Un total de 10 organizaciones de estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación escolar difundieron una carta enviada al ministro de Educación, Raúl Figueroa, como respuesta a las medidas adoptadas por su cartera frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación (CONAECH), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación Particular Subvencionada (CONATEPAS), el Consejo Nacional de Trabajadores de Educación de la CUT (CNTE), la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CONES), la Coordinadora Metropolitana de Asistentes de la Educación, la Coordinadora Nacional de Funcionarios DAEM, DEM y Corporaciones (COORNAFUDAEM), el Movimiento Gremial y Pedagógico Manuel Guerrero Ceballos, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) rechazan en la misiva «unánime y categóricamente la decisión arbitraria y unilateral de adelantar las vacaciones de invierno en medio de esta catástrofe sanitaria».
Las organizaciones sociales sostienen que dicha medida «interrumpirá el proceso pedagógico que se estaba recién instalando y eso generará más desconcierto aún en las y los estudiantes, sus familias y en toda la comunidad educativa». Además, añaden que «carece de sentido establecer vacaciones en emergencia sanitaria, pues será confinar a niñas, niños y jóvenes a estar en sus casas con prohibición preventiva de desplazamiento por los mismos riesgos que hoy se mantiene la suspensión de clases en los establecimientos educacionales: aislamiento social para no contagiarse ni contagiar».
Por otra parte, plantean que se debe considerar la opinión de expertos y del propio Presidente Sebastián Piñera, quienes han señalado que «durante los meses de abril y junio estaremos en el período peak de contagios, muertes y saturación de los servicios de salud». En esa línea, las agrupaciones advierten que «bajo esta proyección del comportamiento de afectación a las personas, resulta ‘criminal’ exponer a nuestros niños, niñas, jóvenes y a sus familias a tal peligro».
Por otra parte, las organizaciones critican la continuidad de la modalidad de educación en línea «sin evaluar ni catastrar la situación real, enviando exageradamente muchas guías sin una orientación clara de cómo operará el sistema, dependiendo de la buena voluntad de docentes, equipos directivos y apoyo docente, sumado al de las familias», lo que -según agregan- «no asegura ningún tipo de aprendizajes».
En este contexto es que se solicita que mientras dure la emergencia sanitaria «se mantenga la medida de suspensión de clases en los establecimientos educacionales de todo Chile»; que «se deje sin efecto la recalendarización de las vacaciones de invierno planteadas a partir del lunes 13 de abril»; que se implemente «como medida universal y transversal módulos y programas educativos para los distintos niveles a través de la televisión abierta»; que se evalúe la fecha de cierre del primer semestre y de lo que respecta al año escolar paulatinamente; que no se obligue a los trabajadores de la educación a mantener turnos éticos pues «no se consideran de ‘labores esenciales’; que el Ministerio de Educación debe «asegurar la alimentación de las y los estudiantes beneficiarios de JUNAEB (…) de manera integral, cambiando la modalidad de entrega directamente a la familia y con raciones dignas y que cubran efectivamente las raciones que se deban suplir»; que se congele la evaluación docente de este año y también los despidos; que se suspenda el Simce 2020 en todos los niveles y que se establezca «un mecanismo de financiamiento especial extraordinario para que pueda suplir la vigente y por cierto nefasta subvención por asistencia» y «un plan de revitalización de la educación con un nuevo sistema de financiamiento basal, que permita entre otras, ejecutar medidas de higiene adecuadas para el inicio de las clases».
Señaladas estas demandas, la decena de organizaciones sociales vinculadas a la educación advierten al ministro Figueroa que «de mantenerse sus públicas afirmaciones, no es posible descartar que este próximo 27 de abril NO VOLVAMOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES o hacer el llamado a las madres, padres y apoderados a que dejen a sus hijos e hijas en casa, hacer huelga indefinida de trabajadores de la educación o recurrir a acciones legales como comunidades educativas para defendernos si fuese necesario». «Mientras exista emergencia sanitaria y perduren condiciones inseguras, NO VOLVEREMOS A CLASES», enfatizan en la carta.
«La primera cuestión es resguardar la vida, por lo que todas las medidas que tomemos como actores sociales y miembros de las comunidades educativas tendrán ese esencial sentido, y con la misma certeza exigiremos de usted y de su cartera las garantías necesarias para proteger el derecho a la educación, al trabajo y a la integridad física y psíquica de las y los estudiantes, sus familias y las y los trabajadores de la educación», concluyen señalando al ministro de Educación las agrupaciones firmantes.
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