La Fiscalía aseguró este domingo que «no ha filtrado información ni opinado» en el caso de la investigación contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre su responsabilidad en las muertes por COVID-19 en el país.
«En la investigación penal sobre muertes en contexto de COVID-19, la Fiscalía de Chile no ha filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan», indicó en su cuenta de Twitter.
De esta manera la Fiscalía le respondió a la entrevista concedida por el ex jefe del Minsal al diario El Mercurio, en la que criticó al organismo y aseguró que no ha sido citado y que lo lógico es que lo hicieran lo antes posible.
En sus declaraciones Mañalich se desentendió de la responsabilidad de las muertes por COVID-19 que se registraron durante su gestión en la cartera de Salud y aseguró que la acusación constitucional en su contra no es una crítica a él sino que un ataque contra el Gobierno.
«No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme. Insisto, creo que es muy largo para hacer un balance de esa naturaleza. Uno tiene que ser muy coherente en señalar que este fue un esfuerzo de cientos de miles de personas, y efectivamente el sistema de salud chileno ha respondido bien a un desafío de esta magnitud. La pregunta ¿podría haberse hecho mejor alguna cosa? por supuesto», indicó al diario.
A través de un texto de 23 páginas enviado a la Corte Suprema de Justica,el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, quien lidera la investigación, detalló una serie de eventos y acciones que fueron constatadas a través de las indagaciones y que dejan en evidencia la improvisación y el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades gubernamentales.
Armendaris envió el informe luego de que el actual ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a entregar a la fiscalía y a la PDI de los correos electrónicos institucionales y archivos alojados en los servidores electrónicos respectivos», tanto de Mañalich, como de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro, además de la subsecretaria Paula Daza, argumentando que «podría afectar la seguridad nacional».
En el documento, al que accedió El Ciudadano, el fiscal planteó 8 premisas provisorias, «que fundan sospechas sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales con competencia en la materia respecto de su eventual responsabilidad penal”.
En el primer punto, Armendariz señaló que el ex ministro Mañalich y su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro, optaron por un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestiónde la pandemia.
El segundo, indicó que tanto Mañalich como Linazasoro habrían implementado un sistema de recolección de datos que «no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta».
En tercer lugar, reveló que las decisiones referidas a la implementación de medidas de cuarentena, que en Chile adoptaron la denominación de “cuarentenas dinámicas”, se realizaron con información incompleta, obviando variables relevantes como la tasa de reproducción o el real número de casos activos que existían en una determinada localidad.
Tampoco se tuvo a la vista, a la hora de adoptar tales determinaciones, datos complementarios relevantes como la configuración socio-económica de una determinada localidad y sus condiciones de vulnerabilidad, que se proporcionaron al Ministro, su jefa de Gabinete y la Subsecretaria Paula Daza.
En el cuarto punto señaló que dichas brechas informativas eran evitables, pues el ministro y sus asesores contaban con información real y fidedigna del comportamiento de la pandemia en Chile, disponible en el mismo Ministerio por medio del DIPLAS y los datos que constan en el sistema Epivigila
Asimismo, el ex titular del Minsal, Jaime Mañalich, no solo fue advertido por la comunidad científica de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia, Sra. Johana Acevedo, que los datos que manejaba no eran los correctos y que la curva epidemiológica que éste presentaba al país era una curva equivocada, pues, la real demostraba un alza mayor en el número de contagios, establece la quinta premisa.
En sexto lugar, el fiscal Armendáriz planteó que la forma de proceder del ex titular del Minsal no solo fue en contra de las recomendaciones de la OMS -que planteaba la necesidad de considerar los casos sospechosos de Coronavirus dentro de las estadísticas, al admitir que los test PCR presentaban ciertas barreras de acceso- sino que además las sugerencias del Comité Asesor convocado por el gobierno y las normas del “Plan Nacional de Preparación y Respuesta para una pandemia de Influenza” (especialmente en materia de manejo y transparencia de datos y de involucramiento de la comunidad científica), vigente desde el año 2009 en nuestro país, constituyendo este plan la lex artis en la materia.
En el séptimo punto el fiscal deja claro que el proceder del ex ministro Mañalich «pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a acciones destinadas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos chilenos».
En efecto, la adopción inoportuna de cuarentenas en ciertas zonas del país (paradigmáticamente la Región Metropolitana que pasó, en pocos días, de estar en una meseta que anticipaba una “nueva normalidad” a transformarse en el lugar donde se desarrollaría la denominada “batalla por Santiago”) pudo haber influido decisivamente en el aumento de la propagación de una enfermedad grave como lo es el COVID-19 entre los habitantes de la República y, consecuencialmente, haber resultado en un aumento de muertes que no se habría producido si se hubiera optado por decretar medidas de reducción de movilidad y asilamiento social, más tempranamente, de acuerdo con los datos reales (y no los públicos) que obraban en manos del ministro de Salud y sus asesores.
Por último, en la octava premisa, Armendáriz señaló que tales inferencias se ven reforzadas por constataciones objetivas que demuestran las diferencias de datos: (1) Los reportes del DEIS daban cuenta de un mayor número de muertes a causa del COVID-19 de aquellas reconocidas para efectos internos por el gobierno. Dichos reportes son elaborados (hasta el día de hoy) bajo parámetros OMS; (2) la Contraloría General de la República emitió un Informe que constató una diferencia de 31.000 casos de personas sospechosas de contagio, no contenidas en los Informes Epidemiológicos elaborados por el Minsal, Informes construidos a partir de la data pública recolectada por el Ministro a partir de su sistema alternativo de recolección de datos.
Mientras tanto, el diputado del PPD Ricardo Celis, afirmó a Cooperativa que ex ministro Jaime Mañalich «iba a tener la posibilidad, obviamente, en la tramitación de la acusación constitucional de dar su descargo».
«La historia va a golpear nuestra puerta, la de él, para preguntarle qué hizo como ejecutivo y las muestra que hicimos nosotros como fiscalizadores en materia de pandemia cuando tenemos más de 16 mil chilenos fallecidos», adelantó el diputado sobre el proceso constitucional que se realizará en contra del ex titular del Minsal.
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