Como en dictadura: ONU consigna muertes, asfixia, culatazos, violaciones y tortura psicológica contra manifestantes

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU ha difundido este viernes su informe respecto a la situación observada en Chile en el marco del estallido social, esto luego de la visita de una misión que estuvo en nuestro país entre el 30 de octubre y el pasado 22 de noviembre.

El objetivo fue «evaluar la situación de los Derechos Humanos en relación con las protestas y el estado de emergencia, identificar los principales patrones y tendencias de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, analizar la respuesta institucional a las protestas y hacer recomendaciones al Estado», según se lee en el documento.

Para ello, visitaron siete regiones, las de Antofagasta, de La Araucanía, del Biobío, de Coquimbo, del Maule, la Región Metropolitana y la de Valparaíso.

Entre sus principales conclusiones, la ACNUDH considera que «en su actuación Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza», refiriéndose con esto último a las protestas o manifestaciones pacíficas.

En ese sentido, se añade que «durante un número significativo de protestas, Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión». En esa misma línea, se apunta que la policía uniformada «ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente».

Se establece igualmente en el informe que «ha habido un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad». Esto -como se agrega- «ha resultado en un gran número de personas heridas, incluidas transeúntes y aquellas que no cometieron actos violentos sino que protestaron pacíficamente».

MUERTES

Respeto a las pérdidas de vidas en manos de agentes del Estado durante el estallido social, la ACNUDH menciona «cuatro casos relacionados con privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales». Por otra parte, se alude a la muerte de una persona «fallecida por disparos por parte de un civil, con un militar relacionado al hecho», a la de «un manifestante durante una protesta debido a un ataque cardíaco» y al de «una persona que supuestamente se habría suicidado en una comisaría».

En sentido, la misión de la ONU es categórica en afirmar que en dos de los casos de muertes a manos de agentes del Estado «aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida». Un hecho que -según advierten- «contradice las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y podría, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial».

Se refiere la ONU a dos asesinatos que tuvieron lugar el 20 de octubre en la Región de Coquimbo, el de ciudadano ecuatoriano Romario Veloz Cortés (26 años) y de Kevin Gómez Morgado (24 años). Ambos «no estaban armados» y «murieron a raíz de heridas en la parte superior de sus cuerpos», apunta el organismo internacional.

Junto con ello se consignan otras dos muertes debido al actuar de agentes estatales. Las de Manuel Rebolledo Navarrete (23 años), «atropellado por un camión de la Armada de Chile el 21 de octubre», y de Alexis Andrés Núñez Sandoval (39 años), quien «murió el 22 de octubre como consecuencia de un trauma craneal relacionado con palizas y malos tratos por parte de Carabineros en Maipú».

TORTURAS Y MALOS TRATOS

La ACNUDH recopiló información sobre 133 actos de tortura y malos tratos. En la mayoría de ellos -se apunta- «los presuntos autores son miembros de Carabineros» y «tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención».

Sobre las formas más comunes de malos tratos se señala lo siguiente: «Incluyen golpes fuertes con los puños; patadas; ‘culatazos’ (golpear a alguien con la culata de un arma de fuego o con una porra), a menudo por varios agentes y en algunos casos después de que la víctima ya había sido reducida al suelo, inmovilizada o esposada. La ACNUDH también documentó casos en los que se utilizaron formas severas de restricción física, incluida la asfixia, que en algunos casos resultaron en pérdida de conciencia».

Acá, por ejemplo, el relato de Fernando, de 28 años, consignado en el informe:
“El Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron: ‘llevémoslos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad’. Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos 12 soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar ‘perdóname, Chile’. En ese momento, pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos».

Por otra parte, se señala que también han recibido «relatos reiterados de tortura psicológica, como amenazas de muerte, amenazas de ‘desaparecer’ a la persona, amenazas de violación, palizas a familiares y amigos frente a la persona y amenazas de agresión contra miembros de la familia».

Se añade también que muchos de los casos de tortura y malos tratos «generalmente ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia, como inodoros o áreas de bodegas al lado de los centros de detención, depósitos o escaleras». Además de eso se señala que «en muchos casos, los autores, especialmente Carabineros, no llevaban cintas con su nombre en la ropa y/o tenían la cara tapada. En algunos casos, miembros de Carabineros habrían alterado sus nombres en sus uniformes».

VIOLACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL

La ACNUDH recopiló información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas (3) y un niño en el contexto de las protestas. Esto incluye «violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos», consigna la ONU. «Algunos de este tipo de tratamiento puede constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes», añade el organismo.

En ese sentido, se establece en el informe que «en todas las regiones visitadas, mujeres y adolescentes mujeres informaron que, durante la detención en las comisarías, a menudo se las obligaba a desnudarse y a hacer sentadillas», además de «amenazas de violación, insultos y comentarios degradantes de naturaleza sexual por parte de miembros de Carabineros».

En el detalle sobre violaciones se señala que se documentaron dos casos de violación «presuntamente cometida por Carabineros y el Ejército, perpetradas contra hombres».

LESIONES OCULARES Y GASES LACRIMÓGENOS

Respecto a los traumas oculares, la ACNUDH considera que «el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las ‘armas menos letales’ se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones».

Es importante destacar que la misión de la ONU sostiene que de acuerdo a la información reunida, incluidos informes médicos, «muchos perdigones disparados por escopetas antidisturbios penetraron en el cuerpo y por ende hay razones fundadas para creer que fueron disparados a corta distancia». Junto con ello se apunta que «la gran cantidad de lesiones en los ojos o la cara también indican que fueron frecuentemente disparadas hacia la parte superior del cuerpo. Todo esto aumentó el riesgo de lesiones oculares y otros daños permanentes graves».

Respecto del uso de gas lacrimógeno en contra de la población, la misión de la ONU releva que este «se ha usado cerca de hospitales, por ejemplo en el Hospital Gustavo Fricke en Valparaíso (8 de noviembre) y en la Clínica Santa María en Santiago (9 de noviembre)».

CONCLUSIONES

Tras este desgarrador detalle de lo ocurrido en Chile en los últimos dos meses, la ACNUDH concluye que «hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos». Estas vulneraciones -se añade- «incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias».

Por otra parte, se sostiene que «ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas».

Además, se postula que «la gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva». En esa misma línea, se apunta que esta policía «ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente» y que utilizaron «fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión».

«Hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia», se incluye también en el informe.

Respecto de los traumas oculares se sostiene que «el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo». Y en ese mismo sentido, se advierte que «casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas».