Todo depende si la causa enviada al Tribunal Supremo por la jueza de Girona que investiga el caso es aceptada. Para ello, el alto tribunal tendrá que trasladar la exposición de la jueza a la Fiscalía del Supremo. En caso de considerar que existen indicios de delito, el tribunal podría nombrar un instructor e iniciar el proceso judicial contra el expresidente catalán.
Eso sí, antes debería solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo para juzgar a Puigdemont, que ocupa el cargo de eurodiputado. Si el órgano europeo no lo acepta, no podría ser juzgado, ya que goza de inmunidad.
Este sería el segundo suplicatorio que pediría el Tribunal Supremo, después de pedir uno a Bruselas por la causa pendiente que tiene el político catalán por sedición, derivada del procés. Precisamente, por este último proceso judicial, Puigdemont no puede regresar a España, ya que el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, no ha retirado las ordenes nacional y europeas de detención contra su persona.
De esta manera, se descarta una declaración voluntaria del dirigente nacionalista, que comentó a través de la red social Twitter que «es un intento de ensuciarle» y extraditarle a España «como sea».
En el caso que el Parlamento Europeo aceptara el suplicatorio por el asunto de las aguas de Girona y Puigdemont no acudiera a España para declarar, se podría cursar contra él una nueva orden nacional, europea e internacional por estos nuevos hechos.
También se podría dar el caso que se levantará la inmunidad por sedición, fuera entregado y llevado a prisión en España. Todo esto siempre que el juez belga encargado de su entrega decidiera no iniciar el juicio en Bélgica. En este caso, Puigdemont estaría encerrado hasta que el Parlamento Europeo tomará alguna resolución sobre la causa de las aguas.
Fraude municipal
Puigdemont podría ser juzgado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, que supuestamente cometió cuando ocupaba el puesto de alcalde de Girona entre 2011 y 2016. Delitos que llevaría investigando cerca de tres años el juzgado de instrucción número 2 de Girona.
Según lo expuesto por la jueza de ciudad catalana, el 6 de febrero de 2014, Puigdemont firmó los llamados «acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona».
Un texto en el que se expondría el artificio ideado para ocultar el primer pago de la Colección Santos Torroella, valorada en 4,7 millones de euros, que sería a través de un canon extraordinario. Un dinero que, según un informe de la Agencia Tributaria, iba destinado al saneamiento y mejora de la red de aguas de Girona y que al no hacerlo causó un perjuicio en el patrimonio del consistorio, además de en el propio sistema de distribución de agua y en los consumidores.
Cortesía de Sputnik
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