

Hay que entender que Concepción, si bien no es una ciudad pequeña, según los niveles socioeconómicos la gente más o menos se conoce. Existe una coincidencia generacional entre los hijos de la primera magistrado Flora Sepúlveda y Bruno Betanzo. De hecho, el abogado de Betanzo es socio del hijo de la magistrado, en un estudio jurídico que defiende a Betanzo. Estamos frente a una localidad que permite establecer ciertos nexos, que deberían haber sido anulados desde el punto de vista ético y legal en el comienzo. Eso no ocurrió. Pero todo este blindaje, toda esta impunidad, no es para proteger a Bruno Betanzo. Yo creo que efectivamente Betanzo sabe más de lo que dice saber. No obstante, aquí había algo más. Con el tiempo ya hemos identificado eso, lo cual no justificaba una protección simple al dueño de una discoteque, que funcionaba de manera ilegal, y tampoco a un grupo de guardias.

-¿Qué se trató de proteger?

Uno puede concluir que el caso Matute tiene varios niveles, y uno de ellos es la paliza circunstancial de Jorge Matute, en la cual Betanzo, en esa etapa, tiene mucho más que decir. La segunda etapa es la desaparición del cuerpo, porque éste fue sacado desde La Cucaracha. Y después viene el tema más complicado, que guarda relación con el tráfico de influencias que permite, además de la destrucción de la escena del crimen, anular testigos, romper la custodia de la sangre, y hacerse partícipe en las muertes de otras personas que mueren después de Jorge Matute. Es así como llegamos a la conclusión, más allá de toda duda razonable, que Matute es uno más de una cadena de muertes, cuyo objetivo es evitar y proteger la identidad de abastecedores de droga, que son policías corruptos, y la demanda de consumidores VIP.

LA LISTA VIP

“Susana decía que (Jorge) Caamaño era el nexo para entregar drogas a autoridades administrativas de la región y Santiago”, declaró en enero del año 2001 el teniente de OS7 Jaime Guzmán Pons, quien estuvo radicado en Concepción durante la investigación del caso Matute. ¿Quién era Susana? Una testigo cuyo testimonio había servido para procesar a un narcotraficante al que apodaban “Mañungo”. Actualmente, luego de una gestión realizada por el medio Verdad Ahora, Carabineros investiga dónde se encuentra un sumario administrativo que estableció la protección brindada al traficante por funcionarios de la ciudad de Coronel. Señalaron que fue incinerada, pero no hay constancia. En esa misma investigación había sido imputado el jefe de la inteligencia local de Carabineros, Jorge Caamaño, como el principal protector de Mañungo. La acusación se cayó cuando la testigo se retractó. Más tarde, la misma mujer adujo presiones ejercidas por la Dipolcar penquista para no declarar contra Caamaño, el supuesto abastecedor de políticos.

El informe final del mayor Andrés Ovalle, entregado a la magistrado Flora Sepúlveda en el mes de enero de 2002, recoge el testimonio de un funcionario de Carabineros que dice que Caamaño estuvo en el estacionamiento de La Cucaracha la noche en que desapareció Coke. El jefe de la Dipolcar se habría encontrado allí con Jaime Portales Yefi, un funcionario en retiro que hoy está recontratado en la Prefectura de Concepción, asesorando al actual general de zona Iván Bezmalinovic.

-¿Qué fue lo que tú denunciaste en 2009 que derivó en una querella del ex ministro del Interior, José Miguel Insulza?

Listados de supuestos consumidores de droga que aparecían en distintos procesos (caso Matute Johns, caso del “Cartel de Coronel”), que hablaban de personeros que gozaban cargos muy altos en las esferas de poder de Chile. Uno de ellos era José Miguel Insulza. También estaba Nelson Mery, el entonces director de Investigaciones. A raíz de la lectura que yo desprendo de fojas, Insulza se querella por delitos de injuria con la intención de desacreditar mis dichos. Yo gano cuatro imputaciones de calumnias de parte de él y pierdo dos injurias, pero curiosamente a la prensa no le llama la atención que un psicólogo le haya ganado a Insulza cuatro delitos de calumnias, que trata sobre verdad o mentira, versus la injuria que trata sobre algo subjetivo. Acá hubo un fallo bien esquizofrénico, porque la justicia chilena dice que yo no he mentido, pero que decir la verdad dañó la honra del señor Insulza. Cualquier persona que vaya al proceso va a encontrar lo mismo que yo encontré.

-¿Quién acudió a ese juicio?

Insulza no acudió, defendió a distancia su honra. Lo defendió el estudio de abogados de Hinzpeter. Sí acudió Alberto Cienfuegos (ex general director de Carabineros), y Nelson Mery. Ellos reconocen que el documento que rompe la custodia es irregular, y es una obstrucción. Cada chileno va a poder determinar por sí mismo la irregularidad que existe acá. El señor Mery reconoció que nunca fue citado a declarar, en circunstancias de que en un par de procesos, en el caso Matute y en el “cartel de Coronel”, figura en una lista de consumidores de narcotráfico. Yo no estoy imputándole ningún cargo, no me corresponde, eso lo hace un juez de la República, no obstante él reconoce que no ha sido investigado. Fíjate en la diferencia de tratos que existe entre unos jóvenes procesados que no aparecen en ninguna lista, que no aparecen en nada, que ninguna persona los ve al lado de Matute, conversando con Matute, pegándole a Matute, nada de eso, y son incomunicados, son estigmatizados y son perseguidos.

-¿De dónde surge la llamada “lista del narcotráfico”?

Esa información es aportada formalmente a la causa por una persona que había sido protegida por el Estado chileno, a la que se le cambia la identidad de manera profesional, contando con una protección donde se involucran varios poderes del Estado. Eso me decía a mí que esto era digno de ser analizado. Me llamaba la atención que esas personas no hubieren prestado declaración en ninguno de los dos casos, hasta el día de hoy. Nunca han sido citados a declarar. Esa noche en La Cucaracha estaba Susana, la informante, y había policías. Hasta el día de hoy no han sido empadronados el total de los asistentes de la disco (hubo una fiesta organizada por el Colegio de Abogados de Concepción). Había listas VIP de público adulto que no han sido empadronadas.

LAS OTRAS MUERTES

El ingeniero comercial Eduardo Sepúlveda Pedreros convivió con Susana Ramírez, hasta un fatídico día de noviembre de 2002. Fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza, en la ciudad de Villarrica. El Servicio Médico Legal de Temuco dijo suicidio, la madre dijo homicidio. Uno de los elementos que permitirían cuestionar la autopsia, es que ésta la hizo la tanatóloga Nubia Riquelme, la misma que señaló, en el año 2010, que la contadora Viviana Haeger de Puerto Varas había ingerido parte de una botella cerrada de herbicida con la que supuestamente se suicidó. Dicha conclusión fue más tarde refutada por el forense Luis Ravanal, abriendo otro flanco en ese enigma policial paralelo.

Habría sido Eduardo quien conoció de cerca las transacciones ilícitas que hacía Susana, y que llevó una lista con los supuestos consumidores de droga al OS7 de Concepción. Su madre Isabel Pedreros, señaló en el juicio de Insulza contra Araos que vio una fotografía digital donde aparecía Susana en compañía del ex ministro del Interior. También dijo que Susana llegó comentando la desaparición de Matute a sólo un día de ocurridos los hechos, puesto que la mujer solía concurrir a la discoteque La Cucaracha por invitaciones personalizadas de Bruno Betanzo, desde el tiempo en que éste regentaba un local nocturno conocido como “El Peyote”. No consta que dichos testimonios hayan sido vertidos judicialmente en la causa que hoy instruye la ministra Carola Rivas por la muerte de Coke.

-¿Qué hay de las otras muertes que se han mencionado, como la del cabo segundo Marco Martínez Sánchez de la Tercera Comisaría de Coronel?

Cuando vas y comienzas a analizar las fojas que guardan relación con uno u otro caso, es posible identificar patrones. Lo que rompe toda posibilidad de dudar de esta prueba es cuando aparece el cuerpo de Jorge Matute, el cuerpo del delito, porque aparece en un sector que no era desconocido en el proceso, tanto en el cartel del Carbón como en el de Matute, que era camino a Santa Juana. Curiosamente las personas que habían indicado ese lugar antes, estaban muertas. Fueron fallecimientos irregulares donde existía intervención de agentes policiales. Me refiero a las muertes del cabo Marco Martínez y al bombero Hugo Díaz. Luego encontramos más muertes antes de Matute (años 1995 y 1996), que producto de una asociación ilícita para el narcotráfico, habían denunciado a oficiales de Carabineros con nombre y apellidos vía formulario y habían sido “suicidados”.

En ese mismo periodo, yo recibo anónimos, y después correos institucionales de carabineros donde decían claramente que ellos podían acreditar todos mis dichos. Que eran “varios los que estuvieron ahí”. Funcionarios de carabineros en servicio activo, en 2009, que solicitan ayuda. Querían alguna inmunidad jurídica para poder presentarse ante tribunales. Eso es lo que debes entender. Que el cúmulo resuelve el caso, la asociación lineal de los hechos. Así entiendes que lo que le pasó a Matute, le habría pasado a cualquiera que hubiese puesto en riesgo esta asociación ilícita para el tráfico y consumo de drogas en las altas esferas de Chile.

-Si pudieras conversar con la familia Matute, ¿cuál sería tu mensaje?

Mi mensaje a la familia Matute es bien claro: la verdad está al principio, antes de los jóvenes procesados. De hecho ellos, en un momento, estuvieron en la dirección correcta cuando denunciaron a agentes del Estado por la desaparición de Coke. Si el caso se resuelve bien, no existe otra posibilidad. Que sepan que la verdad tiene placa.

Por Matías Rojas