Este martes ingresó al Congreso el anunciado proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera que busca permitir que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan resguardar «infraestructura crítica» sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional.
Si la iniciativa ya había generado rechazo en la ciudadanía y parte de la oposición por las violaciones a los Derechos Humanos en que se tradujo la anterior salida de los militares a la calle en el marco del estallido social, otro elemento encendió las alarmas una vez conocido el detalle del documento.
En su página 11, el texto señala que «se define que la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que resguarde infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional».
Luego de eso, se añade que «de esta manera se le otorga mayor densidad normativa y claridad al actuar que eventualmente puedan tener las Fuerzas Armadas en estas circunstancias».
La gravedad de lo establecido en el proyecto fue rápidamente advertido por algunos abogados, quienes apuntaron que lo que se intenta garantizar a través de lo señalado no es otra cosa que impunidad. Uno de ellos fue, por ejemplo, Claudio Nash, doctor en derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
Junto con sostener que se trata de una iniciativa inconstitucional, a través de su cuenta de Twitter hizo ver que esta «propone un sistema de impunidad incompatible con las obligaciones del Estado en Derechos Humanos». Por otra parte, añadió que esta intención del gobierno de Sebastián Piñera vendría a darle sentido al «rumor» de que las Fuerzas Armadas habrían condicionado una nueva -pero frustrada- salida a las calles, «a garantías de impunidad».
En esa misma línea, el también abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso y Máster en Derecho Público, Flavio Quezada, calificó como «gravísimo e inaceptable» lo expuesto en la iniciativa del Ejecutivo, advirtiendo igualmente que ésta garantiza «impunidad a las FFAA».