En una rueda de prensa ofrecida al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que el Gobierno planea llevar a cabo una reforma del Código Penal para «recoger de forma inequívoca figuras penales en función de la realidad».
La razón de ser de la reforma se encuentra, sobre todo, en revisar cómo se penan las agresiones sexuales y los nuevos delitos medioambientales.
No obstante, la ministra portavoz afirmó que la reforma también permite una oportunidad para revisar «la tipificación de los delitos que hemos conocido o que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña».
Es decir, el Gobierno no cierra la puerta a revisar el delito de sedición por el que fueron condenados varios líderes independentistas catalanes el pasado mes de octubre a importantes penas de prisión, destacando la condena del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años.
Según apuntan diversos medios locales españoles citando a fuentes gubernamentales, el Gobierno trabaja con la idea de endurecer el delito de rebelión, lo que implicaría suavizar el de sedición, ya que este actúa como una especie de vaso comunicante respecto al primero.
De producirse una reforma en este sentido, las condenas de los líderes independentistas podrían quedar reducidas, ya que artículo 2.2 del Código Penal establece que las modificaciones legales favorables al reo deben aplicarse incluso si se implementan después de que haya una condena en firme.
Tras ser preguntada en varias ocasiones por la prensa, Montero rechazó aclarar si Pedro Sánchez es partidario de ese tipo de reforma, aunque no lo descartó.
La ministra portavoz se limitó a señalar que el Gobierno no puede sacar adelante la reforma sin el apoyo del Congreso, por lo que las modificaciones dependerán del «sentir global» de la cámara.
Sánchez, que preside un Ejecutivo en minoría, necesitó el apoyo del partido independentista catalán ERC —la formación de Oriol Junqueras— para ser investido presidente del Gobierno, por lo que cabe prever que también necesitará su visto bueno para reformar el Código Penal, lo que alimenta la posibilidad de una menor carga por el delito de sedición.
De hecho, el propio Sánchez ya apuntó recientemente a esa posibilidad en una entrevista con RTVE en la noche del 20 de enero.
«Es evidente que esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época actual. No tenemos delitos homologables a otros países europeos», afirmó.
El conservador Partido Popular, primer partido de la oposición en España, criticó duramente la posibilidad de suavizar el delito de rebelión.
«Es alarmante que Sánchez explique en televisión que quiere rebajar la pena del delito de sedición en el Código Penal para adecuarlo a los nuevos tiempos y favorecer a los políticos condenados por sedición», afirmó Javier Maroto, portavoz del Partido Popular.
En opinión de Maroto, suavizar el delito de sedición supondría otorgar «indulto encubierto» a los líderes independentistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo.
Cortesía de Sputnik
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