«No confiamos en el sistema»: Los angustiantes días de las familias de Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, dos de los menores presos en el estallido

Sofía Arévalo y Joaquín Cáceres, de 17 años, están imputados por «incendio con riesgo a la vida de las personas» por la quema de un par de bolsas de basura en la puerta de la Municipalidad de Buin. El 4 de noviembre del año pasado la Fiscalía decretó 100 días de internación provisoria en diferentes CIP (Centro de Internación Provisoria) del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Ninguno de los dos menores de edad tiene antecedentes penales previos, y según una de sus abogadas, Marlene Quintanilla, el Ministerio Público no tiene pruebas en su contra: la de hidrocarburos arrojó que no existían restos en sus manos ni en su ropa, tampoco encontraron nada en sus celulares. No obstante, en la última audiencia del pasado 13 de enero, el tribunal acusó a Joaquín de ser quien recolectó el material incendiario y a Sofía de haber sido quien dio la orden de prender el fuego.

Sofía Arévalo es la única mujer entre los 11 menores de edad que se encuentran en internación provisoria a nivel nacional. De ellos, 7 están en la Región Metropolitana, una en el CIP Santiago. 

Su madre, Elisa Tapia, dice que su hija al comienzo se encontraba con ánimo. «Pensábamos que iba a ser poco tiempo. Estábamos esperanzados, pero pasaron los días y todo demora. Presentamos los informes, pedimos todo lo que necesitábamos para demostrar quién es realmente, y luego, cuando pedimos revisión de medida el 18 de diciembre, la dieron para casi un mes después, el 13 de enero», declara la mujer.

Tapia agrega que su hija «ahora está decaída. Tenía harta fuerza, pero ya no. Ella no quiere saber cuándo será la apelación, porque se pone nerviosa, ansiosa. Tuvo que ir a tribunales, y los días antes que tuvimos visita ella nos pasó su ropa porque pensaba que ya se iba, y ahora no tiene casi nada. Estaba esperanzada, pero nosotros como familia pensamos que la decisión estaba tomada de antes, porque tenían todas las pruebas para que ella saliera.

En tanto, Joaquín, según su madrastra Karlita Jácobo, «está triste, estresado, lo único que quería era que fuera la apelación porque quiere salir luego, dice que ya no da más, que está angustiado, que quiere volver a su vida normal, quiere llegar a su casa a tomar una ducha de media hora, de aprovechar el tiempo y lo que tiene».

El temor de las familias

Las familias de Sofía y Joaquín han estado al pie del cañón. Dicen que la situación de encierro de sus hijos ha afectado a todo el entorno familiar y que el proceso ha sido irregular. No esperan nada del Estado. «Nos preocupa cómo va a ser el juicio, no tenemos ninguna garantía, no confiamos en el sistema. A pesar de que no hay ninguna prueba, no sabemos cómo va a ser», advierte Elisa Tapia.

En relación a lo anterior, la mujer declara que «cuando fui a buscar a mi hija a la comisaría el día que la tomaron detenida, el carabinero que me recibió me dijo que hace tres días que la andaban siguiendo. Ella se había incorporado hace poco a la dirigencia de su colegio, era coordinadora estudiantil. Está en colegio particular, entonces agitaba para que sus compañeros apoyaran y también trabajaba con gente de colegios municipales, todo en Buin».

La primera vez que Sofía fue a declarar, su madre menciona que la fiscal la interrumpía todo el tiempo, diciendo que mentía, «que ella no estaba en lo correcto, que no habían sido así las cosas, queriendo cambiar su relato». Un factor más que hace que, al menos la familia de Sofía, se sienta insegura frente al proceso judicial.  

Lo mismo dice Karlita Jácobo, madrastra de Joaquín. Como familia tampoco confían «porque la Corte de Apelaciones tampoco está escuchando, tampoco están viendo las pruebas», explica. Sin embargo, mantienen la esperanza de que este escenario pueda cambiar y confían plenamente en sus abogados, tanto de él como de Sofía.

Este martes les hicieron llegar un informe de la Defensoría de la Niñez llamado AMICUS CURIAE, en el que habla en términos generales sobre las medidas precautorias a las que se ha acogido Chile en cuanto a derechos del niño, Derechos Humanos y estándares internacionales, los que este país debería respetar. «Han sido todos pasados a llevar», comenta Elisa.

En el documento, que fue entregado a los abogados defensores de los menores y que será utilizado para presentar una apelación a la Corte de Apelaciones de San Miguel, se menciona que la internación provisoria debería ser la última medida a considerar. Sin embargo, Tapia señala que «en este caso se está tomando en cuenta solo el delito que se les imputa».

Una nueva audiencia

La mañana de este miércoles Sofía y Joaquín tienen audiencia de apelación de cambio de medida cautelar en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ella, la defensoría de los jóvenes solicitará arresto domiciliario o la libertad. Mas, Jácobo menciona que han estado preparando a Joaquín para el fracaso, «para que sepa que lo más probable es que a pesar de la apelación, el resultado no sea el que él espera». El informe AMICUS será presentado en la instancia y esperan que sea considerado.

«La Fiscalía es la que se está querellando en contra de estos niños, no está cumpliendo el rol que debe. Toma a estos jóvenes y lo único que quiere es demostrar que ellos son los culpables, se ensaña y no quiere dar su brazo a torcer», apunta Elisa, siendo enfática en que el rol que debería cumplir la justicia no lo está cumpliendo.

Mientras Joaquín espera con ansias esta audiencia, Sofía dice que es lo más traumático que le ha pasado. «Para la anterior temblaba entera», cuenta su mamá. «Ellos quieren demostrar culpabilidad a toda costa. No porque ellos lo creen, la persona es culpable. Considero que aquí está mal», finaliza Elisa.