Integrantes de la policía autonómica de Cataluña son acusados de delitos de rebelión y sedición por su actuación durante el proceso independentista que llevó al referéndum unilateral de 2017.
Según consta en los autos de procesamiento emitidos por la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que los Mossos actuaron como «grupos de defensa del referéndum ilegal» llegando incluso a «impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas al respecto».
En concreto, las personas juzgadas serán Josep Lluís Trapero (antiguo mayor de los Mossos), Pere Soler (exdirector del cuerpo policial), César Puig (exsecretario de Interior del Gobierno catalán) y Teresa Laplana (intendente de los Mossos).
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión, además de 4 años de prisión para Laplana como culpable de un delito de sedición.
El juicio se centrará, sobre todo, en analizar la actuación de los Mossos en dos fechas clave del proceso independentista catalán.
La primera de esas fechas es el 20 de septiembre de 2017, cuando decenas de miles de personas se concentraron frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán, donde cuerpos españoles estaban practicando registros policiales para impedir la logística del referéndum.
Según los autos de procesamiento, los Mossos desplegaron unas «tibias medidas de seguridad» pese a la presencia de decenas de miles de manifestantes, lo que dificultó el trabajo de la comisión judicial.
«Las tibias medidas de seguridad y apoyo a la comisión judicial formalmente prestadas enmascaraban una absoluta condescendencia con los hechos», señalan los magistrados.
Como ya ocurrió en el juicio en el que el Tribunal Supremo condenó a 12 líderes políticos y civiles del independentismo catalán, las manifestaciones del 20 de septiembre y su presunto carácter tumultuario son una de las claves de la causa.
La segunda clave se encuentra en la propia jornada del referéndum.
En aquella jornada fueron los cuerpos policiales españoles (Policía Nacional y Guardia Civil) quienes encabezaron el dispositivo policial —en algunas ocasiones con una brutalidad que despertó la condena de buena parte de la comunidad internacional— destinado a impedir la celebración de la consulta.
Por su parte, los Mossos d’Esquadra desplegaron a 7.000 agentes, pero estos adoptaron una actitud pasiva que los magistrados de la Audiencia Nacional definen como «un dispositivo engañoso, meramente formal con designio de permitir la celebración de la ilícita consulta».
«La actuación de esos efectivos de los Mossos en la jornada fue de total pasividad, cuando no de enfrentamiento con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para impedir la clausura de los centros o falta de intervención cuando los agentes de la policía estatal eran agredidos», prosiguen los autos.
Durante el proceso de instrucción las defensas de los procesados cuestionaron la competencia del tribunal para juzgarles por delitos de rebelión y sedición, afirmando que la Audiencia Nacional solo puede entrar a juzgar esos delitos cuando se produce una insurrección armada.
Sin embargo, tras revisar la jurisprudencia, los jueces consideraron que la competencia para conocer de delitos de rebelión «no está limitada a los cometidos por bandas armadas»
Tras su arranque este 20 de enero está previsto que el juicio dure como mínimo hasta la tercera semana del mes de marzo.
Durante ese tiempo desfilarán por la Audiencia Nacional en calidad de testigos algunas importantes personalidades de la política catalana, como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior, actualmente en prisión.
Del mismo modo, prestarán declaración decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra y de los cuerpos policiales españoles.
Cortesía de Sputnik
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