La madrugada de este viernes el Congreso anunció el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que estableció el marco en el que se desarrollará el proceso para la elaboración de una nueva carta magna.
En términos generales, este establece que en abril de 2020 se llevará a cabo un “plebiscito de entrada”, en donde la ciudadanía deberá decidir si, por una parte, desea o no una nueva Constitución, y por otra, si se inclina porque esta sea redactada por una “Convención Constitucional” o una “Convención Mixta Constitucional”.
En la primera opción sus integrantes serán electos íntegramente por la ciudadanía. En la segunda, sus miembros serán escogidos un 50% por la población y el otro 50% corresponderá a parlamentarios y parlamentarias en ejercicio.
Sin embargo, no bien anunciado este acuerdo surgieron los cuestionamientos respecto a dos puntos, principalmente. El primero tiene que ver con la exigencia de un quórum de 2/3 para aprobar los acuerdos de la Convención, en cualquiera de sus dos opciones, lo que ha sido leído como la posibilidad de que minorías veten lo que decida una mayoría; y el segundo, con que en la elección de los delegados que formarán esta instancia podrían participar también los partidos políticos que han sido duramente cuestionados durante todos estos años, no garantizándose todavía la representatividad de los distintos sectores que conforman la sociedad, como se esperaba que fuera en caso de desarrollarse una Asamblea Constituyente.
En este contexto, el Colegio de Profesores realizó un diálogo esta jornada con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien rechazó el acuerdo alcanzado entre la clase política, señalando que nuevamente «son los mismos políticos anteriores quienes controlan la convención o la asamblea constituyente» que se establezca.
En ese sentido, el historiador hizo un repaso por la forma en que se han instalado las anteriores cartas fundamentales en Chile, sosteniendo en referencia a lo ocurrido ahora que «siempre la ciudadanía ha sido marginada y su soberanía, que le corresponde por derecho natural, le ha sido usurpada por una élite».
Salazar fue rotundo además en advertir que el llamado «Acuerdo Por la Paz» no garantiza de forma alguna el fin de las movilizaciones. «Yo creo que este acuerdo de anoche es una bofetada de nuevo a la ciudadanía, y si la ciudadanía no sigue exigiendo en las calles un cambio real, el pueblo mestizo -llamado también pueblo vandálico- sí va a seguir», declaró.
Al profundizar en esta idea añadió que esta salida acordada por la clase política «no garantiza en absoluto que el movimiento ciudadano se va a quedar tan tranquilo, esperando hasta abril para que se resuelvan los problemas de fondo», apuntando a que es recién en esa fecha cuando se realizará el plebiscito en que la gente decidirá si quiere o no una nueva Constitución y sobre el mecanismo para su elaboración.
«Hay medidas urgentes en el plano social, que son de fondo, (…) por ejemplo, cambiar totalmente el sistema de previsión social, desprivatizar el agua -con todo lo que eso significa-, se trata de hacer reformas sociales que hay que hacerlas ya», explicó el académico. Para ello -postuló- «la única manera de que se haga bien es que el aparato legislativo, que está ya con finiquito, debiera obedecer lo que la Asamblea ya funcionando le ordene que haga en el corto plazo».
Finalmente, Salazar insistió en que lo que debiera ocurrir es una «asamblea ciudadana, una Asamblea Constituyente propiamente tal, y no un arreglo con la vieja clase política».
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
