Nuevo informe sobre lacrimógenas reveló desidia de Carabineros y Seremi de Salud

Los docentes Aníbal Vivaceta de la Fuente (Universidad de Valparaíso) junto a Esteban Hadjez Berríos (Universidad de Valparaíso/American University of Beirut) y Yuri Carvajal Bañados (Universidad de Chile), efectuaron una actualización del informe sobre el uso de bombas lacrimógenas por parte de Agentes del Estado, en las multitudinarias manifestaciones efectuadas en la Región de Valparaíso, bajo el marco del estallido social en Chile.

Este informe detalló la displicencia mostrada por parte de Carabineros, al no cumplir con los protocolos establecidos en el uso de estos gases, que pueden ocasionar daños severos para las personas.

El 8 de noviembre del año pasado, Carabineros ingresó al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar lanzando CS, el producto lacrimógeno con un “zorrillo”. Luego de ello, y ante la falta de un material técnico que apoyara las acciones legales en este y otros casos, un equipo del Internado de Atención Primaria de Salud, de la escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso realizó una revisión de la evidencia científica y el marco jurídico acerca del uso de estos disuasivos químicos. Este material sirvió de referencia a las misiones de observación de la ONU y HRW, además de los organismos oficiales y comunitarios de protección de Derechos Humanos. Con motivo de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tutor de ese “Informe sobre uso de lacrimógenas por agentes del Estado”, realizó una revisión de algunos métodos específicos que exceden los estándares internacionales sobre el uso de estos productos.

Uno de los abusos más habituales, y ampliamente conocido, es el uso de los cartuchos lacrimógenos como proyectiles de impacto directo, que Carabineros ha hecho cada vez que se ha visto impedido de disparar otros proyectiles, por recursos judiciales. Los casos de Fabiola Campillai, o Matías Orellana, son algunos de los ejemplos más dramáticos de ello. Pareciera ser que las granadas, dado que no se disparan, podrían ser menos peligrosas. El informe reporta, sin embargo, un caso en Valparaíso, en que Carabineros deja encerrado a un grupo de jóvenes en una pequeña vivienda, luego de lanzar una granada, altamente inflamable, además, hacia dentro.

La actualización revisa también aspectos menos evidentes; en especial, aquellos que afectan a la población de manera más amplia. Si bien se acepta internacionalmente el uso de lacrimógenas para detener conductas violentas de personas específicas, se constata que Carabineros utiliza la técnica de “bombardeo de gas en alfombra” (carpet gas bombing), que implica cubrir un área amplia con gas, para dejarla inutilizada temporalmente. Por supuesto, esto restringe severamente los desplazamientos de personas que no participan de las movilizaciones, y no solo en el espacio donde ocurre algún tipo de enfrentamiento. Las personas que viven en zonas donde hay permanentes enfrentamientos, se ven expuestas a altas dosis de este producto en su forma gaseosa, lo que hace que fácilmente se cuele por las ventanas. 

El CS es originalmente sólido; un polvo, muy parecido al talco, fino y difícil de remover, que se solo se gasifica al explotar en productos como granadas y cartuchos. Su forma sólida es aprovechada por Carabineros por una de las formas más ingratas para la población de la ciudad. Carabineros lanza importantes cantidades de polvo mezclado con agua, a través del «guanaco»; lo que se conoce como “agua mezcla”. Ésta es lanzada incluso en momentos en que no hay enfrentamientos, y al secarse el agua, el polvo queda depositado por días. Cada vez que las personas transitan, que lo levanta el viento, el polvo vuelve a producirle irritación a toda persona que esté alrededor. Esta estrategia se plantea como una forma de hacer que la población circundante reste apoyo a las movilizaciones, debido a las molestias que sufre, incluso si muchas veces apoya las demandas. 

El uso de agua mezcla también ha generado varios episodios de quemaduras químicas en distintas partes del país. Característicamente, las quemaduras empeoran habitualmente al pasar las horas, dadas las dificultades para remover el producto de la piel. Fue esto lo que motivó al INDH de Biobío a presentar un Recurso de Amparo, en favor de dos personas quemadas por Carabineros con esta forma de uso del CS. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso el 12 de diciembre, y la Corte Suprema lo ratificó el 24 del mismo mes. En su punto 8, el fallo devela la completa incapacidad de Carabineros para evaluar las condiciones de uso, sus riesgos, o para medir sus daños. Se le exige, por ello, contar con una autorización sanitaria de su protocolo. El 31 de diciembre, literalmente “entre Pascua y Año Nuevo”, la Seremi de Salud de Biobío emite una resolución que sólo cabe calificar de vergonzosa. 

Basándose sólo en dos informes, de 2010 y 2015, de un único proveedor, Combined Tactical Systems–CTS, cuando es conocido el uso masivo de productos Cóndor, e incluso haciendo mención a un modelo de cartucho ya descontinuado, la resolución llega a afirmar que los proyectiles utilizados no representan riesgo significativo a la salud; cuando el propio fabricante explicita en todas las hojas de su catálogo que estos productos son peligrosos para la salud e incluso letales. Por cierto, la resolución no menciona en ningún momento el “agua mezcla”, que motivó el Recurso de Amparo.  Estos son solo algunos de los errores e información falsa en que se basa la resolución, y que fueron ampliamente analizados por un grupo de profesores de las universidades de Valparaíso, de Chile y de la American University of Beirut en un informe enviado al INDH. La Actualización incluye ese informe como su anexo 2. 

Acá la actualización da cuenta de un dato relevante: los académicos estaban en coordinación con el INDH desde el día 7 de enero, para apoyar técnicamente la presentación de acciones legales. Sin embargo, el día 10 de enero, el director del INDH concurrió a Concepción, y en una conferencia de prensa anuncia que el INDH se da por satisfecho con la resolución de salud, afirmando que dicho respaldo técnico era lo que buscaba el Instituto.