La crisis sanitaria acelera el proceso constituyente

Por Javiera Arce-Riffo, politóloga 

El 18 de octubre se desató una de las crisis políticas y sociales más complejas que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. El modelo chileno colapsaba ante los incrédulos ojos de miles de ciudadanos, mientras un grupo importante de ellos se volcó a ocupar las calles. Durante meses, las ciudades comenzaron a tener dinámicas distintas, interrupciones de sus actividades diarias, cambios en el transporte público y un gobierno tratando de interpretar, desde su limitado marco de acción, las demandas ciudadanas. 

¿Qué ocurrió con los otros órganos estatales? El Congreso trató de adelantarse y concurrió a un diálogo con el Presidente de la República. Tomó mayor autonomía, a pesar de que la Constitución constriñó su labor durante décadas, privándolo de una acción legislativa directa. Comenzó a tomarse en serio la posibilidad de fiscalizar con fuerza al Poder Ejecutivo, a negociar temáticas trascendentes para la ciudadanía y a detener el avance de políticas sobreideologizadas provenientes de los policymakers herederos de las ideas de la Escuela de Chicago. 

Por otro lado, las municipalidades, a través de la Asociación Chilena de Municipios, tomaron un rol preponderante. Pidieron seguridad pública para sus comunas, trataron de proteger a la ciudadanía y demandaron políticas públicas para mejorar la distribución no solo de la riqueza sino del poder en los territorios. Fue así como programaron una consulta ciudadana en el mes de diciembre de 2019, adelantándose incluso al Ejecutivo y al Legislativo. En esta preguntaron sobre temáticas locales e incluyeron cuestiones relativas al proceso constituyente. Como nunca, la participación fue exitosa, se sumaron 225 comunas y votaron 2.437.663 personas.

Marzo se preveía como un mes caótico, ya que se calendarizaron todas las movilizaciones. Se esperaba retomar lo que la época estival habría detenido, no obstante, nadie imaginó que el Covid-19 azotaría al mundo, y hasta el día de hoy parece incontrolable. Es más, hasta las democracias consolidadas, con sistemas públicos de salud y bienestar robustos, y Estados fuertes, colapsaron. Los ejemplos más dramáticos de la crisis han sido Italia y España, seguidos por Francia y Reino Unido y por la mayor potencia del mundo, Estados Unidos. 

La actitud de la ciudadanía chilena en un principio fue zafar de la gravedad de la pandemia. Pero, gracias a la velocidad con que avanzan las noticias, pronto comprendió la dimensión de lo que se acercaba. 

Fue así como la propia sociedad civil y los municipios se adelantaron al Ejecutivo y comenzaron a presionar al Gobierno para que decretase cuarentenas preventivas. 

Había razones de peso que justificaban este empuje social: se prevé el colapso del sistema sanitario chileno, cuyas capacidades se encuentran deprimidas desde hace décadas como herencia de la Constitución actual y como resultado de la ausencia de planificación en un área clave como es la salud pública, situación que se arrastra desde 1990. 

Conociendo la escasa capacidad de los hospitales públicos, alcaldes de comunas populares y numerosas, en algunos casos partidarios del gobierno como Rodolfo Carter (La Florida) y Germán Codina (Puente Alto), solicitaron en términos muy duros al Ejecutivo medidas urgentes, como la suspensión de clases y el cierre de grandes centros comerciales. Ante las decisiones tomadas de manera autónoma por los alcaldes, el Gobierno no tuvo otra alternativa que sumarse a ellas. Otra vez llegaba tarde.  

Por otro lado, la debilidad institucional del sistema sanitario ha tenido al Presidente Piñera y a su ministro de Salud, Jaime Mañalich, dando explicaciones sobre el número total de respiradores artificiales y camas críticas. En teoría, se suponía que se adelantaron a la crisis al comprar con antelación los ahora vitales respiradores mecánicos, pero una serie de reportajes han demostrado que no fue así y que, incluso a la fecha, hay una partida de respiradores que se consideraban adquiridos pero que ya fueron dados por perdidos (Interferencia, 10 de abril de 2020).  

Asimismo, diariamente Mañalich y sus subalternos entregan reportes sobre el avance del Covid-19, otorgando una sensación de “seguridad”, de “nueva normalidad” en la que se instruye el levantamiento de cuarentenas y el reinicio de actividades. 

Si bien la curva de contagio se ha disparado, las cifras oficiales de decesos dan una impresión de que Chile está teniendo una reacción exitosa ante la crisis. No obstante, aún falta para que este escenario se desarrolle y llegue a su peak. Hay que considerar que este máximo de contagios puede llegar en invierno, estación que suele hacer colapsar los hospitales, incluso sin Covid-19. 

CRISIS Y SISTEMA POLÍTICO

En este preocupante escenario, la Cámara de Diputados tiene la opción de fiscalizar los hasta ahora cuestionables actos de gobierno. Pero luego de la fallida elección de la Presidencia y Vicepresidencia de la Cámara, donde fue imposible poner de acuerdo a la oposición, quienes teniendo mayoría priorizaron rencillas internas en vez de coordinar el control político de la instancia, le entregaron la Presidencia y primera Vicepresidencia a la derecha, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a la crisis sanitaria, sin un contrapeso al Poder Ejecutivo.

El estallido social desestabilizó el sistema político, pero el Covid-19 dejó en evidencia su gran deterioro. A la crisis de legitimidad de las instituciones políticas (Gobierno, Congreso y partidos), que poseen bajísimos porcentajes de aprobación, se suma la falta de credibilidad sobre quienes gobiernan y respecto de su manejo en el contexto de la crisis. 

En un comienzo, fue la propia ciudadanía la que tomó sus precauciones, pero durante la Semana Santa otro resto decidió “aprovechar” el descanso, contraviniendo las órdenes del Gobierno, y se trasladó a lugares de esparcimiento, lo que podría implicar extender el contagio. Este es un ejemplo del proceder irresponsable con que buena parte de los sectores acomodados del país han afrontado la emergencia.

Asimismo, las leyes que se han ido aprobando -en este contexto de crisis sanitaria y política-, incluso con el respaldo del Congreso, demuestran la debilidad de la estructura institucional chilena. Un Estado que no protege -cuya política social está basada en la focalización del gasto fiscal- y que en una pandemia -con efectos económicos que traspasarán el 40% más vulnerable- no tiene posibilidad alguna de garantizar a los sectores medios bienestar social. 

Todo esto demuestra que para una gran cantidad de trabajadores a honorarios y de sectores informales de la economía, esta política no alcanza. Tampoco considera a sectores sociales desprotegidos, como las propias mujeres, que se encuentran en riesgo no solo por la sobrecarga de trabajo doméstico, sino que también debido al incremento de la violencia de género que se observa en esta época de encierro. 

La pandemia posee efectos diferentes entre hombres y mujeres, ricos y pobres, siendo los más afectados estos últimos, no solo en materia de salud, sino también en su economía. 

La crisis social y política del 18O, junto al Covid-19, han terminado horadando el ya deteriorado sistema político. La pandemia adelantó el debate constitucional respecto del modelo de Estado que este Chile requiere para la construcción de un nuevo pacto social. Retoma la discusión sobre la política y la legitimidad democrática, y como un tema científico, acaba por tener impactos impensados en las políticas públicas y en el sistema de representación. 

De hecho, no solo la credibilidad está en juego, sino también el rol que juega el Estado y la política en la vida de la ciudadanía, tanto en legislación como en (des) protección. Al momento de culminar esta segunda crisis, pueden ocurrir dos cosas: el Gobierno puede salir airoso por un buen manejo, o podría ser la antesala de un estallido social 2.0. 

Artículo publicado en la edición n° 240 de la revista El Ciudadano.