El magistrado Daniel Urrutia, con una carrera de 20 años en el poder judicial, no ha estado exento de polémicas y hostigamiento por su trabajo, lo que lo llevó a presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando que en los tribunales chilenos no se respeta la independencia judicial, y que el Estado violó sus garantías constitucionales.
También, declaró que ha sufrido hostigamiento por parte del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, por algunas de sus distintas opiniones en defensa ante los DD.HH. en nuestro país.
Todo comenzó en el año 2005 cuando Urrutia era juez de garantía de Coquimbo y tomó la decisión de realizar un postítulo que fue calificado con nota 7,0 por el abogado José Zalaquett.
Pero este no fue el problema, sino que el inconveniente surgió después, luego de que en esos años recién se emplazara la Reforma Procesal Penal en nuestro país; Daniel Urrutia en su tesis manifestó que la Corte Suprema debía pedir perdón por su rol durante la dictadura.
Este acontecimiento le ocasionó su primera sanción por “atacar” al máximo tribunal del país, debido a que este hecho escandalizó a las autoridades judiciales de la época.
Sin embargo, en el año 2013, en la conmemoración del Golpe, la Corte realizó una declaración en la cual reconocieron haber omitido su rol de defensa de derechos humanos en el régimen de Pinochet. La misma que unos años atrás fuera interpelada el juez Urrutia.
Además, ha sido blanco de críticas por enfatizar en el derecho a voto de personas que se encuentran en prisión preventiva y el derecho de adolescentes en internación o el derecho a protesta social, entre otros.
Exilio en México
Luego de varias sanciones, el magistrado Urrutia decidió irse a vivir a México para poder evitar su tercera amonestación en aquel tiempo, que lo expulsaría de manera definitiva del Poder Judicial.
Tres años bastaron para reafirmar su convicción de que “cada vez que en un lugar del mundo se viola un derecho fundamental, es porque un juez no intervino”, señaló a La Tercera.
Estallido social y amenazas
El juez Daniel Urrutia, se ha mantenido presente en el marco del estallido social ocurrido en octubre de 2019, o que también le ha traído serios problemas. Primero fue el caso del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), que recibió a muchos manifestantes heridos con perdigones por agentes del Estado.
El día 21, personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó el lugar, pero se encontraron con las rejas cerradas que impedían su ingreso, por instrucciones del director del recinto hospitalario, Luis Osvaldo Carrasco Ruiz, quien ordenó que nadie pasara a ver a las víctimas.
Pero, finalmente el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó el ingreso al INDH.
Otro de los sucesos fue cuando criticó al gobierno de turno y denunció que el Estado violaba los derechos humanos de las personas, negándoles la legitimidad a protestar de forma pacífica, aun cuando este precepto está garantizado en nuestra Constitución.
Un joven denunció que fue torturado por efectivos policiales en la comisaría que se encontraba en la estación Baquedano del Metro de Santiago, y que había otras personas colgadas. Por lo que el abogado se dirigió a revisar el área descrita por la víctima; pero señaló que las cámaras de seguridad revisadas no alcanzaban a grabar el lugar donde el denunciante describía la escena.
En tanto, en el espacio se encontraron siete cartuchos percutados y dos amarras de plástico. Ambas cortadas y tiradas en el piso, pero no se encontró sangre ni gente colgada señaló Urrutia.
Luego de eso, el juez declaró un presunto espionaje telefónico y presentó una querella ante el fiscal de Delitos de Alta Complejidad, Jaime Retamal, donde alertó que notó hechos anómalos en sus comunicaciones.
Igualmente, pidió que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago entregaran información si es que los celulares entregados por la fiscalía habían sido solicitados para ser intervenidos mediante la Ley de Inteligencia.
Debido a las distintas vulneraciones a los derechos humanos por parte de la policía uniformada y a la actitud del intendente Felipe Guevara en relación a evitar las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), Daniel Urrutia le hizo una citación, a la cual no asistió. Por lo tanto, Urrutia declaró ilegal la posición esgrimida por Guevara al prohibir el derecho a la protesta.
En este contexto, el magistrado Daniel Urrutia está siendo hostigado y amenazado por parte de ultra derechistas que han enviado mensajes en que amenazan de atentar en contra de su vida, por lo que una serie de organizaciones nacionales e internacionales activaron una campaña en la que exigen al Estado chileno garantizar la vida e integridad física de este juez.
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