La Defensoría de la Niñez este viernes entregó una declaración pública, donde cuestionó las medidas tomadas por el Gobierno tras el boicot a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
La entidad se refirió a estos hechos, tras constatar “la manifiesta incapacidad del Estado, a través de los organismos competentes, de asegurar el proceso de selección universitaria año 2020”. Además, indicaron que también esta jornada recibieron respuesta al oficio enviado al DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional) este lunes.
No obstante, aseguraron que la información solicitada no venía dentro del informe. De esta maner, pidieron que se le conceda el ‘máximo plazo legal’ debido a que esta situación “impide la intervención institucional en favor de los/las afectados/as para que tengan posibilidad de restituirse sus derechos vulnerados”.
Por otra parte, desde la entidad señaló que “se requirió al DEMRE el mismo día de iniciado el proceso, la información precisa y detallada de quienes, siendo menores de 18 años, fueron impedidos/as de rendirla, de manera de ejercer a favor de ellos y ellas acciones constitucionales que les aseguraran la igualdad ante la ley en el ejercicio de su derecho a la educación».
Además, se refirió a la suspensión de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, afirmando que “ejecutaremos las acciones judiciales que permitan” que los afectados “vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir una prueba que pudiera favorecer su situación de ingreso a la universidad, así como también, en algunos casos, concretar la debida rendición de dicha prueba como requisito atingente a algunas carreras universitarias”.
Por último, la institución declaró que la Ley de Seguridad Interior del Estado, invocada por el Gobierno contra quienes incitaron al boicot de la Prueba de Selección Universitaria, no es aplicable a adolescentes.