Familia de joven atacameño acusa injusto encarcelamiento durante el estallido social

No todos los prisioneros políticos del estallido están en el centro. En el lejano y desértico norte grande también existen. Licanantai Corrales Pérez (20 años) es un joven atacameño, comunero del Ayllu de Larache. Fue detenido el pasado 6 de diciembre en San Pedro de Atacama. Es acusado de lanzar una bomba molotov e intentar quemar la comisaría de la comuna.

Un grupo de amigos y familiares de Licanantai se reunieron y comenzaron a organizarse en torno a su pronta liberación. En ese contexto es que han denunciado que existen contradicciones entre lo que emana de la guardia de la comisaría de esa noche y los testigos del suceso.

Según lo que ha declarado el oficial de guardia -el cual testificó en contra de Licanantai-, el joven habría lanzado la bomba en contra de la comisaría. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por amigos y familiares en un comunicado público, el relato de personas que transitaban por la plaza en ese momento apunta a que «Licanantai fue detenido por civiles y posteriormente entregado a carabineros, quienes, cuando ocurrieron los hechos, se encontraban al interior del recinto y salieron después de varios minutos. Por lo tanto, hay dos versiones contradictorias».  

Por otra parte, en el documento se acusa un «trato abusivo hacia nuestro hermano y amigo, pues la familia no fue notificada de su detención, y la constatación de lesiones fue realizada luego de la insistencia de la madre, quien denuncia que su hijo fue llevado a Calama y aislado por 5 días, en los cuales no tuvo noticias de él».

En el caso de Licanantai se establecieron 80 días de investigación, por lo que se encuentra actualmente en prisión preventiva. Los cargos que se le imputan son lanzamiento de artefacto explosivo e intento de quema de una comisaría. Se encuentra recluido en la ciudad de Calama, en la cárcel más hacinada de Chile, habitando un lugar de 3×2 metros cuadrados junto a alrededor de 15 personas.

«Hacemos un llamado a todos y todas las habitantes del territorio, comunidades indígenas, organizaciones sociales, vecinales y políticas, trabajadores y pobladores, inmigrantes y disidentes, a solidarizar con nuestro hermano encarcelado, ya que ha quedado demostrado en los últimos 50 días que la criminalización y la persecución puede caer sobre cualquiera que levante la voz y actúe por la defensa de la justicia y las transformaciones necesarias para que nunca más los pueblos sean pisoteados y volvamos a vivir en armonía con nuestra Patta Hoiri (Madre Tierra)», declara el entorno del joven encarcelado.