Ante las posibles sentencias de 8 a 12 años de prisión a las que se enfrentas independentistas catalanes el mandatario consideró las manifestaciones como legitima forma de expresión del pueblo catalán
El presidente del Gobierno catalán, el independentista Quim Torra, defendió la legitimidad de los actos de «desobediencia civil» como respuesta a la sentencia que el Tribunal Supremo de España emitirá en los próximos días contra los líderes políticos y sociales que impulsaron el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
«La desobediencia civil, es también un derecho, como lo es el derecho a la protesta, a la concentración o a la libertad», dijo Torra durante un debate en el Parlamento catalán.
En su intervención, Torra descargó sobre el conjunto del Parlamento de Cataluña —de mayoría independentista— la responsabilidad de responder institucionalmente ante la publicación de la sentencia.
«Ante esta sentencia, el Parlamento tendrá que tomar una decisión que espero se enmarque sobre estos tres principios: el ejercicio del derecho a la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos», afirmó el presidente catalán.
A su modo de ver, si la sentencia es absolutoria, será «el torpedo más grave posible contra la convivencia en Cataluña».
En cuanto a cuál será la reacción de su Gobierno, Torra insistió en que la respuesta estará encabezada por el Parlamento, aunque señaló que desde las instancias gubernamentales se responderá «con firmeza, serenidad y responsabilidad».
Está previsto que el Tribunal Supremo de España emita en la primera quincena de octubre la sentencia contra los doce líderes independentistas enjuiciados por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por el referéndum unilateral del 1 octubre de 2017, que se convocó ignorando la prohibición explícita del Tribunal Constitucional.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para estas personas penas que oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión.
Entre las personas enjuiciadas destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.
El resto de los enjuiciados son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de plataformas civiles —ANC y Ómnium, respectivamente— encargadas de liderar la movilización del independentismo en las calles.
El actual presidente del Gobierno catalán anunció en distintas ocasiones que «no aceptará» una sentencia condenatoria y prometió que el independentismo se organizará para dar una respuesta tanto a nivel institucional como civil.
Por su parte, el Parlamento de Cataluña adoptó recientemente una serie de resoluciones en las que, además de comprometerse a liderar la respuesta institucional a la sentencia, también califica como «legítimas» las conductas de «desobediencia civil» para responder a la decisión del Supremo.
Del mismo modo, organizaciones como la ANC anunciaron que responderán a la sentencia con un plan de movilización, con marchas desde distintos puntos de Cataluña a Barcelona, con lo que pretenden colapsar la red viaria catalana durante al menos tres días
El Ministerio del Interior de España refuerza estos días sus cuerpos policiales en Cataluña con el traslado —según estimaciones publicadas por medios españoles— de unos 1.800 agentes antidisturbios.
Desde el Gobierno de Cataluña, el consejero del Interior, Miquel Buch, aseguró este 8 de octubre que los Mossos d’Esquadra —la policía autonómica catalana— jugarán un papel absolutamente neutral ante la publicación de la sentencia y que trabajarán para garantizar el orden público sin importar cuál sea la posición política del independentismo ante la misma.
Cortesía de Sputnik
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