A un mes de haber sido detenidos, los adolescentes de 16 años Kevin Uribe y Mauricio Soto enfrentaron este jueves una segunda audiencia. En ella, se evaluaría su situación de internación: se encuentran en internación provisoria en Tiempo Joven, centro de reclusión del SENAME para menores de edad.
A ambos jóvenes -detenidos durante el estallido social- se les acusa de haber portado dos botellas, alcohol y encendedores, con lo que supuestamente habrían fabricado una bomba molotov. Están esperando a ser procesados por la Ley de Control de Armas.
Una vez terminada la audiencia, María Rivera -abogada de la Defensoría Popular- declaró que el tribunal, teniendo conocimiento de los antecedentes que se presentaron, «entendió que pueden seguir este proceso con una medida cautelar distinta a la internación provisoria, resolviendo el juez del 11° Juzgado de Garantía que ellos podrían volver a la casa y estar con arresto domiciliario total».
Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público presentó durante la audiencia una apelación verbal, «lo que significa que los chicos seguirán en internación provisoria hasta que la Corte de Apelaciones de San Miguel revise la causa», según explicó Rivera.
Dicha apelación debiera llevarse a cabo entre el 3 y el 6 de enero. «Ojalá la Corte esta vez entienda, porque ya hubo una vez una apelación, y una de las tres ministros votó a favor de que no quedaran en internación provisoria. Ojalá podamos convencer a otra ministro más, ya serían dos votos contra uno y podríamos hacer que los chicos esperen el juicio en la casa», comentó la abogada de la Defensoría Popular.
En ese sentido, la jurista espera hacer buenos alegatos, «explicarle a la Corte de Apelaciones que la medida de internación provisoria no cumple los objetivos necesariamente teniendo a los chicos ahí, sino que se pueden cumplir los fines del procedimiento estando en la casa. Vamos a intentar eso con los informes que tenemos y ojalá que nos vaya bien», apuntó Rivera.
Entre los documentos que presentó la defensa se encontraban los informes de los centros donde los menores están en internación provisoria, que -según señaló la abogada- «dicen que no tienen nada que ver con el resto de la población que está ahí internada». También están considerados los antecedentes del colegio -por ejemplo, sus matrículas-, que pasaron a tercero medio, peritajes sociales y el argumento de que ambos tienen una familia presente que ha apoyado a los menores durante todo el proceso.
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