Tras los graves incidentes ocurridos el pasado jueves en el Centro Penitenciario Santiago 1 -esto en el contexto de la pandemia de Covid-19 que también atemoriza a los internos-, la Comisión Chilena de Derechos Humanos declaró que tal situación “reafirma la necesidad de seguir exigiendo el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas encarceladas en el marco del estallido social, en el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social”.
“El alto número de encarcelados por manifestarse en las calles en contra del actual injusto modelo de sociedad, contrasta con la situación de los violadores de los Derechos Humanos, en el mismo período. Según las cifras del Ministerio Público, de las más de 4.500 causas iniciadas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado, solo en 38 de ellas hay formalizados”, advierte la Comisión.
El pasado domingo 15 de marzo el Ministerio de Justicia aplicó una serie de restricciones a las cárceles como, por ejemplo, el ingreso máximo de dos personas por visita y la reducción de estas a una vez por semana, con cada vez menos tiempo. A los tres días, el Presidente Sebastián Piñera declaró estado de catástrofe por tres meses, lo que implicaría que las restricciones en torno a la realidad carcelaria también aumenten.
Ante tal escenario, la Coordinadora 18 de Octubre -que agrupa a familiares y amigos de los presos políticos del estallido social- inició una campaña por el cambio de medidas cautelares para todos los privados de libertad en estos cinco meses de movilizaciones. El objetivo es que se pase de una prisión preventiva a un arresto domiciliario, bajo el argumento de que «el Estado no busca cuidar ni resguardar la integridad ni la salud de nadie».
Un dato no menor es que en las encomiendas de las últimas semanas, solo se ha permitido entrar siete mascarillas desechables por preso y nada de alcohol, hecho en el que también se justifica la petición de un cambio de medidas cautelares.
En tanto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos manifestó “la urgente necesidad de revisar las medidas cautelares del conjunto de las personas privadas de libertad, especialmente de los presos políticos, modificando su actual prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, teniendo presente, además, la naturaleza de los ilícitos imputados, la cuestionada legislación invocada en su contra y los dudosos medios de prueba aportados por sus aprehensores”.
Mientras tanto, una campaña iniciada por la Coordinadora 18 de Octubre el pasado martes ya cuenta con más de 30 organizaciones adherentes, entre las que aparecen diversas asambleas territoriales nacionales e internacionales -como la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile, Asamblea de Chilenos Movilizados en Ciudad de México y Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES-; comunidades de chilenos movilizados en el extranjero, como Comunidad Chilena en Sheffield en Reino Unido; la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), el Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad (MATS) de Chile y la Radio Comunitaria Villa Olímpica.
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