Durante el año 2018 el Sindicato N°1 de Trabajadores de la Clínica San Antonio realizó una negociación colectiva que no llegó a buen puerto. En esa oportunidad, los funcionarios solicitaron un aumento de un 3% en sus sueldos. La empresa rechazó la petición y los trabajadores iniciaron una huelga.
La clínica, por su parte, aplicó lock out, que significa un bloqueo de la actividad del negocio por parte de la empresa dispuesto por la dirección o la gerencia, lo que se tradujo en el cierre del recinto, dejando a la ciudad de San Antonio sin un centro médico que contaba con servicio de maternidad, hospitalización y procedimientos.
Finalmente, no se llegó a acuerdo, la figura de la huelga se volvió algo retórico, a los trabajadores no sindicalizados se les dio vacaciones, los sindicalizados bajaron la huelga y aceptaron la última oferta por parte del empleador, no recibieron bono de término de conflicto y tampoco reajuste en sus sueldos, extendiéndose el contrato colectivo anterior.
Durante el 2019 debería haber comenzado una negociación colectiva para un reajuste de sueldos. Sin embargo, la empresa generó una serie de reclamaciones a la Dirección del Trabajo respecto a los servicios mínimos.
En marzo de 2020, el Sindicato N°1 entregó el proyecto de contrato colectivo, que considera, entre otras cosas, modificaciones de sueldo, ya que desde 2015 a los trabajadores de Clínica San Antonio solo se les ha reajustado el IPC, manteniéndoles las mismas remuneraciones.
No obstante, durante el proceso Clínica San Antonio -de forma unilateral, según denuncian los trabajadores- no pagó inicialmente la totalidad de los sueldos del mes de marzo, sino que solo el 50%, a pesar de que los funcionarios prestaron servicios normalmente.
Ante esta situación, los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados exigieron el pago completo de sus sueldos. Realizaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo (IT), instancia que dio plazo hasta el 15 de abril para cancelar lo que faltaba. Finalmente, la clínica pagó recién el 16 de abril la totalidad, siendo amonestada por la IT. Se trata de sueldos inferiores a 500 mil pesos.
En esa oportunidad, Clínica San Antonio señaló públicamente que tal situación fue de mutuo acuerdo entre trabajadores y empleadores. “Se dijo que los trabajadores estaban en conocimiento y que habrían accedido a ello, pero no fue cierto”, aclara Pablo Sepúlveda, sociólogo y asesor del Sindicato N°1. “Al día de hoy, la Inspección del Trabajo ha cursado una sanción porque no hubo acuerdo al respecto, fue una imposición unilateral del empleador. Los que han hecho de la salud un negocio hoy, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, solo se preocupan de la salud de su negocio”, añade.
Pero llegó el fin del mes de abril y la situación volvió a repetirse. Los trabajadores recibieron nuevamente el 50% de su sueldo, tendiendo que realizar nuevamente una denuncia a la Inspección del Trabajo. Hoy se encuentran a la espera de recibir una respuesta por parte de la institución y de la empresa.
“Para nosotros es una conducta abusiva que interfiere en el proceso de negociación colectiva, que lo que busca es intentar confundir a la opinión pública y lograr un menoscabo en los trabajadores en medio de la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia del coronavirus”, advierte enfático Sepúlveda. “Las conductas descritas dan cuenta de un actuar sistemático caracterizado por el autoritarismo, el abuso y las verdades a medias de parte de la empresa”, agrega.
UN SQM EN LA CLÍNICA
Clínica San Antonio pertenece a SanaSalud, fundada en el año 2013 por Francisco Guerrero Novoa, padre de Gonzalo Guerrero Yamamoto. Ambos pertenecen a Grupo Quirón, fondo privado de inversión, accionistas mayoritarios de la clínica.
Durante aquel año -2013- el mismo grupo económico crea Inmobiliaria San Antonio, representada por Fondo Privado Altamar y Grupo Quirón, nuevamente. Quien se encuentra a la cabeza de Grupo Quirón es Gonzalo Guerrero Yamamoto, que pertenece además al directorio de Soquimich (SQM) y que, según El Mercurio Financiero, estaría en el puesto 21 de los 100 directores de empresas IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones) que obtuvieron más ingresos el año 2019, recibiendo una remuneración anual de alrededor de 390 millones de pesos.
Clínica San Antonio señala haber tenido pérdidas importantes durante los años 2017 y 2018. En tanto, Inmobiliaria San Antonio (pertenecientes al mismo Grupo Quirón) declara ganancias importantes debido a la renta del inmueble donde se encuentra la clínica.
Al pertenecer al mismo grupo económico, Clínica San Antonio e Inmobiliaria San Antonio tienen prácticamente los mismos accionistas. Y uno de ellos, el aludido Gonzalo Guerrero Yamamoto, está también a cargo de las negociaciones con las comunidades diaguitas del norte de Chile en el marco del Proyecto Salar, el más ambicioso de SQM.
Hasta el cierre de esta nota, El Ciudadano intentó infructuosamente obtener una versión de Clínica San Antonio.