En una misiva dirigida a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente catalán asegura que el Tribunal Supremo «advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales de carácter penal» si permitían a los líderes independentistas volver a sus domicilios durante el periodo de aislamiento.
El Gobierno catalán estudió en los últimos días acordar el confinamiento domiciliario de todos los presos en cárceles de Cataluña a los que se permite salidas amparadas en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Es el caso de los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo de España en el juicio contra el proceso soberanista catalán, que obtuvieron recientemente la opción de salir de la cárcel para trabajar o cuidar familiares.
Este régimen fue interrumpido por el estado de alarma y las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno español durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
Mientras las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudiaban la decisión de excarcelarlos, el Tribunal Supremo de España advirtió que pediría la identificación de todos los funcionarios que aprobaran tal medida.
En concreto, el alto tribunal manifestó la intención de acusar de un delito de prevaricación a los funcionarios que avalaran la salida de estos presos.
Este permiso fue finalmente denegado por parte de las autoridades penitenciarias, un resultado que el presidente de la Generalitat considera consecuencia de las «amenazas» por parte del Supremo.
En su carta, Torra justifica que la Alta Comisionada Bachelet dijo públicamente que «los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos».
En concreto, la oficina presidida por Bachelet pidió la reducción del número de personas internadas en las cárceles para evitar la proliferación de contagios en un ambiente susceptible a la transmisión masiva.
«Como consecuencia de las amenazas vertidas por el Tribunal Supremo las correspondientes juntas de tratamiento de los centros penitenciarios afectados han decidido que no procederán a que los presos políticos pasen la pandemia en sus correspondientes domicilios», denuncia el líder del Ejecutivo catalán en la misiva.
Uno de los presos afectados, el exvicepresidente Oriol Junqueras, también exigió el amparo de la ONU al considerar que las advertencias del Tribunal Supremo sobre los funcionarios de prisiones «perjudicaron los derechos de todos los presos» y pusieron «en riesgo la lucha contra el coronavirus».
En un apunte a través de las redes sociales, el también dirigente del partido Esquerra Republicana de Cataluña reclamó a la ONU que tome «medidas» de acuerdo con las recomendaciones que se efectuaron con respecto a la situación de los presos durante la pandemia.
Cortesía de Sputnik
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