La situación actual de los presos políticos de la revuelta y sus familias: «Estamos devastados»

Acusados por incendios, porte y lanzamiento de bombas molotov, procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado y por Ley de Control de Armas. Montajes, infiltrados intramarchas, cese de las visitas por crisis sanitaria y agitación dentro y fuera de las cárceles. Un sinnúmero de organizaciones sociales, lideradas principalmente por familiares y amigos de los presos de la revuelta, no van a descansar hasta verlos en la calle.

Por Camila Sierra Madrid
Reportaje publicado en la edición impresa N°245 en Noviembre del 2020 del periódico El Ciudadano

A Mauricio Cheuque (38) lo detuvieron el 14 de noviembre de 2019 en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago. Era el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. La tenencia de Carabineros que se encuentra en la población fue atacada y necesitaban un culpable. Mauricio, quien se encontraba en la esquina compartiendo una cerveza con sus amigos, fue víctima de un montaje. Lo tomaron y le pusieron una botella con bencina en su bolso. “¿Eres mapuche? Te vamos a dejar un regalito”, dijo un uniformado. No contentos con eso, fue atropellado antes de ser subido al carro policial, torturado y golpeado una vez dentro. Un año después, Mauricio Cheuque —quien es padre de cuatro hijas— aún se encuentra en prisión preventiva, acusado de porte de bomba molotov, procesado por Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley de Control de Armas. El Ministerio Público pide cinco años de prisión efectiva.

Francisco Hernández tiene 21 años. Estubo en prisión preventiva desde el 10 de diciembre de 2019, acusado de fabricación y lanzamiento de cinco bombas molotov. En primera instancia, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión. El 2 de septiembre de este año fue absuelto del delito de fabricación, pero condenado a cinco años y un día por los lanzamientos que se le imputaron. En la cárcel, Francisco se fracturó un pie jugando a la pelota. Recibió escasa asistencia médica, por lo que la extremidad tuvo que soldar sola. Se encuentran a la espera de su recuperación para trasladarlo a uno de los penales de Colina.

Jesús Zenteno Guiñez (22), Benjamín Espinoza (19) y Matías Rojas (19) fueron detenidos el 14 de noviembre del 2019 acusados bajo la Ley de Control de Armas e Incendio por el siniestro al Hotel Principado de Asturias. Para el primero, la Fiscalía pide 25 años de prisión. Para el segundo 29 y para el último 24. Los tres jóvenes fueron seguidos durante dos días por un infiltrado “intramarchas”, pero sin la orden de ningún juez, lo que evidencia una irregularidad, ya que con posterioridad al seguimiento se autorizó el rastreo. Entre los testigos presentados en su contra se encuentran 32 carabineros, un bombero y el dueño del hotel.

Según declaraciones de Lorenzo Morales —abogado defensor de Matías Rojas— a La voz de los que sobran, “el proceder de este equipo sería ilegal, pues la policía en un Estado de derecho y democrático no puede actuar por sí sola, sin la previa orden de un juez, debido al artículo 226 bis del Código Procesal Penal, en el que se establece el uso de agentes encubiertos solo si el Ministerio Público posee la autorización de un juez de garantía para proceder una investigación”.

Marcelo Mandujano fue detenido “por sospecha” en el extremo sur del país, lleva más de diez meses en prisión preventiva. El 13 de noviembre de 2020 fue declarado culpable como autor del incendio a AFP Hábitat de la ciudad de Punta Arenas. El 1 de diciembre será emitida la sentencia. “El Mandu”, como es conocido, tiene 25 años y se encontraba haciendo la tesis en Ingeniería Civil Mecánica, carrera que cursaba en la Universidad de Magallanes. El Fiscal a cargo de la investigación del Mandu es Felipe Aguirre Pallavicini, ha llegado a acusarlo de “líder de una célula anarquista”, acusación que, según un comunicado de su grupo de apoyo, “carece de veracidad”. Se han presentado alrededor de cuarenta testigos en su contra, la mayoría funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones.

Felipe Santana, de Puerto Montt, fue condenado a siete años de prisión efectiva. Su abogado defensor solicitó anulación del juicio la noche del 16 de noviembre. A Felipe se le imputa su supuesta participación en daños a Bienes Nacionales de Uso Público, hurto simple e incendio en un inmueble habitado ejecutado en el grado de frustrado. El desierto también tiene nortinos presos. Roberto Saavedra es de Arica, fue condenado a cinco años y un día de prisión efectiva, acusado de lanzamiento de artefacto incendiario.

El bullado caso de Daniel Morales y su sobrino Benjamín (menor de 17 años, 16 al momento de su detención) terminó siendo una piedra en el zapato para la que llaman justicia chilena. Se les acusaba de la quema de Metro Pedrero. La Fiscalía solicitaba 20 años de prisión para Morales y 10 para el menor de edad. Por falta de pruebas, terminaron siendo absueltos.

De los jóvenes catastrados por la Coordinadora 18 de octubre —organización horizontal que trabaja por la libertad de los presos políticos— a octubre del 2020, 8 personas han sido absueltas, 10 se encuentran en libertad vigilada, 4 con firma mensual, 2 a la espera de una apelación del Tribunal Constitucional y 2 condenados a una pena ya cumplida con la prisión preventiva.

Más allá de la amnistía

Un poco más de un año ha transcurrido desde el histórico 18 de octubre de 2019 en Chile, un proceso constituyente en curso conseguido a punta de manifestaciones, protestas, fuego, muertos y presos; y prácticamente nadie del ámbito político partidista se había referido al tema. Hasta ahora.

Noviembre de 2020 y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, declara que “hoy en Chile no hay personas privadas de libertad por sus ideas. Lo que hay son personas privadas de libertad, en primer lugar, por acciones violentas que cometieron”, dijo a propósito del proyecto de indulto impulsado por Convergencia Social.

Según el Ministerio Público, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 16 de octubre del 2020, se formalizó a 5.084 personas: 648 se encuentran en prisión preventiva, mientras que 725 ya fueron condenados principalmente —según el informe— por saqueos, ataques a estaciones de metro, incendios o porte de artefactos explosivos, desórdenes públicos y violencia institucional.

Carabineros también emitió un informe oficial durante el mes de octubre del 2020, en el que mencionaban que en el trayecto de la revuelta ha habido 29.660 detenidos a nivel nacional: 11.588 por desórdenes, 2.051 por maltrato de obra a carabineros, 1.502 por atentados y 62 por barricadas, 1.329 por saqueos, 197 por episodios asociados a Ley de Control de Armas, 242 aprehensiones por orden judicial y más de 5.000 menores de edad detenidos.

No fue hasta después del 25 de octubre, fecha del plebiscito en que el “Apruebo” ganó con más de un 78 %, que conglomerados políticos comenzaron a hablar públicamente de los presos políticos del estallido. El que se adelantó fue el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien el 10 de octubre señaló que se debería “buscar una salida política y excarcelar a los acusados, una propuesta que se considera de justicia y necesaria para avanzar en la resolución de un conflicto que —enfatiza— es político y no solo delictivo”.

Luego de eso y de haber puesto el tema sobre el tapete, “los diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez, de Convergencia Social (Frente Amplio), presentaron un proyecto de resolución que propone indultar a quienes han cometido actos vandálicos desde el 18 de octubre de 2019”, así aparece citado en el documento del proyecto de Ley de Amnistía. Señalaron que este “indulto para presos de la revuelta social es un mínimo democrático que debemos exigirle a un Gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos”. Hasta principios de noviembre, la propuesta fue rechaza de plano por el Gobierno.

En este caso, se trataría de un indulto general: “aparece claramente delimitado que sólo respecto de este indulto particular se produce el efecto de restringirse su aplicación únicamente a personas condenadas (“en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso”). El indulto general, es aquel que debe ser concedido mediante una ley, y tiene un tratamiento diferenciado al indulto particular, tal como lo dispone el artículo 63 Nº16 de la Constitución Política, que al igual que como ocurre con la amnistía, deberá originarse en el Senado y tramitarse con las etapas propias de la ley,  teniendo quorum calificado para su aprobación”, dice en una breve minuta escrita por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicho cuórum calificado “requiere de dos las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9º”, continúa el texto.

Otra solución propuesta entonces es la amnistía. Fue el senador Alejandro Navarro quien anunció la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía para los presos de la revuelta. Como señala el derecho internacional, se puede entender como “un acto legislativo, ejecutivo o constitucional oficial por el cual la investigación o el procesamiento penales de una persona, un grupo o clase de personas y/o ciertos delitos son anticipada o retroactivamente bloqueados, y cualquier eventual sanción anulada”.

En palabras de la abogada de la Defensoría Popular —y que lleva varios casos de presos políticos— María Rivera, “amnistía es un acuerdo político-jurídico cuando hay un choque grande de clases. Es una negociación”. En definitiva, lo que busca la amnistía es el perdón de las acciones criminales. En este caso, se tomarían en cuenta todos los delitos por los que están siendo procesados los presos políticos del estallido que cayeron desde el 18 de octubre de 2019 hasta octubre de 2020. 

Pero la discusión está “al dente”. Mientras la mayoría de las familias apuesta sus cartas a este proceso, también saben de qué se trata, o al menos algo manifiestan: “todos entendemos cuáles son los oportunismos”, declara Lili, fundadora de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Revuelta (OFAPP). “Está claro que los cabros salieron a las calles porque no creen en los partidos políticos ni en las instituciones, pero como familias es lo único que tenemos para sacar a nuestros cabros en este momento. No estamos pidiendo migajas, no estamos aceptando que ellos vayan a dictar una ley, que ellos vayan a concretarla, que ellos la vayan a escribir. Nosotros somos parte de ese proyecto. Ellos hacen su parte, nosotros hacemos la nuestra”.

La fundadora de la organización plantea que no están adhiriendo a este proyecto, sino que están participando de él, “por lo tanto tampoco vamos a aguantar la letra chica ni que nuestros hijos sean una moneda de cambio, eso iría en contra de nuestra dignidad. Ojalá se dé una amnistía, porque necesitamos que nuestros hijos salgan absueltos de toda culpabilidad. Nunca antes se pusieron la mano en el corazón y dijeron qué hacemos con nuestros presos, pero ya está”, remata Lili, quien participa activamente del sinnúmero de actividades de agitación por la liberación de los presos políticos.

La prisión política

Según el Oxford English Dictionary —publicado por la editorial Oxford University Press, considerado el más erudito y completo diccionario de la lengua inglesa, así como el principal punto de referencia para el estudio etimológico— “prisionero político es una persona encarcelada por sus creencias o acciones políticas”. 

El abogado Julio Cortés dice que el concepto de preso político “incluiría a todos quienes hayan ido más lejos que una mera expresión de opiniones, pasando a la acción, cometiendo delitos comunes y/o ejerciendo alguna forma de violencia”.

La Comisión Valech —y como aparece señalado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el año 2004— define ‘motivación política’ señalando que “existiría dicha motivación en la privación de libertad o la tortura “cuando tal motivación estaba presente en los agentes del Estado que las ordenaron o realizaron”; y que la motivación política “no siempre es evidente y que la actividad represiva siempre buscó respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden público, de la lucha contra el terrorismo, etc.”

Una parte importante de las personas encarceladas han sido formalizadas por Ley de Control de Armas —que no tiene pena sustitutiva, sino que se cumple con cárcel efectiva—, Ley de Seguridad Interior del Estado —que según el mismo informe, “contiene una clara motivación política”— y por el delito de incendio. Cortés señala a El Ciudadano que “el propio agente criminalizándote politiza tu acción invocando la Ley antiterrorista o Ley de Seguridad del Estado, o el preso mismo asume su acción como política con independencia de cómo el poder penal lo etiquete”.

El estado de los presos

La imposibilidad de ver y abrazar a sus seres queridos luego de que en marzo se negara el derecho a visita debido, según Gendarmería, a la crisis sanitaria por el COVID-19, han profundizado los niveles de angustia en ellos dentro de los penales.

Intentos de suicidio, depresiones y falta de ánimo entre los jóvenes y no tanto que se encuentran en prisión no son hechos aislados. Según familiares y amigos de presos políticos, muchos de ellos se encuentran cabizbajos.

Jocelyn Barrera, esposa de Mauricio Cheuque, dijo a El Ciudadano que su compañero y padre de sus cuatro hijas, está más delgado y con problemas para dormir: “toma tres pastillas en la noche para que pase más rápido”, declara. Diego Contreras Bustos tiene 20 años, es de la ciudad de Iquique y desde enero se encontraba en prisión preventiva en el Penal de Alto Hospicio. El Ministerio Público lo acusa de lanzamiento de motolov. Luego de conocer la sentencia —tres años de presidio efectivo— durante el mes de octubre del 2020, el joven, que ya se encontraba sumido en una profunda depresión, intentó quitarse la vida al interior del Centro Penitenciario de Alto Hospicio.

La familia de Diego declaró que el joven, a pesar de necesitar ayuda psicológica, no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de Gendarmería, y que por si esto fuera poco, le dijeron que cuando regresara al módulo tras recuperarse sería castigado por atentar contra su vida.  

“Los cabros adentro y la desesperación de no recibir ese abrazo que solamente su madre, sus hijos o su compañera pueden darles. ¿Quién se va a hacer cargo de la reparación de nuestros chiquillos y de las familias? Es un tema que nos corresponde exigir. No es justo que los cabros sean castigados de esta manera, es un ensañamiento muy cruel”, declara Lili, madre de un joven de 19 años que se encuentra hace varios meses con arresto domiciliario total.

Ximena Gómez, madre de Mauricio Soto, menor de 16 años que fue detenido en el Intermodal de La Cisterna acusado de porte de molotov y que estuvo preso por tres meses en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín del Servicio Nacional de Menores y que ahora se encuentra libre, mencionó en una entrevista a Interferencia que su hijo tuvo una severa crisis de angustia el día anterior al aniversario del 18 de octubre.

Según el relato de una mamá que participa en OFAPP, el hostigamiento de Carabineros al momento de sacar la firma a quienes están cumpliendo arresto domiciliario (ya sea total o parcial), es evidente. “Llegan a la hora que quieren tocando la bocina, haciendo sonar las sirenas a las dos o cuatro de la mañana, haciendo salir a los cabros hasta la esquina en pleno toque de queda”, señala.

Por tal situación, es que esta madre puso una constancia, habló con el abogado defensor de su hijo y solicitaron una audiencia para la revisión del protocolo en el hogar, en el que se rectificó que las firmas deben ser sacadas en el domicilio del imputado.

“No puedes dormir bien porque estás atenta a cuando pasen los pacos, que no vayan a decir que nadie abrió la puerta. No vivimos tranquilos. Una vez tocaron la bocina, pero se pasaron una cuadra más o menos. No podemos estar atrás de ellos, ni persiguiéndolos ni asustándonos. A varios cabros les ha pasado esto y cosas peores. Son aberraciones, es un aprovechamiento de poder a todo nivel”, declara la misma mamá.

“Estamos devastados”: la angustia de las familias

“Fue un cambio abrupto y agresivo a la vez, muy de la noche a la mañana. Ninguna familia víctima de esta represión ha podido llevar una vida normal como la llevaba antes, si es que se puede decir que era normal”, señala Lili, de OFAPP.

Madres, compañeras, hijas e hijos. Abuelas, tías, amigos cercanos. Los círculos más íntimos de las personas en prisión viven y sufren en carne y hueso la encarcelación de sus personas queridas. Hay quienes dicen que cuando una persona está presa, se encarcela de una u otra forma a toda la familia: deben hacerse cargo de las encomiendas (semanales cuando hay recursos) útiles de aseo y mantención de quienes están dentro, además de intentar, como se pueda, seguir la vida en la calle, con todos los gastos que eso implica.

“Además de todo este sufrimiento está la parte económica, muchos piensan en pagar un abogado privado y tienen que hacer rifas, lukatones. ¿Por qué las familias tenemos que estar expuestas a esto? Muchos de los encarcelados asumían una parte económica importante en la casa y esa parte ya no está, entonces esas familias se han derrumbado en todo aspecto”, declara Lili a El Ciudadano.  

Pero no es solo desmedro económico. El más importante es la repercusión anímica y psicológica que viven las familias. “¿Cómo les piden tantos años por solo haber querido que los escucharan? Tu empiezas a pensar las cosas como son. Mauricio está por un montaje y nunca participó en nada, el hidrocarburo salió negativo, pero sí hay cabros que lo hicieron, ¿y qué?  ¿Por eso te van a dar veintitantos años? Te puedes morir adentro, te puedes poner la corbata y matarte y nosotras afuera tenemos que vivir con eso”, menciona Jocelyn, compañera de Cheuque.

“Las familias están devastadas. Tantas mamás, tantas hijas que están siendo afectadas, y dicen ¿hasta cuándo? Los chiquillos ven sus sueños frustrados, darte cuenta de eso cuando ni siquiera se ha respetado la presunción de inocencia, sin tener pruebas potentes. No es justo que estén encerrados cuando lo que tienen es un compromiso social”, declara enfática Lili, luego de un mitting a las afueras de la Corte Suprema, acción que fue reprimida por Carabineros con carro lanzaaguas y bombas lacrimógenas.

Pero las familias intentan con fuerza mantenerse unidas. “Cuando tuve a mi hijo en la casa dije ‘lo tengo acá’, pero nunca dejé de salir a la calle porque no es un tema personal, es un tema colectivo”, señala Lili.  Lo mismo Jocelyn: “yo he dejado los pies en la calle por mi compañero. Si hubiera sido una de mis hijas hubiera quemado Chile entero. Por eso es importante que salgamos todas a la calle, porque la unión hace la fuerza”.

El aislamiento es tortura: “¡que vuelvan las visitas!”

Las familias de los presos están dispuestas a hacer lo que sea necesario para volver a verlos. Desde que estalló la crisis sanitaria por COVID-19 en marzo del 2020, Gendarmería cesó las visitas a todos los centros penitenciarios del país con el argumento de que podían ser éstas las que ingresaran el coronavirus a las cárceles.

Meses después, cuando ya están abiertos los grandes centros comerciales, bares y restaurantes despliegan sus mesas y sillas en los espacios públicos y el Gobierno otorgó permiso para reuniones de 25 personas, las cárceles siguen sin levantar la restricción, aludiendo ahora a que es también una forma de cuidar a sus funcionarios.

El miércoles 4 de noviembre, OFAPP hizo entrega de una carta a Gendarmería y al Ministerio de Salud con la demanda del retorno de las visitas. “Es una forma más de castigo a los cabros. Tienen todas las posibilidades, por ejemplo en Santiago Uno, que es una cárcel concesionada, de prevenir los contagios, ya que al ser concesionada deberían tener todos los recursos. Podrían tomar las medidas sanitarias”, añade Lili.  

“La ola ya pasó, y no gracias a la autoridad penitenciaria. Ahora vemos que el proceso de desconfinamiento ha incluido a toda la población adulta en las más variadas ocupaciones, la ciudadanía ha mantenido sus derechos de propiedad, de consumir lo que le venga en gana y la nueva normalidad lo asegura, pero nos preguntamos: ¿y el derecho aún más básico de hacer familia? Ese derecho que el Estado está conminado a proteger, ‘la familia’, ¿en qué lugar queda cuando es la familia de una persona privada de libertad?”, podía leerse en la carta entregada por OFAPP.

La Coordinadora 18 de octubre, junto a OFAPP y muchas otras organizaciones sociales, han iniciado hace ya varias semanas una campaña —que contempla barrotazos todos los lunes dentro y fuera de las cárceles del país— para el retorno de las visitas, con el argumento de que el aislamiento es tortura. Tanto el Marco de Protocolo de Estambul como las Reglas Mandela concuerdan en que “el encierro prolongado y su aplicación inadecuada e innecesaria constituirían actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

“No creemos en lo que la administración penitenciaria ha llamado ‘política de prevención’, ya que nunca se suspendió ningún tipo de allanamiento y registros, ni se mantuvieron lugares de atención para contagiados y contagiadas que no signifiquen un castigo o aislamiento ni confinamiento en regiones alejadas de sus redes de apoyo, no les fueron otorgados los elementos de protección e higiene, ni se entregó información confiable y oportuna a familiares y amigos”, podía leerse a finales de octubre en las redes sociales de la Coordinadora, exigiendo la restitución de las visitas y el derecho de los privados de libertad de hacer familia.