CIDH por violaciones a Derechos Humanos en Chile: “No es aceptable el incremento de la criminalización”

Este viernes representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron las conclusiones preliminares tras la visita in loco que realizaron entre el 25 y 31 de enero a nuestro país en el marco del estallido social.

La comisionada Esmeralda Arosemena comenzó diciendo que “hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de Derechos Humanos” y pidió un minuto de silencio «como homenaje a las víctimas, dedicando hoy nuestro informe a las familias de los fallecidos, a los heridos, a los detenidos, a las violadas, a los que han perdido el importante sentido de la vista», añadió. 

En ese sentido, agregó que «mi reconocimiento a los jóvenes, a los estudiantes que han dado con su voz muestra de que tenemos empoderados nuestros muchachos y muchachas en la expectativa de una lucha por la transformación de las sociedades, sociedades más justas, más equitativas, procurando igualdad, respetando la dignidad y todos sin exclusión alguna». 

En tanto, Joel Hernández, relator del CIDH para Chile, señaló que «los números hablan por sí solos», aludiendo a las violaciones a los Derechos Humanos que han tenido lugar desde el 18 de octubre. Además, afirmó que el organismo «condena el alto número de violaciones de Derechos Humanos e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables». 

Por otra parte, la Comisión enfatizó que «respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresa de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad cuando no sean posibles otras medidas». «La CIDH condena todo acto de violencia, y recuerda que la protesta es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica», añadió. 

Por último, la presidenta de la CIDH afirmó que «no es aceptable el incremento de la criminalización y adoptar medidas que representen una reducción de espacios para la manifestación popular (…), el clamor ciudadano por una vida digna».