La situación penitenciaria en el contexto actual de la pandemia de Coronavirus es, por decirlo menos, preocupante. En Chile existen 83 recintos penales, los cuales contarían, según información entregada por Gendarmería, con 32 plazas para aislamiento por contagio de Covid-19, lo cual cubriría sólo el 6% de la población privada de libertad actual.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado una creciente inquietud por el tema. Una de ellas es la Red de Cabildos Penitenciarios, agrupación en la que participan personas de diferentes ámbitos -como profesores, académicos y abogados- el Observatorio Social Penitenciario (OSP) y 81 Razones por Luchar, entre otras.
Ad portas de un proceso constituyente, esta red se armó con el objetivo de hacer participar en él a las personas privadas de libertad (PPL). Daniella Misle, quien integra la organización, menciona que la idea «es hacer un proceso de cabildos dentro de las cárceles. Se alcanzaron a hacer algunos pero la intención era que se hiciera a nivel nacional y que estuviera autorizado por Gendarmería, que no fueran experiencias sueltas autogestionadas, sino que fuera en todo el país, poder sistematizarlo y que fuera un aporte al desarrollo constitucional».
EL COMPLEJO ESCENARIO CARCELARIO ANTE EL COVID-19
Sin embargo, hoy la red ha volcado todos sus esfuerzos en ponerle freno a la crisis sanitaria dentro de las cárceles. Elaboraron un documento dirigido al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el cual manifiestan que el abordaje de esta pandemia debe ser «particularmente oportuno, riguroso y eficiente» en los centros penitenciarios, principalmente por tres motivos.
El primero de ellos es el alto nivel de hacinamiento y sobrepoblación existente en las cárceles nacionales, junto al limitado acceso de las personas privadas de libertad a derechos de alimentación, higiene y salud, lo que configuraría un escenario ideal para la propagación de una enfermedad altamente contagiosa como el Covid-19.
El segundo son las repercusiones de un contagio rápido y masivo al interior del sistema penitenciario que tendría consecuencias catastróficas sobre el colapso del sistema de salud pública nacional, ante la repentina demanda de atención proveniente de una población penal que hoy supera las 42 mil personas encarceladas y que, probablemente, no esté contemplada dentro del universo posible de contagio.
Y en tercer lugar se destaca el encierro y la falta de información, lo que genera un ambiente de creciente tensión que ya ha dado pie a hechos de violencia en contextos de motines y manifestaciones de reclamo, tanto dentro como fuera de distintos recintos penitenciarios del país.
Según relatos de los mismos internos, necesidades básicas como el acceso a agua pueden no ser satisfechas en los centros penitenciarios. Al respecto, en la propuesta de la organización pro-presos mencionan que «el lavado de manos es una de las medidas preventivas básicas para evitar el contagio de Covid-19, por lo que se debe asegurar el acceso al agua y jabón para toda la población penal y funcionarios penitenciarios, es decir, garantizar su provisión en todas las dependencias y a toda hora del día».
Por otra parte, indican que «además, se debe contar con termómetros a distancia para controles rutinarios. Se debe garantizar el uso de mascarillas a quienes se encuentran detenidos y/o en traslado para acatar las prevenciones de tapado de boca a la hora de estornudar o toser en caso del uso de esposas».
RESPUESTAS QUE NO SATISFACEN
César Pizarro, de la organización 81 Razones por Luchar, señala a El Ciudadano que la respuesta recibida por parte del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, luego de haber hecho llegar el documento al Ministerio de Justicia, fue escueta, nada profunda y que manifestaba básicamente un desconocimiento profundo en el tema.
La red solicita a la entidad pertinente una mesa intersectorial en la cual se aborde de manera urgente la situación penitenciaria frente a la pandemia. Al cierre de este artículo, el ministro de Justicia respondió la minuta, declarando que “coinciden plenamente en la urgencia del abordaje de esta situación” y que a propósito de la mesa que se propone crear, “con la gran mayoría de los integrantes propuestos, tenemos instancias de coordinación permanente”.
Respecto de esto último, la autoridad menciona que en torno a la Comisión de Justicia Penal “estamos logrando ya tener una legislación que asegurara el funcionamiento del Sistema de Justicia bajo Estado de Catástrofe (Ley 21.226), lo que permite asegurar el acceso a la Justicia principalmente para las personas privadas de Libertad”.
«CONTROL POR SOBRE PREVENCIÓN», EL ESENCIAL DILEMA CON GENDARMERÍA
Respecto al rol y al actuar de Gendarmería, lo que la Red de Cabildos Penitenciarios exige es principalmente «reforzar la responsabilidad directa» de esta institución «en la salud de las personas privadas de libertad y en la garantía del cumplimiento de sus derechos».
Gendarmería elaboró el Plan integral de contingencia Covid-19, el cual fue presentado a la Red el pasado jueves 26 de marzo a través de una reunión en línea convocada por el Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez, y presidida (en su reemplazo) por Eduardo Muñoz Bravo, quien expuso el documento desarrollado por la institución.
La organización anticarcelaria ha sido crítica del actuar de Gendarmería y las demás instituciones relacionadas respecto a la enfermedad epidémica y su tratamiento dentro de las cárceles. Si bien celebran que exista dicho plan de contingencia, apuntan que «el mismo enfatiza el rol de control por sobre la prevención del contagio del virus Covid-19, sin contemplar acciones oportunas en ese sentido».
Con esto último aluden a que Gendarmería comenzó con tardanza el protocolo de acción. El plan pretendía implementar de forma gradual y consecutiva varias etapas: «Nivel I: Confirmación de funcionario contagiado; Nivel II: Detección del primer interno contagiado; Nivel III: Constatación de que ‘el sistema de salud ya no se encuentre en condiciones de responder a una atención masiva de internos'».
Frente a esto es que desde la Red se preguntaron: «¿Por qué era necesario esperar al contagio de un interno para comenzar a desplegar medidas que bien pudieron haber sido implementadas desde el primer minuto como acciones básicas de prevención?». En la misma línea, en la organización plantean que «el plan no especifica de manera clara ni en detalle cuáles serán las medidas adoptadas en caso de que el sistema nacional de salud no de abasto y no se pueda atender a la población penal. Tampoco está claro cuál es el criterio para establecer la activación de esta etapa».
UN «INDULTO» INSUFICIENTE
Durante las últimas semanas mucho se ha hablado del llamado Indulto General Conmutativo, proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso y que permitiría sustituir, bajo ciertos requisitos, el saldo de las penas privativas de libertad por la de reclusión domiciliaria total, con el fin de evitar una propagación masiva de Coronavirus en las cárceles. La Red de Cabildos Penitenciarios precisa que lo valoran, pero que les parece insuficiente, debido a que beneficiaría a un número acotado de personas.
Frente a ello, la organización propone medidas preventivas, reactivas, legislativas y mecanismos de entrega de información y rendición de cuentas. Entre ellas se encuentra la identificación de la población penal con mayores factores de riesgo y el ingreso periódico a recintos penales para realización de test masivos de Covid-19. También apuntan que es fundamental la provisión de insumos básicos de higiene y prevención para la población penal y funcionarios penitenciarios.
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