Las resoluciones del gobierno de Piñera durante Covid-19 que favorecían a industriales pesqueros y debieron ser derogadas

Por Patricio Melillanca

Acosado por la denuncia en las redes sociales, las movilizaciones de pescadores artesanales y por una citación para dar explicaciones en la Comisión de Pesca del Senado, el actual Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, debió dejar sin aplicación sus abusivas resoluciones exentas que le entregaban a grandes empresas y transnacionales pesqueras una extensa lista de especies marinas de alta calidad biológica para ser transformadas en materia prima para la producción industrial de salmones, aves, cerdos, ganadería y la alimentación de animales de compañía.

En marzo de 2020, aprovechando el estado de excepción constitucional y de catástrofe derivado de la actual pandemia de coronavirus, el subsecretario Zelaya -mediante la publicación de dos resoluciones exentas (N° 690 y N° 910)- permitía que barcos-factorías y plantas procesadoras en tierra utilicen miles de toneladas de merluza común (la popular “pescada”), merluza austral, congrio dorado, lenguado, sierra, reineta, corvina, jibia, langostinos, cabrilla, brótula y atún para fabricar harina y aceite de pescado.

Es paradojal que mientras el Gobierno distribuye una caja de alimentos calóricos (arroz, tallarines, azúcar, aceite) a las familias afectada por el hambre, el Subsecretario de Pesca entregue miles de toneladas de pescado de alto contenido proteico de aminoácidos esenciales, minerales y omega 3, a los grandes empresarios que controlan la pesca, la acuicultura industrial y la crianza intensiva de animales destinada mayoritariamente a la exportación.

EFECTIVO CONTROL Y PRESIÓN CIUDADANA

Luego de la denuncia del Centro Ecocéanos, siguieron manifestaciones de los pescadores artesanales en Lebu y de otras zonas costeras. También fue importante la presentación de un recurso de protección del Sindicato de Pescadores de Cavancha, en Iquique, contra la Subsecretaría de Pesca por la implementación de los denominados “planes de reducción del descarte pesquero”.

Intentando apagar el incendio que comenzaba, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de manera presurosa anunció la tarde del lunes que dejaría sin efecto su decisión. En Twitter señaló lo siguente: “Hemos decidido dejar sin aplicación las resoluciones 690 y 910 (marzo 2020) que permitían destinar ciertos recursos pesqueros a la fabricación de harina y aceite”.

RESPONSABILIZANDO A COMITÉS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Intentando desviar la atención sobre el creciente rechazo social que generaban sus resoluciones, la Subpesca intentó responsabilizar al Comité Científico-Técnico (CCT) del grave error político-comunicacional, señalando que “evaluarán de mejor forma los antecedentes y criterios que las originaron”. Junto con ello aseguraron que “con nuevos datos y los informes técnicos del caso, volveremos a evaluar esta materia, relevante para  el funcionamiento del sector pesquero”.

El culpar a los Comités Científicos constituye un absurdo, señala el Centro Ecocéanos, considerando que “la mayoría de sus integrantes representan los intereses de las grandes empresas pesqueras favorecidas”.

Ecocéanos afirmó que “si las grandes patronales de la pesca industrial financiaron ilegalmente a los partidos políticos y parlamentarios en un pasado reciente, ahora lo hacen legalmente con los institutos de investigación pesquera y las universidades nacionales y regionales, para asegurarse que investigadores que financian a través de proyectos de investigación, sean funcionales a sus intereses dentro del sistema de administración pesquero y acuícola nacional”.

¿QUIÉNES ERAN LOS DIRECTAMENTE BENEFICIADOS POR EL SUBSECRETARIO ZELAYA?

Dos grandes empresas eran las principales beneficiadas con las frustradas resoluciones de la Subpesca. Estas compañías están vinculadas a operaciones de pesca de arrastre mediante barcos-factorías: Deris S.A., holding pesquero de José Luis Del Río, poderosos empresario financista del PDC, quien tiene como socio a Grandi HF, la principal empresa pesquera de Islandia; y Pesquera Emdepes, propiedad de la transnacional japonesa Nippon Suissan Kaisha (Nisui).

Hace décadas estas compañías controlan las pesquerías demersales en las regiones australes chilenas de Aysén y Magallanes. A través de la patronal Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), han sido tradicionales financistas de políticos, parlamentarios, dirigentes pesqueros y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que han controlado históricamente la institucionalidad y administración pesquera chilena.

Por ello, se estima que ambas resoluciones exentas pudieron ser parte de las retribuciones de algunos partidos políticos por los apoyos financieros obtenidos, así como la entrega de un “tranquilizante” de parte del subsecretario Zelaya para disminuir la presión de las grandes compañías pesqueras que se encuentran muy complicadas con el proyecto de ley que entró al parlamento con el fin de eliminar el arrastre en las pesquerías de merluza común, merluza austral, merluza de cola y merluza de tres aletas.

Estas empresas sufrieron una histórica derrota al prohibirse el empleo del destructivo arte de pesca de arrastre en la pesqueria de jibia.

GATOPARDISMO DE LA ADMINISTRACIÓN PESQUERA CHILENA

A pesar de que transitoriamente el subsecretario Zelaya dejó sin efecto sus resoluciones, la pregunta es qué pasará cuando pase la tormenta. ¿Las operaciones de los barcos-factorías y sus plantas procesadoras a bordo seguirán fuera de todo control del Estado y de la sociedad chilena, al no existir fiscalizadores a bordo, ni realizarse análisis de la materia prima utilizada en sus producciones de harina y aceite de pescado?

Ahora por lo menos, con esas resoluciones del subsecretario y con el actual sistema de administración pesquero es “imposible que el Sernapesca conozca qué especies pesqueras y en qué volumen fueron reducidas a materia prima industrial”, dice el Centro Ecocéanos.

La Subsecretaría de Pesca se preocupará de que este grave tema de conservación marina y equidad social siga sin resoluciones ad hoc para protección de los intereses corporativos. Al disminuir de manera acomodaticia los porcentajes permitidos de captura de fauna acompañante, estas podrán ser pescadas legalmente a la «medida» de las diversas pesquerías, lo cual antes era inviable para los no selectivos barcos-factorías arrastreros.

Hoy la autoridad pesquera les ha entregado a los industriales el acceso a estas valiosas pesquerías sin restricciones reales a los grandes empresarios: solo tienen que cumplir administrativamente con la cuota, y al diablo la estabilidad de los recursos pesqueros y sus ecosistemas sur-australes.

CENTRO ECOCÉANOS: EL SUBSECRETARIO DE PESCA DEBE RENUNCIAR

El Centro Ecocéanos señaló que el accionar del Subsecretario de Pesca en tiempos de pandemia y crisis económica y social “refleja un serio retroceso en la administración pesquera nacional, nula empatía con las miles de familias que están sufriendo hambre y pobreza, y que su gestión va en sentido opuesto al derecho del pueblo chileno a una alimentación sana, nutritiva, de alta calidad biológica y económicamente accesible; incrementa la inequidad social; no asegura la conservación y manejo sostenible del patrimonio pesquero chileno, ni la seguridad alimentaria que impulsa la FAO/ ONU”.

Por lo anterior, Ecocéanos sostiene que el subsecretario Zelaya debe renunciar al no ser un interlocutor estatal válido, ya que representa los intereses de un grupo de grandes empresas familiares y transnacionales, e impulsa una excluyente y sobreexplotadora política extractivista-exportadora.

La organización ciudadana señaló que se debe terminar con el accionar del actual “sicariato pesquero”, mediante el control público de las políticas del Estado y la persecución de las responsabilidades políticas, administrativas y legales derivadas de los actos de colusión burocrática-política-empresarial, los que en siete años de viciada privatización de las pesquerías chilenas tienen al 66% de estas colapsadas y sobreexplotadas. Todo esto mientras Chile es el séptimo país en volumen de desembarques de productos marinos, su población presenta uno de los más bajos consumos de pescado a nivel global (7 kgs. promedio por habitante al año), cifra que está muy por debajo del consumo promedio mundial (20 kgs. de pescado por habitante al año), según la FAO.

Hoy, el movimiento social tiene el desafío de retomar las movilizaciones para anular la corrupta Ley Angelini-Longueira, e iniciar una amplia discusión pública para avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad vinculada a una ley de pesca y acuicultura de carácter democrática, informada y participativa. Esta debe tener como ejes la sustentabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad acuática, el fortalecimiento territorial de las comunidades costeras, la seguridad alimentaria, el desarrollo científico-técnico y la creación a nivel costero de empleos decentes y de calidad.