Llaman al Gobierno chileno a romper con empresas que lucran con la ocupación en Palestina

Fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la encargada de dar a conocer este miércoles 12, una lista de 112 empresas que realizan algún tipo de negocio o actividad en territorios ocupados por Israel en Palestina.

“Soy consciente de que esta cuestión ha sido y seguirá siendo muy polémica”, dijo Michelle Bachelet. “Sin embargo, tras un extenso y meticuloso proceso de examen, estamos satisfechos de que este informe basado en hechos, refleje la seria consideración que se ha dado a este mandato, y que responda adecuadamente a la solicitud del Consejo de Derechos Humanos contenida en la resolución 31/36”, afirmó.

Es que el estudio publicado comenzó en 2016 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobó una resolución que solicita una base de datos de empresas que participan en actividades específicas relacionadas a estas colonias israelíes levantadas ilegalmente sobre territorio palestino.

Desde la Comunidad Palestina de Chile, señalaron: “valoramos la tan esperada lista de empresas que son cómplices de la colonización israelí en el Territorio Palestino Ocupado y que contribuyen a actos que son considerados crímenes de guerra según el Derecho Internacional. Esto es una victoria para el Derecho Internacional”

La lista incluye a 94 empresas israelíes y 18 extranjeras, entre ellas Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, MotorolaUS, GeneralMills, Opodo, Expedia, Remax Israel, además de varios bancos israelíes y la compañía nacional de agua Mekorot.

En el informe entregado por la Comisión, se aclara que la lista no tiene como objetivo judicializar a las empresas involucradas, sino que señalar que realizan actividades que la ONU considera detrimentales para la situación humanitaria de los palestinos en Cisjordania.

Riyad Al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina, hizo un llamado a los estados miembros y al Consejo de Derechos Humanos a publicar también instrucciones para que las empresas “finalicen inmediatamente sus operaciones en los asentamientos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró estar “indignado” con la decisión de la exmandataria chilena, aclarando que “Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a la creación o liberación de esta base de datos, que fue ordenada por el desacreditado Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016. Su publicación sólo confirma el implacable prejuicio anti-Israel tan prevaleciente en las Naciones Unidas”. Mientras que Israel rechazó la lista y acusó a la Alta Comisionada de intentar “ennegrecer el nombre de Israel”, anunciando además que suspenderá sus lazos con la oficina dirigida por la expresidenta.

Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, en tanto, pide al Gobierno de Chile pronunciarse a favor del Derecho Internacional: “vemos la publicación de esta base de datos como un paso significativo y concreto por parte de la ONU y esperamos asimismo que el Estado de Chile adopte medidas que apunten a la dirección correcta en cuanto a su responsabilidad en asegurar que dichas empresas que se benefician económicamente de la ocupación, no tengan relación alguna con el Estado de Chile y sus instituciones”.

En el mismo sentido, el diputado Sergio Gahona, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno–Palestino, señaló que “esperamos que nuestro Gobierno no solo contemple dicho listado, sino que tome medidas concretas al respecto, pues negociar, asociarse y colaborar o recibir colaboración de dichas empresas implica en sí mismo un acto de complicidad con la violación de los Derechos Humanos del Pueblo Palestino, con la negación del Derecho Internacional Humanitario y el alejamiento definitivo de nuestro país del Derecho Internacional y el multilateralismo”.

Cabe destacar que, en mayo del 2019, un grupo transversal de 62 parlamentarios chilenos envió una misiva a la Alta Comisionada de la ONU, luego de haber retrasado la publicación de esta lista, en la que le declararon que “la no publicación de la base de datos solo permite continuar privilegiando el negocio de la colonización, en violación al Derecho Internacional y dejando fuera, además, cualquier posibilidad de una paz justa y duradera entre Israel y Palestina”.