Desde distintas entidades públicas ha surgido un rotundo rechazo a la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de ordenar el regreso gradual de los funcionarios públicos a sus labores de forma presencial. A lo expresado por los trabajadores del Ministerio de las Culturas, también por aquellos que se desempeñan en la atención primaria de Salud o por la propia ANEF, por nombrar algunos casos, ahora se suman los profesionales de la Conaf.
La mañana de este lunes, a través de una declaración pública, la Directiva del Sindicato de Profesional de la Corporación Nacional Forestal (Sinaprof – Conaf) rechazó también «tajantemente» dicha medida, argumentando que «atenta contra la salud no solo de los trabajadores del sector público y sus familias, sino que de toda la población chilena».
Ante esto, la Sinaprof está realizando «un llamado a sus trabajadores a desobedecer esta instrucción (…) y no concurrir a los lugares de trabajo, pues atenta contra nuestras vidas y la de nuestras familias».
La organización sindical considera que esta indicación «es completamente inaceptable y criminal en momentos en que el país se acerca al invierno y al peak de número de contagios, de acuerdo a lo señalado a médicos y especialistas en epidemiología». «Al ordenar a las personas volver a sus trabajos físicos, las posibilidades de ser infectadas son aún mayores, dado que comparten espacios de trabajo cerrados, lo que se agrava aún más si se utiliza el transporte público para llegar hasta las dependencias», advierten.
Junto con ello, los profesionales de la Conaf sostienen que «el Gobierno parece estar más preocupado de la economía del país y los intereses empresariales antes que de las personas, tratando de dar señales de normalidad en el aparato público para así impulsar el retorno de las actividades comerciales y productivas».
A ello suman que se han tomado medidas como terminar con la cuarentena en algunas comunas y que el Ministerio de Educación evalúe un próximo regreso a clases, lo que a juicio de Sinaprof «constituyen decisiones del todo intolerables, al no considerar los riesgos para la salud de las personas».
«Desde el Gobierno se trata de hacer creer que la situación está controlada y que la pandemia ya es historia, cuando las cifras que ellos mismos entregan (las cuales están siendo cuestionadas por los expertos) indican un alza constante de contagiados y de cifras de fallecidos, más aún en las comunas donde no se han establecido cuarentenas», apunta la organización sindical.
En ese sentido, los dirigentes señalan que se está amenazando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, donde se asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”. En esa misma línea, se sostiene que en el Oficio N° 3610 del 17 de marzo de 2020 la Contraloría se indica que la Constitución y las leyes permiten a los jefes superiores de servicio «tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud del personal, mantener el funcionamiento del servicio público y el bienestar general de la población, siendo el brote del virus Covid-19 uno de estos casos especiales, donde el trabajo remoto es una de las opciones que pueden adoptarse».